Entre la estabilidad y el riesgo

Cada 7 de noviembre, Costa Rica conmemora el Día de la Democracia, instaurado en 1942 mediante el Decreto Ejecutivo N.º 18. Esta fecha no debe asumirse únicamente como una tradición cívica, sino como un recordatorio de la responsabilidad colectiva que implica sostener un sistema político construido sobre el respeto a la institucionalidad, la participación ciudadana y el Estado de Derecho.

Aunque la democracia costarricense es reconocida internacionalmente por su estabilidad y continuidad histórica, ese reconocimiento no puede interpretarse como una garantía permanente. La experiencia global contemporánea demuestra que incluso las democracias más consolidadas pueden deteriorarse si se descuida su fundamentación normativa y ética.

Por ello, la longevidad institucional no significa invulnerabilidad; una democracia puede erosionarse desde adentro cuando la ciudadanía se vuelve indiferente, cuando se amplían los discursos polarizantes, cuando la desinformación sustituye al debate racional o cuando los liderazgos políticos promueven visiones simplistas del poder, presentando los contrapesos constitucionales como obstáculos.

Reducir la democracia al acto de votar, o equipararla únicamente con la voluntad momentánea de las mayorías, es un reduccionismo peligroso. Como sostiene Ferrajoli, los derechos fundamentales están por encima de la decisión mayoritaria y constituyen límites infranqueables que evitan que el poder se transforme en arbitrariedad.

Así, la esencia de la democracia no reside únicamente en el sufragio, sino en la vigencia del Estado de Derecho, la igualdad jurídica, el pluralismo y el respeto a las libertades individuales.

En este entramado institucional, la independencia judicial adquiere un papel esencial. El Poder Judicial no actúa para complacer intereses políticos ni para reforzar mayorías; su función consiste en garantizar la supremacía de la Constitución y proteger los derechos de todas las personas, especialmente de quienes se encuentran en posición de desventaja o vulnerabilidad.

Emitir resoluciones que no generan consenso social no es un fallo de la institucionalidad democrática, sino una expresión de su fortaleza: la justicia no responde al aplauso público, sino al marco jurídico que la legitima.

Sin embargo, se ha intensificado en los últimos años un discurso orientado a desacreditar a la judicatura, acusándola de obstaculizar decisiones políticas o actuar en función de intereses particulares. Si bien es legítimo y necesario exigir transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, ello no puede confundirse con debilitar su autonomía.

Cuando sectores políticos, económicos o mediáticos buscan socavar la independencia judicial, lo que se erosiona no es la imagen de una institución, sino uno de los pilares que sostienen el orden democrático. La historia lo demuestra, donde la justicia pierde su autonomía, el poder se concentra, y donde el poder se concentra sin límites, el autoritarismo encuentra terreno fértil.

En consecuencia, la defensa de la democracia no es responsabilidad exclusiva de los jueces, de los organismos del Estado o de expertos en derecho constitucional. En este escenario la ciudadanía cumple un rol decisivo. Una sociedad informada, crítica y consciente del valor de su institucionalidad es la mejor barrera contra el deterioro democrático.

La educación cívica, la deliberación respetuosa, el rechazo a la manipulación emocional, la vigilancia del poder público y la defensa de derechos no solo propios sino también ajenos, constituyen prácticas que fortalecen la convivencia democrática.

La estabilidad política que ha caracterizado a Costa Rica no es fruto del azar, sino el resultado de un pacto social sostenido en la cultura de la legalidad, el diálogo y la división de poderes. Renunciar a estos valores, ya sea por apatía o por adhesión acrítica a discursos populistas, significaría poner en riesgo un patrimonio histórico que ha permitido construir una nación pacífica y cohesionada.

Es cierto, la democracia costarricense es motivo de orgullo, pero ese orgullo debe ser activo y responsable, no se trata únicamente de celebrarla, sino de preservarla día a día. En este sentido es importante recalcar que la democracia no se hereda, se protege, se ejerce y se defiende.

Costa Rica no solo debe recordar que fue una de las democracias más estables del continente, sino comprometerse con la tarea permanente de seguir siéndolo.

José Angel Vega Licea

Investigador - Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP)