¿Está en peligro la democracia costarricense?

Por José Angel Vega Licea 

Investigador en Gestión del Conocimiento en Políticas Públicas y Derechos Humanos.

Costa Rica se aproxima a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026 en un clima cargado de tensiones sociales, políticas y económicas. Aunque el país ha sido históricamente valorado como una de las democracias más sólidas de América Latina, el escenario actual obliga a cuestionarse si esa estabilidad institucional está garantizada o si se encuentra, más bien, en un proceso de "desgaste silencioso". Sin dudas, las próximas elecciones serán un parteaguas para una nación que, aunque orgullosa de su legado democrático, como ya mencionaba, enfrenta nuevos desafíos en un continente cada vez más convulso.

Sobre este tema, conversaba ayer con colegas mientras degustábamos un café y discutíamos posibles escenarios sobre el futuro político de la otrora orgullosa "Suiza de Centroamérica", un título que hoy suena más a nostalgia que a realidad.

En medio de opiniones encontradas, una pregunta recorría la conversación: ¿seguirá el país por la senda de una democracia sólida y plural, o sucumbirá a los cantos seductores del populismo que promete soluciones rápidas pero arriesgadas?

La presidencia de Rodrigo Chaves ha sido, sin duda, una de las más disruptivas de las últimas décadas. Con un discurso confrontativo hacia los medios de comunicación, el Poder Judicial y otras instituciones tradicionales, el mandatario ha logrado mantener una alta popularidad. De acuerdo con la más reciente encuesta del CIEP (julio de 2025), su aprobación ronda el 58%, una cifra notable en un entorno regional marcado por la desafección ciudadana y la caída en picada de liderazgos presidenciales.

Sin embargo, esta popularidad no ha venido sin costos. La relación del Ejecutivo con la prensa y con organismos de control ha sido tensa, e incluso abiertamente conflictiva. La Sala Constitucional ha tenido que pronunciarse en varias ocasiones sobre acciones del gobierno consideradas inconstitucionales, y por otra parte el Ministerio de Comunicación ha sido señalado por prácticas poco transparentes, como la exclusión selectiva de periodistas de las conferencias de prensa.

Chaves ha promovido una narrativa de eficiencia contra la burocracia, lo cual conecta con un electorado harto de la inercia institucional. Pero detrás del discurso reformista, surgen dudas legítimas sobre la concentración de poder, la desinstitucionalización y la erosión del diálogo democrático.

En términos macroeconómicos, el gobierno ha mostrado ciertos resultados destacables. Según datos del Banco Central, la deuda pública se redujo del 68% al 55% del PIB entre 2021 y 2025, y el país logró mantener una inflación controlada en torno al 3,2% interanual en el primer semestre de 2025. Sumado a esto algunas cifras apuntan a que las exportaciones se han incrementado, especialmente en sectores como tecnología médica y servicios digitales.

No obstante, la bonanza macroeconómica no ha sido acompañada por una mejora sustancial en las condiciones de vida de la mayoría. La pobreza se mantiene en torno al 21%, con zonas como la Región Brunca y la Huetar Caribe en condiciones aún más críticas. El desempleo, aunque ha descendido respecto a años anteriores, aún afecta a más del 9% de la población económicamente activa, y la informalidad supera el 40%. Es decir, hay crecimiento, pero no equidad.

Esto indudablemente genera una paradoja: mientras las cifras macroeconómicas permiten al gobierno exhibir resultados, la percepción en las calles es de estancamiento e incertidumbre. Y es precisamente esta desconexión entre el crecimiento y la justicia social uno de los principales retos de cara a 2026.

El país se encuentra frente a una bifurcación política. Por un lado, sectores que respaldan la reelección de un proyecto político que, si bien eficaz en ciertos aspectos, parece tomar atajos que debilitan los contrapesos institucionales. Por otro lado, una oposición fragmentada, sin un liderazgo claro, que no ha logrado articular una alternativa coherente capaz de canalizar el descontento sin caer en el mismo populismo que critica.

En este contexto, el mayor peligro no proviene necesariamente de un golpe autoritario, sino del desgaste gradual de las formas democráticas, la banalización del discurso público, la normalización del enfrentamiento institucional y el debilitamiento de los espacios de deliberación colectiva.

Además, el fenómeno de la desinformación, especialmente en redes sociales, juega un papel cada vez más decisivo. En ese sentido estudios del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad de Costa Rica revelan que el 70% de los costarricenses se informa principalmente por Facebook, donde proliferan contenidos manipulados, discursos polarizantes y noticias falsas, sin una estrategia estatal robusta para contrarrestar estos efectos.

El rol de la ciudadanía y lo que está en juego

Las elecciones de 2026 no son una cita electoral más. Son una oportunidad para revisar el pacto democrático costarricense, que ha resistido por décadas gracias a una ciudadanía activa, una prensa libre, un Poder Judicial independiente y un sistema de partidos plural. Todos esos elementos están hoy en tensión.

Más allá de preferencias ideológicas, lo que está en juego es el modelo de convivencia política del país. No se trata solo de elegir a la persona que ocupará la presidencia, sino de decidir si Costa Rica seguirá apostando por un modelo basado en el respeto institucional o si sucumbirá al pragmatismo autoritario disfrazado de eficiencia.

La historia de Costa Rica, marcada por decisiones sumamente valientes como la abolición del ejército o la defensa de sus parques nacionales, muestra que este país ha sabido decidir con visión. Pero la visión no es automática. Hay que cultivarla con conciencia crítica, participación y debate.

Lo logrado por Costa Rica en más de siete décadas de democracia es admirable. Pero el peligro está en creer que esos logros son permanentes. La democracia, como la libertad, no se hereda, se construye día a día.

De cara a 2026, la pregunta no es solo por los nombres que estarán en la papeleta, sino por los valores que prevalecerán en el debate público. La encrucijada no es entre izquierda o derecha, sino entre integridad institucional y oportunismo, entre apertura y repliegue, entre democracia viva y democracia vacía.

El país aún tiene la oportunidad de decidir. Y como siempre, esa decisión no vendrá de arriba. Vendrá de su gente.