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El Régimen de Zonas Francas (RZF) ha generado debate económico en Costa Rica durante años. Sus opositores suelen argumentar que el país deja de percibir ingresos significativos debido a las exoneraciones fiscales que disfrutan las empresas establecidas bajo este modelo. Sin embargo, una mirada más profunda revela que lo que se deja de ingresar por concepto de impuestos se multiplica en beneficios económicos, sociales y de competitividad que difícilmente podrían lograrse de otra forma.
El pasado 21 de agosto, PROCOMER presentó el informe de resultados del RZF para el año 2024, y los números hablan por sí solos. Costa Rica recibió $3,720 millones en inversión extranjera directa (IED), casi $1,500 millones más que el año anterior. Este crecimiento responde a la confianza de los inversionistas en el país y en el régimen, reflejando un círculo virtuoso: las exoneraciones actúan como incentivo, pero los retornos se manifiestan en múltiples frentes.
Actualmente, se contabilizan 626 empresas en el Régimen de Zonas Francas, un crecimiento del 11% en comparación con el año anterior. De ellas, el 16% se encuentran fuera del Gran Área Metropolitana, contribuyendo a la descentralización económica. Un 67% de estas empresas corresponden al sector servicios, responsables del 61% del empleo en zonas francas. Este dato resulta particularmente relevante, ya que los servicios no se ven afectados por los aranceles recíprocos que han caracterizado la política comercial de Estados Unidos en meses recientes.
La contribución de las Zonas Francas a la economía es contundente: representan el 15% del PIB con casi $14,000 millones de aporte. Además, estudios cautelosos y conservadores, realizados por las autoridades correspondientes, concluyen que, por cada dólar exonerado, el país recibe $2.9 de retorno, lo que se traduce en un rendimiento neto de $1.9. Este indicador desmonta el argumento de “pérdida fiscal”, demostrando que las exoneraciones no son un gasto, sino una inversión con alta rentabilidad para Costa Rica.
El impacto social es igualmente relevante. El régimen genera 197,000 empleos directos y cerca de 65,000 empleos indirectos, alcanzando un total de 265,000 puestos de trabajo. El 45% de estos empleos son ocupados por mujeres, y lo más significativo: el 37% del empleo femenino se ubica fuera del GAM, promoviendo equidad de género y desarrollo regional. Además, los salarios pagados en zonas francas duplican los del promedio nacional, elevando la calidad de vida y fortaleciendo la clase media.
Los beneficios se extienden también a la seguridad social y al encadenamiento productivo. Las empresas de Zona Franca aportaron en 2024 casi $1,500 millones a la CCSS, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema de salud pública. A esto se suma la compra de más de $6,000 millones a la industria local, lo que representa el 57% de sus adquisiciones, generando un efecto multiplicador sobre la economía interna.
Frente a estos datos, resulta claro que el Régimen de Zonas Francas no debe verse como un sacrificio fiscal, sino como una herramienta estratégica que impulsa la competitividad, la inversión y el bienestar social. Los beneficios tangibles superan con creces las exoneraciones, convirtiendo al régimen en uno de los principales motores de la economía costarricense.
La verdadera discusión, entonces, no debería ser si Costa Rica pierde ingresos por este modelo, sino cómo puede fortalecerlo aún más para atraer inversión de calidad, generar empleo digno y expandir su impacto en regiones fuera del GAM.
Simon Sauve
Director
Free Trade Zones
