Edición impresa
¡Manténgase al día!
Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
Cristian Valverde C.
Ingeniero Civil | Gestión de proyectos de infraestructura pública
En Costa Rica, moverse dejó de ser simplemente llegar del punto A al punto B. Para miles de personas, se convirtió en una carga diaria dentro de un sistema que no está diseñado para funcionar. Adaptarse al tráfico, a rutas que cambian sin previo aviso, a sistemas que no conversan entre sí.
Por eso, cada vez que se anuncia un nuevo proyecto como la solución al problema de movilidad, es inevitable que se generen expectativas. Esta vez, esa expectativa se concentra en un tren eléctrico de $800 millones. La cifra es contundente, la propuesta es atractiva, pero la pregunta clave sigue en el aire: ¿qué cambia realmente para quien todos los días pierde horas en presas tratando de llegar a su destino?
El proyecto cuenta con estudios y ha pasado por procesos de preinversión. Sin embargo, la experiencia del país obliga a mirar más allá del diseño. El problema no ha sido formular proyectos, sino hacerlos funcionar dentro de un sistema fragmentado.
Hoy el transporte público no opera como una red integrada, sino como una suma de decisiones aisladas. Los buses siguen una lógica, el tren otra, y la infraestructura vial responde a una distinta. El resultado lo absorbe el ciudadano, que debe resolver por su cuenta lo que el sistema no articula.
En ese contexto, un tren puede parecer una solución evidente. Pero la realidad cotidiana no funciona así. La mayoría de las personas no viaja de estación a estación, sino desde su casa hasta su destino final, atravesando múltiples decisiones, transbordos y tiempos inciertos.
Quien vive en Cartago, Desamparados o Alajuela no solo necesita un tren eficiente en un tramo. Necesita saber cómo llegar, cuánto va a esperar y qué tan confiable es todo el recorrido. Si esas condiciones no están resueltas, el tren puede funcionar… pero no necesariamente resolver.
Entonces la discusión deja de ser técnica y pasa a ser práctica: ¿para qué estamos invirtiendo $800 millones?
Porque, en las condiciones actuales, el tren no corrige la desarticulación del sistema, ni la integración tarifaria, ni la dependencia del vehículo particular. Puede mejorar una parte, pero el problema ocurre en todo el sistema.
Más allá de la inversión inicial, estos proyectos implican costos permanentes de operación que suelen requerir subsidios. La discusión no es solo cuánto cuesta construir, sino cuánto va a costar sostener y en qué condiciones ese costo se justifica.
Endeudarse no es el problema. El problema es hacerlo sin asegurar que esa inversión se traduzca en valor real.
Al final, la infraestructura no se mide por lo que se construye, sino por lo que le devuelve a las personas: tiempo, previsibilidad y confianza.
Y mientras esa discusión no se aborde de forma directa, el riesgo no es solo invertir $800 millones. Es no poder explicar qué problema real se está resolviendo… mientras las personas siguen perdiendo horas todos los días dentro del mismo sistema.
Las opiniones expresadas en este artículo son a título personal y no reflejan la posición de ninguna institución.
