Costa Rica se llena la boca hablando de paz y democracia, pero sostiene una guerra fría contra su propia descendencia. Hoy, el 21% de nuestra población —más de un millón de personas menores de edad— habita un país que los idolatra en el discurso y los desmantela en el presupuesto. No es un descuido administrativo; es un infanticidio simbólico.
Hemos caído en la trampa del "mañana". Al repetir que las personas menores de edad son el futuro, les hemos robado el derecho a ser sujetos de prioridad en el presente. Políticamente, esta frase es el escondite perfecto para la negligencia: si son el futuro, la inversión puede esperar al próximo cuatrienio. Pero el hambre, el abuso y la falta de conectividad no conocen de calendarios electorales.
La Ley no es una sugerencia
Jurídicamente, Costa Rica está cometiendo un desacato técnico. El Interés Superior de la Persona Menor de Edad no es un concepto poético para decorar discursos del 9 de septiembre; es una norma de rango constitucional. Según nuestra legislación y los tratados internacionales suscritos, la inversión en niñas, niños y personas adolescentes no es negociable ni está sujeta a la "regla fiscal" cuando esta amenaza derechos fundamentales.
Cada recorte en educación, cada programa de red de cuido desfinanciado y cada lista de espera en salud mental juvenil es una violación directa al contrato social. Estamos ante una estafa institucional: les exigimos que sean ciudadanos ejemplares en el mañana, mientras les negamos las herramientas básicas de dignidad hoy.
El costo de la indiferencia
El adulto centrismo de nuestra clase política es suicida. Un país que envejece a pasos agigantados no puede permitirse el lujo de perder a una sola persona menor de edad ante la exclusión o la criminalidad. No es caridad; es supervivencia nacional.
Si un puente se cae, lo declaramos emergencia nacional. Si la educación pública colapsa y miles de personas menores de edad quedan fuera del sistema, lo llamamos "ajuste fiscal". Esa hipocresía es el cáncer de nuestra democracia. La verdadera subversión hoy no es marchar por privilegios gremiales, sino exigir que el presupuesto regrese a quienes, por derecho natural y legal, son los dueños de este suelo.
Costa Rica no se mide por su crecimiento del PIB, sino por la mirada de sus niños, niñas y personas adolescentes más vulnerables. Y hoy, esa mirada nos debería quitar el sueño.
Rodolfo Vicente Salazar
Abogado y Notario
Especialista en políticas públicas de personas Menores de Edad
Especialista en Ordenamiento Jurídico de Niñas. Niños y Personas Adolescentes
Especialista en docencia universitaria
Master en Derechos Humanos y Educación para la Paz
Académico Jubilado de la UCR y de la Universidad Nacional (INEINA)





































