Finanzas públicas deben ser protegidas de una excesiva rebaja del marchamo, según expertos

En lugar de aprobar una rebaja del marchamo que desestabilice las finanzas públicas, los diputados deberían impulsar una iniciativa equilibrada y gradual, la cual excluya a los segmentos más acomodados del país, según varios expertos consultados por LA REPÚBLICA.

Y es que el proyecto que fue dictaminado por los diputados en comisión propone una rebaja de hasta el 60% en el impuesto a la propiedad de los vehículos; lo cual, sería una “una irresponsabilidad fiscal” y una “exageración”, a la vez que abre un hueco en las finanzas de ¢118 mil millones.

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Los expertos no se oponen a brindar alivio económico a los costarricenses al final del año mediante el derecho de circulación, pero advierten que debe ser prudente.

“Con voluntad política, podríamos lograr un alivio sustancial del 30% o 40% en el impuesto a la propiedad de los vehículos. Dudo que una rebaja del 60% sea viable, ya que afectaría las finanzas públicas”, dijo Daniel Suchar, analista económico.

Dada la situación fiscal del país, no resulta viable realizar recortes que tengan un impacto significativo en las finanzas.

Por lo tanto, los diputados deben abordar este tema con objetividad y responsabilidad.

“Aunque el país mantenga un superávit primario, eso no significa que haya recursos excedentes, ya que un 5% del Producto Interno Bruto (PIB) se destina al pago de intereses. Además, el gobierno aún no logra cubrir todos sus gastos con sus ingresos. Por lo tanto, la propuesta de reducir el marchamo podría generar un hueco fiscal; además, considero que los segmentos de mayores ingresos no necesitan ajustes en el derecho de circulación, como se está proponiendo. La medida debería ser progresiva, especialmente para los vehículos populares y las motocicletas”, dijo Gerardo Corrales, economista de Economía Hoy.

Cabe recordar que el gobierno se opone a la rebaja, argumentando que tendría un impacto negativo de ¢118 mil millones en la recaudación, mientras que la oposición continúa defendiendo la medida.

“Se están realizando rebajas en vehículos de alto valor que no deberían ser objeto de reducciones y que están generando una pérdida fiscal que, en mi opinión, superará los ¢100 mil millones. Dada la situación económica del país, considero que esto es injustificable. En medio de esta situación, en donde se está tratando de acercar más recursos a la seguridad, los diputados le están metiendo un zarpazo a la recaudación de ese nivel y por tanto, yo no puedo estar de acuerdo”, indicó Fernando Rodríguez, exviceminsistro de Hacienda e integrante del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional.

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Para que la rebaja del marchamo se aplique a finales de este año, el proyecto de ley deberá estar listo a más tardar a mediados de octubre.

De lo contrario, el alivio económico prometido para los conductores no se implementará.

Ante este panorama, los diputados de la oposición plantean una vía acelerada de discusión en el plenario y amenazan con anular el veto presidencial.

“Estamos sin duda en una carrera contra el tiempo. Todos los partidos están a favor de reducir el marchamo, pero aún no hay consenso sobre el monto y las condiciones. El PUSC apoya la reducción del derecho de circulación, pero debemos entender que el tiempo juega en nuestra contra”, expresó Alejandro Pacheco, líder del PUSC.