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Ricardo Trujillo Molina
MScEE gerencia@fibrotel.cr
El Salvador, a diferencia de lo que muchos creen, piensan, escriben y publican, no está siendo gobernado por un dictador que pretende reelegirse indefinidamente, sino que por una nueva alianza política de sectores que confían en convertir al país en una república democrática electoral pero con un gobierno popular autocrático, sin gran oposición política polarizante en lo ideológico y en lo económico, pero con un acelerado desarrollo económico al estilo de Singapur, Taiwán, Corea y Emiratos Árabes, siguiendo el exitoso modelo político que han impuesto Xi Jinping y su partido comunista en China.
Totalmente al contrario de aquellos que creen, afirman, escriben y reportan que la democracia en El Salvador está enterrada para siempre, el adelanto de elecciones presidenciales programadas para febrero del 2027 demuestra todo lo contrario, pues el anticipo de elecciones presidenciales, legislativas y municipales de manera simultánea (al igual que en Costa Rica) le abre las puertas a muchos votantes, a expresar en las urnas, su descontento, su falta de libertad, y su amenaza contra sus derechos humanos, y a otros a ratificar su beneplácito y confianza en el actual presidente y políticas que viene ejecutando. El reciente decreto legislativo, muy criticado por la prensa mundial y de oposición en El Salvador, ha despertado una inmensa reactivación en los partidos de oposición como son ARENA y el FMLN, tal y como lo han expresado ante la prensa nacional. Muy probablemente otros nuevos partidos sin pasado político surgirán y participarán en ese proceso electoral adelantado. Oportunidad política que se da muy frecuentemente en países europeos, no aquí en Costa Rica.
(https://diarioelsalvador.com/arena-y-el-fmln-anuncian-que-daran-batalla/681660/)
Se trata de un próximo evento electoral que al igual que en Costa Rica, unificará en un solo día, la votación para elegir presidente, diputados y alcaldes municipales.
El reciente cambio constitucional reduciendo el gane electoral de la mayoría absoluta a la simple mayoría hará más rápido el gane tanto para el actual presidente, como para una nueva figura de oposición que ofrezca un programa de gobierno mucho mejor que el actual y que entusiasme a la población a votar por él.
Le llamo plebiscito a ese evento electoral porque el actual presidente está sometiendo su segunda reelección a votación popular antes del fin de su segundo mandato, tal y como lo hizo hace ya un año y medio, a inicios del 2024.
La población decidirá nuevamente mediante el sufragio libre y democrático y sin posibilidades de fraude, si le deposita su confianza para continuar con la administración actual del Estado y la dirección y rumbo del país por 6 años más, periodo de gobierno que también se cambió recientemente de los 5 años que son actualmente a seis a partir de 2027, o si se decide por un nuevo régimen y partido de gobierno.
¿Cuál será el resultado de esas elecciones?
Es muy probable y casi seguro que el votante optará por darle continuidad a la actual presidencia, pues así lo demuestran las estadísticas y el alto grado de satisfacción por el clima de seguridad y trabajo que el país ha logrado bajo la conducción del partido de gobierno y de su presidente. De manera similar que hace un año, el voto será el resultado de un profundo agradecimiento de todas aquellas familias que vivieron y sufrieron bajo la violencia asesina de las maras y demás delincuencia.
Aquí en Costa Rica, la diáspora salvadoreña que tuvo la oportunidad de votar y que en su inmensa mayoría vino huyendo de esa violencia y violación diaria del derecho a sus vidas, lo hizo en un 95% a favor de la reelección.
Por lo que han expresado las dirigencias políticas del bipartidismo del pasado, la prensa de oposición y la jefatura de la UCA bajo dirección jesuítica, la bandera de oposición será la de restauración de los derechos civiles coartados por causa del régimen de excepción, en especial el de la presunción de inocencia ante una acusación de índole criminal, y para evitar capturas policiales y arresto sin derecho a habeas corpus y pronto juicio. Esa bandera política muy posiblemente será de muy poca aceptación y votación para la mayoría del electorado que se consideran alejados de la política y que no son violadores de los derechos de los demás, ni realizan actividades criminales o delincuenciales.
Sin embargo, si el régimen actual recurre en este periodo preelectoral a la represión y censura contra esa oposición, y en el peor de los casos al garrote, bala y captura de sus jefaturas y militancias, es muy probable que la propuesta de cambio de régimen que es casi seguro propondrá la oposición, termine siendo aceptada y votada favorablemente por la juventud ciudadana, la cual es ahora la mayoría del grueso de los votantes.
Sin lugar a duda, el régimen actual esgrimirá a través de redes sociales, su más grande logro en materia de seguridad y respeto al derecho a la vida y al trabajo en paz, precisamente ante ese joven electorado, muy poco interesado en el quehacer político y en la lucha por ganar el poder político.
Esa lucha histórica por retener el poder político por unos pocos y de ganarlo por la mayoría en elecciones libres, no solo fue dura y sangrienta en el pasado, sino que polarizó a la sociedad salvadoreña, y al no resolverse políticamente los conflictos por poder, a falta de elecciones libres y sin fraude, la llevó a un conflicto armado.
El conflicto armado que vivió ese país, se inició por la disputa del poder político entre la creciente clase media y la clase alta terrateniente en alianza de los círculos militares. Esa lucha electoral por el poder político fue frustrada en repetidas ocasiones por el fraude electoral, lo cual incentivó a jóvenes radicales de la democracia cristiana a creer en la lucha armada para resolver ese impasse. Grandes sectores de la población, en especial los campesinos, en esa época organizados por curas predicando la teología de la liberación, fueron arrastrados sin opción alguna y en autodefensa de sus vidas, a esa vorágine de violencia de la lucha armada. La guerra llegó a su fin, gracias a un acuerdo de paz entre los sectores beligerantes, para retornar a la vida política y al proceso electoral.
En ese contexto posguerra y desde 1983, el país ha intentado resolver sus conflictos estructurales internos, mediante procesos electorales. Y en cada nuevo proceso electoral, los ganadores han sido los partidos cuya propuesta de gobierno más apoyo en votos logró.
Así es como el FMLN le gana a ARENA, después de 20 años de control político, y así fue como Nayib Bukele sin un partido político ya constituido, aprovechando la frustración y decepción ciudadana por los malos gobiernos que por casi 30 años desde la firma de los acuerdos de paz, gobernaron el país.
La lucha por el dominio del poder legislativo se libra en elecciones posteriores, y con el gane de la mayoría en ese poder, algo que se dio sin fraude alguno, y en absoluta libertad electoral y política, la presidencia ordena el nombramiento legislativo de toda una nueva jefatura del poder judicial. Algo que aquí en Costa Rica no ha sido posible todavía, pero que podría ocurrir a partir de las próximas elecciones, pues el empantanamiento político del cual padece este país, fue el mismo que sufrió El Salvador durante los primeros dos años de gobierno de Nayib Bukele.
La problemática política de El Salvador se inicia no con la declaratoria por 30 días de un régimen de excepción para algunos derechos constitucionales, el cual permitió el arresto de la delincuencia marera, y la devolución de amplias libertades y en especial del derecho a la vida de grandes sectores de menores ingresos que viven en las zonas suburbanas y que padecían del flagelo de la dictadura de las maras. Esta violencia marera no afectó en gran medida a las clases medias urbanas, ni a las clases empresariales ni de mediano o alto ingreso.
El problema político actual se inicia con la denuncia de El Faro, una agencia de prensa, la cual ha insistido en demostrar que hubo un pacto secreto entre Nayib Bukele y las maras el cual fue irrespetado por estas últimas, lo cual dio paso al régimen de excepción y la captura de miles de mareros y jóvenes vinculados con ellos.
La población está totalmente de acuerdo en la captura de esos mareros y en la actual tranquilidad y seguridad que se ha logrado y que se está viviendo, pero está siendo sometida por la prensa de oposición, a un bombardeo mediático que denuncia las capturas de supuestos defensores de los derechos humanos que en la realidad no son más que opositores políticos bajo la protección de ONGs, y de miles de jóvenes que son inocentes de su vinculación con las maras. Sin embargo esas denuncias no aportan pruebas al respecto y las capturas que se conocen son a causa de presuntos delitos cometidos por los ahora defensores de los derechos humanos, pero que se sabe fueron anteriores funcionarios en el anterior gobierno del FMLN.
Las próximas elecciones presidenciales adelantadas en dos años muy probablemente serán ganadas de nuevo por el actual presidente, ya que no hay por el momento una figura política reconocida con algún nivel de credibilidad y que haya propuesto un gobierno más eficiente, más transparente y más desarrollista que el actual, pero la oposición ganará más escaños legislativos y alcaldías municipales que los que actualmente tiene.
Es por lo anterior que el presidente Bukele reafirma frecuentemente que no le preocupa que lo tilden de dictador, pues sigue contando con gran apoyo popular, y así lo demuestran incluso las encuestas a cargo de la UCA y de su dirección jesuita, ahora de oposición.
La reciente manifestación del cardenal salvadoreño, Gregorio Rosa y Chávez, nos ha recordado la participación política de Monseñor Romero en los fatídicos días de 1977 hasta el día de 1981 cuando fue asesinado.
Aquella participación eclesiástica en representación de grandes masas campesinas que estaban siendo masacradas por el poder militar de la época, tenía una enorme aceptación popular.
Hoy día, solamente los periódicos de oposición le publican al cardenal sus arengas dominicales, las cuales prepara e intenta infructuosamente que sean un recordatorio de las homilías dominicales de Monseñor Romero, sin lograr más que la incorporación clara e indiscutible de la jefatura eclesiástica en el tinglado de la beligerancia política.
Conclusión
La bandera política en defensa de los derechos humanos que están enarbolando múltiples organizaciones, financiadas en su gran mayoría con dineros extranjeros, no será de ninguna manera la que les permitirá ganar adeptos políticos. La tesis presidencial de la plena validez del derecho al trabajo, a la vida y a la seguridad comunitaria, del 98% de la población, será sin duda alguna, la gran vencedora en esos próximos comicios.
En mi artículo anterior bajo el título de LAS CRUELES VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS de los salvadoreños, intenté hacer un recuento de casi un siglo de vida republicana y semidemocrática de la sociedad salvadoreña, pero sobre modelos de gobierno cruelmente represivos en lo social y político y extremadamente corruptos como fue la tónica en los 30 años posguerra, casi siempre contando con el voto electoral de una cuestionable mayoría. Solamente en dos ocasiones durante un siglo se suspendió el proceso electoral, y fue debido a golpes de estado y a la entrada en vigencia de una nueva constitución política. Me refiero a las constituciones de 1950 y de 1983.
Cansados de esa violación del derecho a la vida ejecutado por minorías, la población salvadoreña a partir del 2019 ha votado en dos ocasiones por un candidato y régimen de gobierno que lucha contra la impunidad de siempre y hace justicia por los miles de asesinados, con la única excepción del periodo del conflicto armado.
En febrero del 2027, la población podrá de nuevo votar a favor de un régimen que le ha cumplido con sus promesas de libertad y de respeto al derecho a la vida, inclusive para los mareros, a quienes a pesar de haber sido condenados jurídicamente por múltiples asesinatos con base a los testimonios de los familiares afectados, conservan su derecho a la vida cumpliendo cadena perpetua.
En este segundo plebiscito, la población podrá ratificar el rumbo de desarrollo económico que les ha ofrecido el actual gobierno, fundamentado en la atracción de capitales extranjeros, tanto de la diáspora en los USA, como de los bitcoineros del mundo, y de los grandes capitales a quienes una reciente ley les confiere exención de impuestos por muchos años. Esa inversión extranjera sin lugar a dudas generará el empleo que el país tanto necesita, puesto que al carecer de recursos naturales, sí cuenta con una gran población y con un sistema educativo en plena modernización.
Aquellos que solo denuncian la muerte de la democracia y la instauración de una dictadura, sobre la base de violación de derechos humanos y de cambios constitucionales, sin proponer una salida desarrollista a la población, seguirán buscando votos y soñando con llegar a compartir el poder político, enarbolando una propuesta electoral trillada y poco convincente como es la del retorno a la vida política con balance de poderes y pactos de gobernabilidad entre la élite política.
