Alexander Otoya
Economista y especialista en sistemas financieros
En la actualidad, en nuestro país se discute permitir el retiro anticipado de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC). Para algunos grupos, esto parece una solución inmediata frente al alto endeudamiento de las familias. Sin embargo, es fundamental recordar que este fondo no fue creado como un ahorro de libre disposición o de corto plazo, sino como un pilar de la seguridad social que protege el ingreso de las personas cuando más lo necesitan: en la vejez.
El ROPC nació para complementar la pensión del IVM. Este aspecto parece olvidarse en el discurso de quienes proponen su liquidación anticipada, porque la pensión básica no alcanzará para cubrir necesidades esenciales después del retiro para una gran proporción de trabajadores. Además, una parte muy importante del monto acumulado no proviene del aporte directo, sino de los rendimientos obtenidos a lo largo de años de inversión: entre un 70% y un 80% del valor actual de los fondos es fruto de esos rendimientos. Esto demuestra que el sistema ha sido exitoso.
Esta rentabilidad se refleja en tasas reales competitivas: en horizontes de tres a cinco años, los rendimientos han oscilado entre 8,7% y 11%. Ningún producto financiero de corto plazo puede replicar este comportamiento. El objetivo es claro: contar con ingresos dignos en el retiro.
Si se permite convertir ese ahorro en liquidez inmediata, miles de personas podrían quedarse sin ingresos suficientes en el momento en que más los requieren. Esto generaría más pobreza en la vejez, mayor presión social y pérdida de calidad de vida para quienes han trabajado toda una vida por el país. Pensar en el ROPC como un “dinero disponible” es un error que puede costarle caro a Costa Rica, no solo desde la óptica social, sino también desde la estabilidad macroeconómica.
El impacto no sería únicamente individual. El ROPC es una de las principales fuentes de financiamiento de largo plazo del sistema financiero nacional. Si esos recursos salen del mercado de forma anticipada, el efecto sería inmediato: presiones inflacionarias, aumento de tasas de interés y encarecimiento del crédito para pymes, vivienda y consumo. Esto pondría en riesgo la continuidad de negocios y la estabilidad financiera de miles de deudores, incrementando la mora y debilitando a las entidades financieras.
A esto se suma un efecto de valoración: con las duraciones actuales de los portafolios de pensiones, un incremento de 300 puntos básicos en tasas podría provocar minusvalías de entre 12% y 15% en los fondos. Eso significa pérdidas de valor para todos los afiliados, también para quienes decidan mantener su ahorro previsional.
Las implicaciones serían críticas. Golpearíamos al sector real de la economía, reduciríamos el crecimiento, disminuirían los ingresos de las familias y empresas, y terminaríamos en un círculo vicioso donde se pierde lo ganado: “lo comido por lo servido”.
Costa Rica no debe repetir errores ya cometidos en otros países, donde retiros anticipados deterioraron las pensiones, aumentaron la desigualdad y dejaron a miles de personas sin una red de protección al llegar la vejez. Tenemos la ventaja de aprender y evitar consecuencias irreversibles.
El problema real no se encuentra en las pensiones, sino en los ingresos insuficientes. Por lo tanto, el camino responsable es lograr que los recursos del ROPC tengan mayor impacto en el sector real: más inversión en infraestructura, innovación y proyectos que generen empleo e incrementen la capacidad productiva del país.
Entonces, el enfoque debe estar en mejorar los instrumentos y la normativa que permita ese desarrollo. No en destruir un pilar que funciona.
Retirar el ROPC para resolver urgencias de hoy es vender el futuro para pagar el presente. La seguridad social debe protegerse de decisiones impulsivas o motivadas por presiones de grupos específicos. Lo que funciona debe cuidarse.
Porque, al final, una sociedad se mide por cómo cuida a quienes ya trabajaron por ella.





































