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Costa Rica se encamina hacia un nuevo periodo constitucional, pero mientras las banderas políticas se recogen, queda desplegada la realidad de más de 1000000 de personas menores de edad. Para la señora Presidente electa y los 57 diputados y diputadas, las niñas, niños y personas adolescentes no pueden seguir siendo el "anexo decorativo" de los discursos de toma de posesión. No es un tema de "ternura" o "caridad"; es un tema de Derecho Duro y de supervivencia estructural.
Desde la sociología jurídica, observamos una paradoja dolorosa: somos el país que abolió el ejército para invertir en educación, pero hoy, 1 de cada 5 niños(as) vive en condición de pobreza y nuestro sistema educativo atraviesa un "apagón" que amenaza con sepultar la movilidad social. Jurídicamente, el Principio del Interés Superior de las personas Menor de edad (consagrado en el Art. 51 de la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño) no es una sugerencia lírica; es un mandato vinculante que obliga al Estado a priorizar a esta población en cada colón presupuestado y en cada ley aprobada.
El compromiso no es con el "futuro", es con el presente de quienes hoy no tienen voz en el plenario, pero sí tienen necesidades que no esperan a la próxima legislatura.
5 Recomendaciones Viables para el Periodo 2026-2030
Eje de Acción Recomendación Estratégica Justificación
1. Blindaje Fiscal Garantizar la intangibilidad de los recursos destinados a programas de equidad (comedores, becas, transporte) y el cumplimiento progresivo del 8% constitucional para educación. Un derecho sin presupuesto es una alucinación jurídica. La inversión en primera infancia tiene el mayor retorno económico y social para el país.
2. Reingeniería del PANI Transformar el PANI de una entidad "reactiva e institucionalizadora" a una de prevención comunitaria. Menos expedientes acumulados, más intervención en el núcleo familiar. La institucionalización debe ser la última ratio. El derecho a vivir en familia es el pilar del desarrollo emocional sano.
3. Plan de Emergencia Mental Implementar una política nacional de salud mental en centros educativos para atender las secuelas de violencia y aislamiento post-pandemia. La sociología advierte: una generación con ansiedad y depresión no atendida es una generación que no podrá sostener la democracia ni el mercado laboral.
4. Seguridad Ciudadana Infantil Crear "Entornos Protectores" en barrios vulnerables, recuperando espacios públicos y combatiendo el reclutamiento de personas menores de edad por bandas criminales. No basta con más policías; se requiere presencia estatal integral para que el "barrio" deje de ser un factor de vulnerabilidad y vuelva a ser un espacio de juego.
5. Participación Efectiva Institucionalizar mecanismos de consulta donde las opiniones de niños(as) y personas adolescentes influyan en el diseño de leyes que les afectan directamente. Las personas menores de edad son sujetos de derechos, no objeto de protección. Escucharlos no es un gesto amable, es un ejercicio de ciudadanía activa.
Un llamado al realismo político:
Señores y señoras representantes: el éxito de su gestión no se medirá solo por el PIB o el déficit fiscal, sino por cuántos niños y niñas logran salir de la línea de pobreza bajo su mando. La historia —y la ley— no les perdonará que, teniendo la herramienta del poder, permitan que el código postal de un niño siga determinando su destino.
El compromiso es hoy. Las personas menores de edad no votaron, pero sus derechos sí cuentan
Para que el compromiso pase de la retórica a la Gaceta, propongo las siguientes rutas de acción:
Para profundizar en el diseño técnico de estas propuestas, debemos trascender el "qué" y concentrarnos en el "cómo". Como especialistas, sabemos que las buenas intenciones sin una arquitectura institucional robusta terminan siendo, en el mejor de los casos, retórica, y en el peor, una malversación de esperanzas.
Aquí detallo la ingeniería jurídica detrás de tres ejes fundamentales:
1. Arquitectura del "Blindaje Fiscal" (Protección Presupuestaria)
Desde la sociología económica, la inversión en personas menores de edad no es un gasto, sino una "pre-inversión" con una tasa de retorno social altísima. Técnicamente, esto requiere:
* Modificación a la Regla Fiscal: Proponer una reforma a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N° 9635) para que los programas de Inversión Social Pública para niñas, niños y personas adolescentes (ISPIA) sean considerados "gasto de capital humano" y no gasto corriente ordinario. Esto evitaría que, en épocas de austeridad, se recorten los comedores escolares o las becas de transporte.
* Trazabilidad del Gasto (Etiquetado): Crear un clasificador funcional del gasto en el Ministerio de Hacienda que permita identificar cada colón invertido en menores de edad. Actualmente, el presupuesto está disperso y es difícil medir el impacto real de cada inversión.
2. Reingeniería del PANI: Del Modelo Tutelar al Modelo de Autonomía
Jurídicamente, el PANI debe dejar de ser una "máquina de judicialización" para ser una entidad de soporte familiar.
* Desinstitucionalización Progresiva: Rediseñar los lineamientos técnicos para que el acogimiento familiar (familias de acogida) sea la norma y los albergues la excepción absoluta. Técnicamente, esto implica que el presupuesto que hoy se gasta en mantener un albergue se traslade a subsidios profesionales para familias de acogida, bajo supervisión técnica rigurosa.
* Desconcentración Territorial real: El PANI no puede operar desde oficinas en provincias. Se requiere el despliegue de Unidades de Intervención Temprana integradas por un triunvirato técnico (Derecho, Psicología y Trabajo Social, acompañados de otras ciencias sociales) con presencia en los 24 distritos más vulnerables del país, operando 24/7.
3. Salud Mental: La Intersección MEP-CCSS
Desde la sociología de la educación, sabemos que un niño(a) ansioso no aprende. El diseño técnico propone:
* Protocolos de "Alerta Temprana" Automatizados: Utilizar la plataforma SABER del MEP para cruzar datos de ausentismo, rendimiento y reportes de conducta. Mediante algoritmos de detección, el sistema generaría una alerta a la CCSS antes de que la crisis estalle (intento de autolesión o expulsión escolar).
* Unidades de Salud Mental Escolar (USME): Crear plazas compartidas entre el MEP y la CCSS. No se trata solo de tener un orientador, sino de equipos clínicos que puedan realizar diagnósticos y recetar tratamientos dentro del entorno escolar, eliminando las listas de espera de meses en los Ebáis para una cita de psicología.
4. Seguridad Ciudadana: Prevención del Reclutamiento Criminal
La sociología de la desviación advierte que las bandas criminales llenan los vacíos que el Estado deja.
* Zonas de Especial Protección (ZEP): Identificar polígonos geográficos con alta incidencia delictiva y aplicar un Urbanismo Táctico para las personas menores de edad. Esto incluye iluminación LED de alta potencia, recuperación de parques con monitoreo inteligente y "rutas seguras" hacia las escuelas y colegios.
* Programas de "Segunda Oportunidad" Jurídica: Fortalecer la justicia restaurativa para menores de edad, asegurando que el paso por el sistema penal juvenil no sea un doctorado en delincuencia, sino un proceso de reinserción sociolaboral real con acompañamiento de la empresa privada.
El Indicador de Éxito
Para medir esto, no basta con encuestas de opinión. Sugiero la creación del Dashboard Nacional para las personas menores de edad: una plataforma de datos abiertos que actualice trimestralmente indicadores como:
Tasa de malnutrición infantil.
Porcentaje de personas menores de edad fuera del sistema educativo.
Tiempo promedio de resolución de procesos de protección en el PANI.
El Voto de quienes no Votan
La política costarricense suele pecar de un "presentismo" electoral que ignora a quienes no aparecen en el padrón. Sin embargo, desde la mirada garantista sabemos que el tejido de una nación no se mide por su crecimiento macroeconómico, sino por la calidad de la vida cotidiana de sus ciudadanos más vulnerables. Jurídicamente, la deuda con las personas menores de edad es exigible e inaplazable.
Señora Presidente, señores y señoras Diputados: gobernar para las niñas, niños y personas adolescentes no es un acto de benevolencia, es el cumplimiento de un contrato social que hoy muestra grietas peligrosas. Si al terminar su gestión en 2030, los indicadores de pobreza infantil no han bajado y la violencia en nuestras aulas no ha retrocedido, la historia —y la ley— no recordará sus grandes obras de infraestructura, sino su incapacidad para proteger lo más sagrado de nuestra democracia.
La mesa está servida y las soluciones técnicas existen. Solo falta la voluntad política para entender que los niños, niñas y personas adolescentes no son el futuro de Costa Rica; son el presente absoluto que sostiene la viabilidad de nuestro país. No permitan que esta sea otra "década perdida" para quienes hoy dependen de su firma y su voto.
Porque en una democracia real, el bienestar de una persona menor de edad en la zona sur o en un precario de San José debe valer lo mismo que el interés del inversionista más audaz. Es hora de demostrarlo.
Rodolfo Vicente Salazar
Abogado y Notario Publico
Especialista Jurídico en derechos de personas menores de edad
Especialista en Ordenamiento Jurídico de niñas, niños y adolescentes
Especialista a docencia universitaria
Master en Derechos Humanos y Educación para la paz
