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Para frenar la violencia homicida y los sicarios que han convertido a Costa Rica en lugar peligroso, urge que el gobierno y la Asamblea Legislativa trabajen de la mano para reformar las leyes que evitarían la impunidad. De lo contrario, no sería posible resolver el problema.
La aclaración la hace Fernando Zamora, candidato de Nueva Generación, luego de darse a conocer que en el triple homicidio del fin de semana anterior en un bar en Santa Ana, una de las personas asesinadas era parte de una banda narcotraficante.
El hombre, conocido en el bajo mundo como Mufasa, había sido detenido en 10 ocasiones por la policía desde el 2004, por delitos como homicidio, portación de armas prohibidas y delitos varios relacionados con el narcotráfico y pese a todo ello, andaba en libertad.
“Proponemos una ley de ejecución de la pena y un conjunto de reformas en la Asamblea Legislativa para que, en delitos como narcotráfico, crimen organizado y asesinatos, no se puedan aplicar medidas cautelares alternativas y que la prisión preventiva sea obligatoria cuando exista peligro para víctimas, testigos o la comunidad”, dijo Zamora.
Por otra parte, el candidato de Nueva Generación aseguró que Costa Rica necesita un sistema de justicia realmente independiente y que hoy, tanto el Ministerio Público como la Sala Constitucional están dentro del Poder Judicial, y eso limita su autonomía.
De acuerdo con el candidato, actualmente el Ministerio Público debe investigar a todos, incluso a jueces, magistrados y a quienes tienen poder, y para hacerlo con plena libertad actualmente se depende de la misma estructura que luego se debe eventualmente investigar.
Zamora es el único candidato con un plan de gobierno dado a conocer a la fecha.
De mantenerse el ritmo de homicidios actual, Costa Rica podría cerrar el 2025 con casi 900 asesinatos, lo que marcaría el tercer año consecutivo de cifras récord.
Una situación que, según expertos en seguridad, responde principalmente a la disputa territorial entre bandas narcotraficantes.
