Parejas infértiles piden a Solís avalar técnica por decreto

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Al considerar que la técnica de fertilización in vitro es contraria a la vida, los partidos cristianos tienen frenado ese debate en la Asamblea Legislativa con decenas de mociones.
Ante la incertidumbre que se vive en Cuesta de Moras por este tema, las parejas infértiles creen que su mejor opción es pedirle al presidente Luis Guillermo Solís, que valide esta técnica de reproducción asistida por medio de un decreto, en vez de una ley.
Esta opción no reñiría con la ley y sacaría el debate de las esferas religiosas y morales, para dejarlo en manos de científicos y técnicos, expresa Hubert May Cantillano, representante legal de 25 parejas afectadas.
“Lo que debe hacerse es establecer los protocolos de seguridad y técnicos con la mayor rigurosidad”, explica Cantillano.
Si el país no avanza en este tema, podría ser censurado por la Organización de Estados Americanos por no atender las disposiciones de la Corte Interamericana.
Al mismo tiempo, se expone a pagar sumas millonarias a las parejas afectadas, si no se permite la técnica en el mediano plazo.
Tras un año de discusiones en el Congreso, las negociaciones entre los partidos cristianos y los defensores de esta técnica se encuentran en punto muerto.
En este momento, hay 335 mociones presentadas al proyecto y para evacuar cada una de ellas se usan unos 45 minutos.
Esto significa que todavía quedan unas 250 horas de debate en la Comisión de Asuntos Sociales, sin contar con que los diputados cristianos podrían presentar todavía más mociones en el futuro.
“No pueden censurarme por presentar mociones. Los libertarios lo han hecho para oponerse a proyectos fiscales, Antonio Álvarez lo ha hecho con la ley antievasión”, explica Fabricio Alvarado, diputado de Restauración Nacional.
La imposibilidad de avanzar en la discusión del proyecto para votarlo en primer debate, es reconocida por Emilia Molina, jefa del PAC y defensora del proyecto.
En ese sentido, considera que es poco probable que el proyecto sea aprobado este año.
Las parejas afectadas enviaron el lunes pasado un escrito para denunciar el incumplimiento del Estado, de la sentencia dictada en diciembre de 2012.
La idea es que el asunto sea trasladado a la OEA para que Costa Rica sea sancionada por la comunidad internacional.
Asimismo, las parejas que han planteado demandas en el país contra el Gobierno, continúan con sus procesos.
Ellas exigen el pago de los gastos médicos en los que han incurrido fuera del país, así como una elevada indemnización, concluyó el abogado.

Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
@earrietaLR