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Costa Rica sangra. Lo hace gota a gota, día tras día, hasta llenar de luto sus calles y de miedo sus plazas. Lo que antes fue un síntoma aislado hoy es una hemorragia que amenaza la vida entera del país. La tasa de homicidios, que ya rozaba niveles preocupantes, se disparó en los últimos cuatro años hasta alcanzar cifras epidémicas: 17,2 muertes por cada 100.000 habitantes en 2023, muy por encima del umbral que la Organización Mundial de la Salud marca como emergencia. Más de 3.000 costarricenses han sido asesinados desde 2022. No son números: son corazones detenidos, familias amputadas, comunidades enteras que ahora viven con el pulso acelerado del miedo.
La violencia homicida se propaga como una infección agresiva: destruye tejido social, genera fiebre de pánico colectivo y deja cicatrices psicológicas que no se curan con el paso del tiempo. Los barrios golpeados viven en un estado de inflamación constante; las personas se encierran temprano, los negocios bajan las cortinas antes del anochecer, y el país siente cómo su sistema inmunológico cívico se debilita.
El diagnóstico es claro y demoledor. El crimen organizado actúa como un virus de alta letalidad, extendiendo sus cepas a través de ajustes de cuentas y disputas territoriales. La pobreza crónica y la exclusión social son heridas abiertas por donde el contagio entra sin resistencia. La deserción escolar es una falla en la vacunación social: miles de jóvenes sin educación ni empleo quedan expuestos a la “oferta laboral” del narcotráfico, un pseudo-empleador que paga con dinero rápido y vida corta. Las políticas públicas han respondido con tratamientos sintomáticos, improvisando con antibióticos mal dosificados: operativos esporádicos, discursos encendidos, promesas de corto aliento. Y mientras tanto, las armas de fuego circulan como agujas contaminadas en un brote, multiplicando la letalidad y alimentando la sensación de impunidad.
El daño no se limita a la salud social: el corazón económico del país empieza a mostrar arritmias peligrosas. La OCDE ha advertido que la violencia es ya un factor de riesgo para el crecimiento, capaz de frenar el turismo y ahuyentar la inversión extranjera. La industria turística, uno de los órganos vitales de nuestra economía, ya registra una caída en las llegadas internacionales. Y aunque algunos funcionarios insistan en que los turistas no leen estadísticas criminales, los estudios internacionales son claros: la percepción de inseguridad es un veneno rápido que se inocula a través de titulares y alertas de viaje. Estados Unidos y Canadá ya han emitido advertencias, si esta epidemia no se controla, también entrará en cuidados intensivos el “pura vida”.
Frente a esta crisis, no basta con analgésicos políticos. El paciente necesita cirugía mayor. Primero, detener la hemorragia: reforzar la presencia en las zonas más críticas, cortar el flujo de armas, iluminar las calles como se ilumina un quirófano antes de una operación delicada, y golpear las finanzas del crimen con bisturí de precisión. Después, iniciar la rehabilitación: una política de seguridad integral, coordinada entre todas las instituciones, que funcione como terapia intensiva para el tejido social. Escuelas abiertas todo el día, programas de deporte y cultura que actúen como fisioterapia comunitaria, justicia rápida que cierre las heridas de la impunidad y cárceles que rehabiliten en lugar de propagar la infección.
A largo plazo, la verdadera vacuna será una educación pública de calidad, la reducción drástica de la desigualdad y un urbanismo social que devuelva a las comunidades el control de su propio cuerpo colectivo. Medellín lo hizo: pasó de la gangrena del narcoterrorismo a ser ejemplo de recuperación urbana y cultural. Escocia lo hizo: trató la violencia juvenil como un problema de salud pública y redujo sus homicidios a la mitad en seis años. Costa Rica puede hacerlo, pero necesita disciplina médica, inversión sostenida y un consenso nacional que blinde el tratamiento contra los cambios de gobierno.
Hoy, el diagnóstico es innegable y el tiempo quirúrgico es ahora. La violencia homicida es la infección más grave que enfrenta nuestra democracia en décadas. Si no actuamos con decisión, el paciente puede entrar en shock irreversible, debemos de pasar del diagnóstico al tratamiento quirúrgico. Si nos atrevemos a intervenir con ciencia, visión y unidad, podremos no solo salvar la vida, sino devolverle a Costa Rica la salud, la movilidad y la alegría que la hicieron ejemplo para el mundo.
