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El fortalecimiento de los gobiernos locales continúa siendo uno de los principales desafíos para la modernización del Estado costarricense. Aunque la Constitución Política reconoce a las municipalidades como gobiernos autónomos con competencias políticas, administrativas y financieras, la realidad demuestra que el país mantiene un modelo altamente centralizado que limita la capacidad de respuesta de los cantones frente a las necesidades de sus habitantes.
Costa Rica cuenta con una compleja arquitectura institucional integrada por aproximadamente 330 instituciones y órganos públicos encargados de prestar servicios y ejercer las competencias estatales. Esta estructura comprende los tres Poderes de la República —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, además del Tribunal Supremo de Elecciones como órgano electoral independiente, así como instituciones autónomas, semiautónomas, empresas públicas estatales, entes públicos no estatales y los gobiernos locales.
Dentro de este esquema, el régimen municipal representa el principal mecanismo de descentralización territorial del Estado.
Un principio constitucional
La organización territorial del país encuentra su fundamento en el artículo 168 de la Constitución Política, que divide el territorio nacional en siete provincias, 84 cantones y 492 distritos.
Por su parte, los artículos 169 y 170 de la Constitución consolidan la autonomía municipal al establecer que la administración de los intereses y servicios locales corresponde a las municipalidades, las cuales gozan de autonomía política, administrativa y financiera.
Este principio fue posteriormente desarrollado por el Código Municipal, cuyo artículo 2 define a la municipalidad como el gobierno local responsable de la administración del cantón.
La evolución histórica de este modelo no es reciente. Ya la Constitución de 1844 reconocía formalmente el gobierno municipal, mientras que las constituciones posteriores fortalecieron progresivamente su papel hasta llegar a la consolidación alcanzada con la Constitución Política de 1949.
El principio de legalidad
Uno de los pilares del funcionamiento del sector público costarricense es el principio de legalidad.
De acuerdo con el artículo 11 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, las autoridades públicas únicamente pueden actuar cuando una norma jurídica les otorga expresamente esa competencia y siempre dentro de los límites establecidos por la ley.
Esto significa que los funcionarios públicos no pueden realizar cualquier actuación según su criterio personal, sino únicamente aquellas autorizadas expresamente por el ordenamiento jurídico.
Dos formas de descentralización
El Estado costarricense desarrolla principalmente dos modalidades de descentralización.
La primera corresponde a la descentralización institucional, mediante la cual entidades como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y otras instituciones autónomas administran servicios especializados con independencia funcional.
La segunda es la descentralización territorial, ejercida mediante las municipalidades, responsables de administrar los intereses y servicios propios de cada cantón.
La coordinación entre instituciones no implica subordinación ni necesidad de autorización para ejercer sus competencias. Cada entidad conserva las facultades que la legislación le asigna.
Cómo se organizan las municipalidades
La estructura básica de un gobierno local gira alrededor de dos órganos fundamentales.
Por un lado se encuentra el Concejo Municipal, integrado por los regidores, apoyado por la Secretaría del Concejo, las comisiones municipales, la auditoría interna y los concejos de distrito.
Por otra parte está la Alcaldía Municipal, acompañada por las vicealcaldías y toda la estructura administrativa responsable de ejecutar las decisiones y administrar los servicios públicos locales.
En muchos cantones la organización es aún más compleja e incorpora dependencias como policía municipal, departamentos de gestión ambiental, planificación urbana, obras públicas, tecnologías de información, desarrollo social y otras áreas especializadas.
Mucho más que recolección de basura
Especialistas en régimen municipal coinciden en que existe una percepción limitada sobre las funciones de las municipalidades.
Los gobiernos locales administran infraestructura comunal, planificación territorial, permisos de construcción, gestión ambiental, ordenamiento urbano, seguridad ciudadana mediante policías municipales, cultura, deporte, gestión del riesgo, desarrollo económico local y múltiples servicios públicos.
Además, pueden celebrar convenios entre una o varias municipalidades para desarrollar proyectos conjuntos que beneficien a sus comunidades.
La importancia de los concejos de distrito
Los concejos de distrito constituyen la instancia de gobierno más cercana a la ciudadanía.
Desde estos espacios se canalizan muchas de las prioridades barriales y distritales, por lo que diversos sectores consideran necesario fortalecer su autonomía política y garantizar recursos suficientes para cumplir sus funciones.
Sin embargo, históricamente han enfrentado dificultades derivadas de retrasos en las transferencias provenientes del Gobierno Central, situación que ha limitado su capacidad operativa.
Coordinación institucional
El régimen municipal también incorpora diversos mecanismos de coordinación territorial.
Entre ellos destacan los Consejos Cantonales de Coordinación Institucional, donde distintas instituciones públicas articulan políticas para el desarrollo local; los Comités Municipales de Emergencia; los Comités Regionales de Prevención de la Violencia; y los Comités Cantonales de Deportes y Recreación.
Estos últimos enfrentan importantes limitaciones presupuestarias en numerosos cantones, pese a que fueron creados para promover el desarrollo deportivo y recreativo de las comunidades.
Transparencia y gobierno abierto
Uno de los grandes retos de los gobiernos locales consiste en fortalecer la transparencia y la participación ciudadana.
La implementación de plataformas digitales que permitan conocer los planes de gobierno, el avance de metas, la ejecución presupuestaria y las inversiones municipales constituye una herramienta clave para fortalecer la rendición de cuentas y facilitar la contraloría ciudadana.
El acceso oportuno a la información pública favorece una ciudadanía más informada y una participación más activa en los asuntos locales.
¿Más competencias para los gobiernos locales?
Diversos especialistas consideran que Costa Rica aún mantiene un elevado nivel de centralización administrativa.
Entre las propuestas que periódicamente surgen en el debate nacional figuran la descentralización de algunos servicios públicos, el fortalecimiento de la infraestructura educativa mediante una mayor participación municipal e incluso, como visión de largo plazo, la posibilidad de que los gobiernos locales administren determinados servicios de salud, siempre que existan las condiciones institucionales, financieras y legales necesarias.
Asimismo, se plantea profundizar las reformas sobre participación ciudadana, presupuestos participativos, gobierno digital y acceso a la información como mecanismos para consolidar una gobernanza más cercana a las comunidades.
Un cambio pendiente
El fortalecimiento del régimen municipal trasciende la simple distribución de competencias administrativas.
Implica construir un Estado donde las decisiones se adopten cada vez más cerca de la ciudadanía, con gobiernos locales financieramente sólidos, transparentes y capaces de responder con eficiencia a las necesidades de cada cantón.
En un contexto donde múltiples países impulsan procesos de descentralización para mejorar la gestión pública, Costa Rica enfrenta el reto de avanzar desde un modelo predominantemente centralizado hacia uno donde las municipalidades desempeñen un papel cada vez más protagónico en el desarrollo territorial y en la calidad de vida de sus habitantes.
Alberto Cabezas Villalobos
* Coordinador de Inclusión Social del Sindicato de Periodistas y Comunicadores
* Presidente de la Comisión de Accesibilidad de la Secretaría de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Confederación Unitaria de trabajadores
* Secretario de la Asociación agencia para el desarrollo accesible sin fronteras
