Alvaro Madrigal

Alvaro Madrigal

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Jueves 30 Octubre, 2014

En manos de “pegabanderas”, la fagocitosis de los sindicatos halló terreno propicio para crearse un mundo de prebendas y fueros de oneroso costo


De cal y de arena

Ineptos unos, chupópteros otros

Esa película hace rato que la vimos y la vivimos. Su guión se repite, sigue el mismo leitmotiv puntualmente respetado por la administración de ciertas empresas públicas desde que su gestión se abrió a la interferencia de los sindicatos que habilidosamente supieron interpretar y aprovechar los espacios que abrían la mediocridad, la ignorancia y la pusilanimidad de la mayoría de los nombrados a dedo para figurar en las juntas directivas y gerencias de esas empresas. Lo de JAPDEVA es película vieja, cuyas primeras imágenes probablemente estén en aquel incidente en que el poder político se arrodilló ante las presiones externas y contra el criterio de aquel paradigmático ciudadano que fue don Enrique Guier Sáenz, brillante abogado que repudió esa sumisión y renunció al Ministerio de Trabajo en 1969.
Hoy el gobierno central sale por los fueros de la ley y la razón. ¡Qué bien! Pero ¿está JAPDEVA en calificadas manos, dispuestas a terminar con las canonjías? Dudo de sus destrezas y apoyos políticos.
Hace rato que la Junta —creada en 1963 para sacar de la postración a la Vertiente Atlántica y hacer de sus riquezas fuente del desarrollo social y económico, la que se nutrió de la visionaria concepción que exponían limonenses de la talla de Hernán Garrón Salazar y Rogelio Pardo Jochs— se extravió.
Y en manos de “pegabanderas”, la fagocitosis de los sindicatos halló terreno propicio para crearse un mundo de prebendas y fueros de oneroso costo.
Así, la flojera y la inepcia de aquéllos alejó a la institución de sus objetivos y la angurria de éstos provocó el hartazgo que tanto se repudia.
La torpe gestión como autoridad portuaria y la escuálida inversión en infraestructura y renovación en equipos explican el desfase de sus tarifas y la ineficiencia de unos servicios que han lastrado costos y oportunidades de las exportaciones e importaciones, al punto de que el Banco Central pidió evaluar resultados cuando avaló un endeudamiento de $18 millones para inversiones que JAPDEVA debió hacer hace rato.
De todo este despelote se desprenden las consecuencias de una privatización del manejo de carga en contenedores en términos que el país debió evitar, no para amparar el morboso statu quo sino para dar paso a un ordenado y lúcido proceso licitatorio compatible con el compromiso de sostenibilidad ambiental que tanto reiteran nuestros gobiernos.
Aunque no estamos en 1884 ni nos reprimen las ataduras presentes en la firma del Contrato Soto-Keith, marchamos por cauces no muy distintos. Caímos en un tortuoso camino desde el diseño de la licitación (la terminal portuaria se estima en $US 1.000 millones) hasta su adjudicación en términos desafiantes para la normativa constitucional.
Con un detalle propio de la incuria administrativa que nos caracteriza: la omisión imperdonable de priorizar la verificación de la viabilidad ambiental antes de otorgar los avales jurídicos, financieros y técnicos. ¿Qué tal si después de concederse éstos, no procede tal viabilidad? De nuevo, a empezar de cero.

Álvaro Madrigal