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Costa Rica se jacta de su paz, pero ignora sistemáticamente la mayor insurgencia silenciosa que habita su suelo: el 21% de su población. No votan, no cotizan y no marchan bloqueando calles, lo que los vuelve invisibles para la política del "hoy por hoy". Sin embargo, la permanencia del contrato social costarricense no depende de los magistrados ni de los diputados, sino de la dignidad de quienes hoy miden menos de un metro cincuenta.
La Falacia del "Futuro": Un Secuestro Político
El discurso tradicional es una trampa retórica: "Los niños son el futuro". Esta frase, aunque suena idílica, es una forma de desposesión jurídica. Al situarlos en el futuro, les robamos el estatus de sujetos de derecho en el presente. Políticamente, esto permite postergar la inversión social bajo la lógica de la "espera".
Desde una perspectiva de impacto, debemos entender que las personas menores de edad son un sector político de choque. Si el Estado falla en garantizar la nutrición, salud mental y educación de una persona menor de edad hoy, está firmando la sentencia de muerte de la seguridad pública y la estabilidad económica de la próxima década. La inversión en esta población no es filantropía; es defensa nacional.
El Blindaje Jurídico: Más allá del PANI
Jurídicamente, Costa Rica está atada por un nudo gordiano de compromisos que a menudo ignora en la práctica presupuestaria:
Interés Superior de la Persona Menor de Edad: Este no es un concepto poético, es una norma técnica de aplicación obligatoria (Art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño). Significa que, ante cualquier duda en una política pública, la balanza debe inclinarse hacia ellos y ellas.
La Autonomía Progresiva: La ley reconoce que las personas menores de edad tienen voz. Ignorar su opinión en el diseño de ciudades, parques y sistemas educativos es, técnicamente, una violación al debido proceso democrático.
Prioridad Presupuestaria: La Constitución Política (Art. 78 y 82) y el Código de la Niñez y la Adolescencia mandatan que el presupuesto para este sector es intocable. Cualquier recorte en tiempos de crisis no es "austeridad", es una ruptura del hilo constitucional.
La Subversión Necesaria: Invertir donde duele
La verdadera pluma política debe ser frontal: Un país que gasta más en infraestructura vial para autos privados que en centros de cuido y salud mental juvenil es un país con una miopía estratégica terminal.
La población menor de edad en Costa Rica es la única fuerza capaz de revertir el invierno demográfico y sostener el sistema de seguridad social. Tratarlos como "cargas" o "proyectos de personas" es un error de cálculo que pagaremos con la irrelevancia como nación.
La medida de una civilización no se encuentra en sus monumentos de mármol, sino en el brillo de la mirada de sus niños, niñas y personas adolescentes más pobres.
Conclusión: El Derecho a la Rebeldía Institucional
Es hora de que la política costarricense deje de ver a las personas menores de edad desde el paternalismo y empiece a verlas desde la rendición de cuentas. La población menor de edad es el termómetro de nuestra salud democrática. Si ellos están bien, el sistema funciona; si ellos sufren, el sistema es una farsa.
La verdadera subversión hoy no es tomar las armas, sino tomar el presupuesto y devolverlo a quienes, por derecho natural y jurídico, son los verdaderos acreedores de nuestra historia.
Rodolfo Vicente Salazar
Abogado y Notario
Especialista en políticas públicas de personas Menores de Edad
Especialista en Ordenamiento Jurídico de Niñas. Niños y Personas Adolescentes
Especialista en docencia universitaria
Master en Derechos Humanos y Educación para la Paz
Académico Jubilado de la UCR y de la Universidad Nacional (INEINA)
