Bernardo van der Laat
Abogado costarricense y Socio de PredictaBill
bvanderlaat@legalpredictabill.com
Hace unos días leía un interesante artículo de Scott Schlegel, juez del Quinto Circuito de Apelaciones del estado de Louisiana, en Estados Unidos, quien se ha convertido en una voz frecuente en el debate sobre innovación y tecnología aplicada al derecho. En su artículo, el juez Schlegel plantea una pregunta que merece una reflexión seria dentro de nuestra profesión: ¿ha llegado el momento de impulsar una actualización más sistemática de los abogados en el uso de herramientas de inteligencia artificial?
La pregunta no es menor. A estas alturas, para nadie es un secreto que la inteligencia artificial ya forma parte del día a día de muchos profesionales. En el ámbito legal, herramientas basadas en IA se utilizan cada vez más para investigar jurisprudencia, revisar contratos, resumir documentos o generar borradores de escritos. Es una tecnología que, bien utilizada, puede aumentar significativamente la eficiencia de los abogados. Sin embargo, también plantea riesgos que la profesión apenas está empezando a comprender.
Uno de esos riesgos es el fenómeno de las llamadas “alucinaciones” de la inteligencia artificial. Se trata de situaciones en las que una herramienta genera información que parece plausible, pero que en realidad es incorrecta o simplemente inexistente. Este problema ha empezado a manifestarse en tribunales de distintos países, particularmente en Estados Unidos, donde se han documentado casos en los que abogados han presentado escritos citando jurisprudencia o normas que nunca han existido.
El investigador Damien Charlotin mantiene una base de datos llamada AI Hallucination Cases Database, que registra decisiones judiciales en las que se han detectado este tipo de errores. Según esa base de datos, al día de hoy se han identificado más de mil casos alrededor del mundo en los que abogados citaron precedentes o normas inexistentes generadas por inteligencia artificial. La gran mayoría de esos casos se concentran en Estados Unidos, con más de setecientos registros, pero también en países como Australia, Argentina o Colombia. Costa Rica no aparece en esa base de datos, lo cual no necesariamente significa que el fenómeno no exista en nuestro país. Probablemente simplemente no ha sido documentado públicamente.
En los primeros casos que se hicieron conocidos, como el ya famoso caso Mata v. Avianca, los tribunales mostraron cierto grado de tolerancia hacia este tipo de errores. Sin embargo, conforme los incidentes han ido aumentando, también ha cambiado la actitud de los jueces. Cada vez es más frecuente ver decisiones en las que se sanciona disciplinariamente a los abogados que presentan información falsa generada por inteligencia artificial, o incluso se les imponen multas. La razón es evidente: el uso de tecnología no exime a los abogados de su deber profesional de verificar la información que presentan ante un tribunal.
Sin embargo, el propósito de esta reflexión no es centrarse en las sanciones que han recibido algunos colegas en otras jurisdicciones, ni en el problema de las alucinaciones en sí mismo. Más bien, lo interesante del planteamiento del juez Schlegel es la discusión que abre sobre cómo debería prepararse la profesión legal para convivir con estas nuevas herramientas.
La idea de promover espacios de actualización sobre inteligencia artificial para abogados en ejercicio es, sin duda, una propuesta que podría ser analizada con atención por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Pero antes de llegar a ese punto, tal vez deberíamos empezar por hacernos otra pregunta aún más básica: ¿cómo están formando a los abogados las escuelas de derecho de nuestras universidades?
En Costa Rica algunas universidades ya ofrecen programas y cursos relacionados con derecho digital, ciberseguridad o gobernanza de la inteligencia artificial. No obstante, la mayoría de estos programas se enfocan en explicar la regulación de la tecnología, es decir, el contenido normativo asociado a estos temas. Lo que todavía vemos con menos frecuencia son cursos que enseñen a los futuros abogados cómo interactuar con la tecnología en su práctica profesional diaria.
Los abogados, por diseño, tendemos a ser profesionales estructurados. Nuestra formación nos enseña a pensar dentro de marcos normativos definidos, a interpretar reglas y precedentes, y a razonar con rigor lógico. Esa forma de pensar es esencial para el derecho, pero también puede dificultar nuestra adaptación a un entorno tecnológico que cambia a una velocidad cada vez mayor.
El mundo digital exige profesionales capaces de experimentar, innovar y replantear constantemente sus herramientas de trabajo. En ese contexto, las facultades de derecho podrían empezar a considerar la incorporación de cursos que enseñen habilidades prácticas relacionadas con el uso de la tecnología. Por ejemplo, cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial para investigación jurídica, cómo validar información generada por estas plataformas, o incluso cómo formular instrucciones claras, lo que hoy se conoce como “prompts”, para obtener resultados más precisos.
Curiosamente, los abogados tenemos una ventaja natural en este nuevo entorno. Nuestra formación nos entrena para redactar con precisión, estructurar argumentos y formular preguntas claras. Esa misma habilidad resulta fundamental cuando se trata de interactuar con sistemas de inteligencia artificial.
Pero tal vez el cambio que se necesita es aún más amplio. Además de cursos relacionados con tecnología, las facultades de derecho podrían beneficiarse de incorporar contenidos básicos de negocios, finanzas, mercadeo o innovación. No solo para entender mejor el contexto en el que operan los clientes, sino también para preparar profesionales capaces de desenvolverse en un mundo cada vez más dinámico, incierto y acelerado.
La verdadera pregunta no es si la profesión jurídica va a transformarse, porque eso ya está ocurriendo. La pregunta es si tendremos la visión, de adaptar nuestra formación para preparar a los abogados del futuro. Porque, al final del día, la tecnología seguirá avanzando con o sin nosotros. Y el derecho, tendrá que decidir si camina al ritmo de su tiempo o si llega tarde a la conversación.





































