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En el panorama político costarricense de mediados de 2026, la arquitectura de la deliberación parlamentaria ha dejado de ser un espacio de construcción para convertirse en un terreno de fricción inerte. El reciente anuncio de la presidenta Laura Fernández sobre la posible convocatoria a un referéndum no es un evento aislado; es la manifestación clínica de una crisis sistémica que recorre toda la región: la parálisis de los mecanismos representativos frente a la necesidad imperiosa de gobernabilidad. Bajo la lente del Realismo Radical, no debemos ver este anuncio como una cuestión de participación ciudadana en el sentido liberal-clásico, sino como un ejercicio táctico de fuerza.
La presidenta Fernández justifica su posición desde una lógica de urgencia ejecutiva, afirmando que "sería el colmo que la Asamblea renuncie a legislar y que sea el pueblo de Costa Rica el que acometa esas responsabilidades". Este giro discursivo invierte la carga de la prueba, trasladando la culpa de la inacción del Ejecutivo al Legislativo. Sin embargo, sectores de la oposición parlamentaria, como el Frente Amplio, mantienen una postura de resistencia absoluta. Representantes de esta bancada han señalado que "el referéndum es un intento de bypass autoritario que busca evadir el debate técnico necesario para proteger los recursos y derechos de los trabajadores", enfatizando que la democracia parlamentaria no debe ser sustituida por consultas simplistas que esconden agendas privatizadoras.
Desde la academia y los organismos internacionales, las visiones son cautelosas. Analistas de instituciones como el PNUD han advertido sobre la fragilidad del mecanismo, señalando que "cuando el referéndum se utiliza como herramienta para resolver conflictos legislativos en lugar de consensuar leyes, se corre el riesgo de exacerbar la polarización social y debilitar la confianza en las instituciones democráticas a largo plazo". Esta visión encuentra eco en organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, que temen que una consulta sobre temas de seguridad pueda abrir la puerta a reformas regresivas en el sistema penal sin una discusión profunda sobre las garantías ciudadanas.
El sector privado, por su parte, observa el posible referéndum con una mezcla de pragmatismo y ansiedad. Diversas cámaras empresariales han expresado que "el país no puede seguir esperando por una Asamblea que patea la pelota hacia adelante; si el referéndum es la única vía para desbloquear la competitividad eléctrica y laboral, cuenta con nuestro respaldo absoluto". No obstante, esta postura choca con la de organizaciones sindicales, que en una reciente declaración colectiva manifestaron que "un referéndum convocado para imponer agendas que afectan la estabilidad laboral es una violación directa al espíritu de la negociación colectiva y será combatido en todas las instancias legales y populares".
América Latina nos ofrece una cartografía de este fenómeno, donde el referéndum actúa como un punto de inflexión. El caso de Guillermo Lasso en Ecuador ilustra el riesgo de este camino; al intentar forzar su agenda mediante una consulta popular ante una Asamblea hostil, su derrota en las urnas se convirtió en el certificado de defunción de su autoridad política. Como bien advirtió Lasso tras la crisis: "El poder que ustedes me dieron en las urnas se los devolví para que eligieran su futuro". En el extremo opuesto, el modelo de Nayib Bukele en El Salvador ha llevado esta lógica a su estadio final, donde el líder ha prescindido de la mediación parlamentaria al convertir su popularidad en el único marco legal vigente: "Si la Constitución es un impedimento para la seguridad del pueblo, entonces la Constitución debe ser interpretada en función de esa seguridad, no al revés".
El mayor riesgo para el gobierno de Fernández no es la oposición legislativa, sino su propia propensión a la estatura técnica. La clave del éxito radica en la Simplificación Radical. El Ejecutivo necesita convertir la armonización eléctrica en el fin del monopolio que infla los recibos, y la gestión de Crucitas en la recuperación de la riqueza para financiar la seguridad pública. Si la administración Fernández decide ejecutar este camino, debe entender que no está sometiendo a consulta un proyecto de ley, sino su propia capacidad de mando. En el marco del Realismo Radical, la gobernabilidad es la forma más alta de justicia. La poesía de la deliberación parlamentaria debe dar paso al poder de la decisión. Si la Asamblea sigue renunciando a su deber, el referéndum dejará de ser una posibilidad para convertirse en la única ruta lógica. Costa Rica se asoma a una frontera conocida: la decisión de si el orden político será dictado por el inmovilismo de las élites legislativas o por el mandato directo de una sociedad que exige resultados.
Sobre el autor
Nacido en la República Checa, Jan Kozák es licenciado en Ciencias Políticas por Macalester College y cuenta con una Maestría en Estudios de Paz Internacional de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Jan Kozák fue galardonado con el Premio Hubert H. Humphrey-Walter F. Mondale en Ciencias Políticas por Macalester College en 2003. Es comentarista y analista político, y actualmente escribe sobre la disolución del orden global y paralelos históricos enjankozak2026.substack.com.
