Diputada Andrea Álvarez anuncia voto negativo para referéndum porque “abre la puerta para la corrupción”

Al considerar que el referéndum jaguar del presidente Rodrigo Chaves abre la puerta para la corrupción, la diputada Andrea Álvarez del Partido Liberación Nacional (PLN), anunció hoy que votará en contra de la consulta popular.

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Para Álvarez Marín, el plan tiene severos cuestionamientos de constitucionalidad.

“Considero muy irresponsable que el gobierno pretenda someter al país a un desgaste sobre un proyecto de ley cuyo fin es debilitar las competencias de la Contraloría General de la República y desmantelar sus poderes de fiscalización. Si se reducen o limitan los controles, se abre un peligroso paso hacia la corrupción”, indicó la legisladora.

Por otra parte, la diputada señaló que no va a ceder ante las amenazas del Presidente de, según él, exhibir y “quemar” a quienes no estén de acuerdo con su ocurrencia de turno.

La legisladora es hija de Antonio Álvarez, excandidato del PLN, y la empresaria Nuria Marín. La familia tiene negocios de alquiler con el Estado, según ha señalado el presidente Chaves..

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En ese sentido, Álvarez señaló que está 100% a favor de la construcción de la Ciudad Gobierno e indicó que, si el Gobierno hubiera tramitado la contratación como exige la ley, siguiendo el camino correcto y los procedimientos establecidos, ya estaría en trámite su construcción.

“El proyecto de referéndum es lamentable y decepcionante, pues no incide en la calidad de vida de las y los costarricenses. Honestamente, esperaba que se sometieran a la voluntad popular temas que sí sean de impacto en la seguridad, economía, vivienda y otros aspectos que siguen pendientes de resolver en la vida de los costarricenses. Lo propuesto es una venganza contra las instituciones que evitan, hoy por hoy, que los corruptos se roben la plata y cometan actos irregulares”, dijo Álvarez.

La Ley Jaguar para el Desarrollo Nacional que presentó el presidente Chaves en días pasados implica un referéndum antes de las elecciones presidenciales del 2026 y se centrará solo en un puñado de temas.

Se trata básicamente de una reforma de la ley que cobija a la Contraloría General, el desarrollo de Ciudad Gobierno y la Marina y Terminal de Cruceros de Limón.

La propuesta de ley modifica la ley de contratación administrativa y aclara normas y competencias de la Contraloría General.

El plan no incluye la venta del BCR, ni las jornadas 4x3, ni tampoco una revocatoria de mandato o reelección presidencial.

En caso de que la Asamblea no le dé los 29 votos que se requieren para avanzar con la consulta, se hará el referéndum por medio del mecanismo de iniciativa popular, por lo que se buscará la firma del 5% del padrón electoral.

En este caso, el gobierno estaría en una carrera contra el tiempo para avanzar con el plan.

El proyecto Ciudad Gobierno consiste en la construcción de cuatro o cinco torres de edificios para reunir a mas de 10 mil empleados públicos en un solo sitio. La idea, es ahorrarle al Estado unos $20 millones al año en alquileres.