El miedo como método pedagógico 

Toda democracia tiene derecho a exigir neutralidad política de sus funcionarios. Lo que no puede hacer una democracia es confundir la neutralidad con el silencio.

La reciente circular emitida por el Ministerio de Educación Pública, presentada como un instrumento para impedir el adoctrinamiento político en escuelas y colegios, merece una reflexión mucho más profunda que la discusión coyuntural que ha generado. Porque el verdadero problema no reside en su propósito declarado —evitar el proselitismo partidario—, sino en el mecanismo escogido para alcanzarlo.

Nadie, en su sano juicio, podría defender que un docente utilice el aula para promover un partido político, inducir el voto o convertir la educación pública en una plataforma de propaganda. Esa prohibición ya existe. Forma parte de los principios más elementales de imparcialidad que rigen el ejercicio de la función pública.

Entonces, ¿qué aporta realmente la nueva circular?

Su principal novedad consiste en introducir conceptos tan amplios como “adoctrinamiento”, “captación ideológica” o “influencia política”, sin precisar sus límites ni ofrecer criterios objetivos para distinguir una infracción disciplinaria de una actividad pedagógica legítima. Y cuando una norma sancionatoria se construye sobre conceptos indeterminados, deja de ser una guía para convertirse en un instrumento de incertidumbre.

El primer efecto de esa incertidumbre no será la neutralidad. Será el miedo.

El docente que ayer analizaba con sus estudiantes una sentencia constitucional, un conflicto entre poderes del Estado, una reforma tributaria o una crisis institucional, mañana deberá preguntarse si algún padre de familia, algún director o algún funcionario considerará que ese análisis constituye “captación ideológica”. No importa tanto la respuesta. Lo verdaderamente grave es que la duda ya habrá producido el efecto buscado: la autocensura.

Y una democracia en la que los profesores comienzan a callar por temor a ser denunciados es una democracia que empieza a educar menos y a obedecer más.

Resulta paradójico que una administración que afirma defender la democracia termine debilitando uno de sus principales instrumentos de preservación: el pensamiento crítico.

Porque la democracia no consiste únicamente en votar cada cuatro años. También exige ciudadanos capaces de identificar falacias, distinguir hechos de propaganda, comprender el funcionamiento de las instituciones y cuestionar el ejercicio del poder, cualquiera que sea el partido que lo ejerza.

Ese aprendizaje necesariamente pasa por discutir política. No política partidaria.

Política en su sentido más noble: el estudio del poder, de las instituciones, de los derechos fundamentales, de la Constitución, de las decisiones públicas y de sus consecuencias sociales.

Pretender formar ciudadanos sin hablar de política equivale a pretender formar médicos sin hablar de enfermedades.

La educación pública no puede convertirse en un espacio donde los temas más relevantes para la vida democrática sean evitados por temor a consecuencias disciplinarias. Esa no es neutralidad. Es esterilización del debate público.

Más preocupante aún resulta el precedente institucional que esta circular puede establecer.

Hoy se limita el análisis político mediante una circular administrativa. Mañana podría restringirse la discusión sobre decisiones judiciales, conflictos sociales, políticas económicas o derechos humanos, siempre bajo el argumento de evitar influencias ideológicas.

Las libertades rara vez desaparecen de un solo golpe. Normalmente comienzan reduciéndose mediante actos administrativos aparentemente razonables, redactados en nombre de valores igualmente razonables.

La historia constitucional enseña que el deterioro de las libertades pocas veces inicia prohibiendo las ideas. Generalmente comienza generando suficiente incertidumbre para que las personas dejen de expresarlas voluntariamente.

Eso es precisamente lo que preocupa de esta circular. No prohíbe expresamente enseñar política. Logra algo mucho más eficaz: hacer que muchos docentes prefieran no hacerlo.

Y cuando el miedo sustituye al criterio profesional del educador, la escuela deja de ser un lugar donde se aprende a pensar para convertirse en un lugar donde se aprende qué es mejor no decir.

La democracia no necesita ciudadanos silenciosos. Necesita ciudadanos libres, críticos e incómodos. Y esos ciudadanos no nacen del miedo. Se forman en las aulas.

Raúl Alexánder Camacho Alfaro

Abogado