Ética y elecciones: cuando la política decide mirarse al espejo

Cada cuatro años, como si obedecieran a un calendario invisible, reaparecen viejos fantasmas en la escena política costarricense. No llegan envueltos en cadenas ni cargan historias góticas: se manifiestan como rumores, sospechas y acusaciones diseñadas para enturbiar los procesos electorales. Su objetivo es claro y poco noble: desacreditar a los actores políticos, erosionar la confianza en los partidos y sembrar dudas muchas veces infundadas sobre la calidad moral de quienes aspiran a la presidencia. En el camino, lo que se sacrifica es la civilidad que debería distinguir a una democracia madura.

Y, sin embargo, las elecciones responden a un propósito profundamente noble. Son el mecanismo mediante el cual una sociedad decide su rumbo sin recurrir a la violencia, la imposición o el abuso del poder. Elegir a quien habrá de conducir el país no es un trámite menor: es el núcleo mismo de la democracia costarricense y una de las expresiones más claras de soberanía popular.

El sufragio es el puente que conecta al individuo con el Estado. En ese acto aparentemente sencillo, cada ciudadano deposita lo más valioso que posee en una democracia: su voto. Todo lo demás que rodea la contienda electoral es responsabilidad de los actores institucionales. Al Tribunal Supremo de Elecciones le corresponde garantizar la transparencia; a los partidos y candidatos, actuar con responsabilidad; a los medios de comunicación, informar con rigor; y a las autoridades de seguridad, preservar el orden y la convivencia. A todos ellos les incumbe proteger un clima de civilidad que evite que la pasión desborde la razón y derive en formas de irracionalidad política que la historia ya ha demostrado peligrosas.

La confrontación política es inevitable. Señalar errores, contrastar propuestas y evidenciar contradicciones forma parte del debate democrático. Lo que no puede ni debe tener cabida es la campaña sucia: aquella que no discute ideas, sino que destruye personas; que no confronta proyectos, sino que fabrica mentiras, rumores y calumnias. La campaña sucia no es estrategia política: es degradación moral.

La relación entre política, ética y moral siempre ha sido compleja, incluso incómoda. Pero precisamente por ello, quienes participan en la vida pública están obligados a respetar mínimos irrenunciables de decencia. Max Weber advertía que es en el terreno de la ética donde se define quién tiene derecho a “poner la mano en la rueda de la historia”. Más aún, señalaba que la verdadera acción ética ocurre cuando una persona, consciente de las consecuencias de sus actos, es capaz de detenerse y decir “hasta aquí”.

Ese gesto simple en apariencia es profundamente humano. Es el que deberían asumir quienes aspiran a cargos de poder: rechazar sin ambigüedades la campaña sucia y evitar ser cómplices de su reproducción. La ausencia de una base ética sólida explica, en buena medida, el creciente desencanto ciudadano con la política. Recuperar la ética no es un acto moralista: es una necesidad democrática.

Los grandes pensadores políticos lo entendieron así. Desde Platón y Aristóteles hasta Weber, Locke o Hegel, la reflexión política siempre estuvo anclada a la pregunta moral. Un proceso electoral es, al final, el espejo del sistema político que lo sostiene. Permitir que la ética se erosione durante una elección equivale a aceptar que esa degradación se extienda al conjunto de la sociedad.

Hoy, la ciudadanía enfrenta un dilema incómodo pero ineludible: votar sin considerar la ética, o votar colocando la ética por encima del partido. Resolver ese dilema con sabiduría y responsabilidad es uno de los mayores desafíos de nuestra democracia este 1 de febrero. En esa decisión no solo se define un gobierno, sino la calidad moral del país que queremos seguir siendo.

Ing. Dionisio Rojas Gonzalez

Máster en Administración y Direcciones de Empresas

Mastér en Dirección de Operaciones y Logística

Doctor en Educación.

Director de CEFOLOG ONLINE.

cefolog@outlool.com