Deben aprender a comunicar

Ante el creciente avance de la desinformación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anunció en enero de 2026 el fortalecimiento de su estrategia de comunicación. Esta decisión reconoce que la justicia internacional ya no puede hablar solo a través de tecnicismos; requiere una estrategia que trascienda la imagen institucional para convertirse en un pilar de legitimidad y un motor de apropiación ciudadana de la justicia.

Durante décadas, los tribunales internacionales de derechos humanos han operado bajo una premisa casi monástica: la idea de que los jueces solo deben hablar a través de sus sentencias y opiniones consultivas. En este ecosistema idealizado, la palabra del magistrado se consideraba una verdad técnica que los Estados, por pura lógica democrática, debían acatar.

Sin embargo, en la era de la posverdad, esta máxima no solo es anacrónica, sino peligrosamente ingenua. Hoy, la sentencia ya no representa el final de una disputa, sino el disparo de salida de una guerra simbólica. En este contexto debemos considerar que el fenómeno del lawfare ha mutado. Ya no se limita a la persecución de opositores; ahora busca desmantelar la credibilidad de las instituciones que protegen la democracia.

Cuando un tribunal, por ejemplo, la Corte IDH, juzga a un Estado y emite un fallo que incomoda al poder, la respuesta oficial rara vez es jurídica. Asistimos a una orquestación de ataques ad hominem y campañas de desinformación que tachan a los jueces de "activistas ideologizados" o "invasores de la soberanía". Esta arquitectura del engaño tiene un objetivo algo perverso, anular la apropiación social de los derechos.

Si una sociedad percibe al organismo encargado de proteger sus derechos como un actor hostil, la sentencia pierde su fuerza transformadora. Se convierte en un documento estéril; una victoria en el papel que nunca llega a la calle porque el relato oficial ha envenenado la percepción pública antes de que el ciudadano comprenda el alcance de sus propios derechos.

Aquí es donde la comunicación responsable como dimensión estratégica de la responsabilidad social, debe reclamar su lugar. No como un ejercicio de relaciones públicas, sino como una dimensión intrínseca de la función judicial. Existe una brecha abismal entre el lenguaje técnico de los tribunales y la comprensión popular, un vacío que es aprovechado sistemáticamente por los discursos populistas.

Si la justicia no se entiende, se percibe como una imposición. Por lo tanto, la labor pedagógica de los tribunales ya no puede ser accesoria. Un tribunal que renuncia a explicarse en un lenguaje accesible está, de facto, renunciando a su propia defensa y, lo que es más grave, a la protección efectiva de las víctimas.

Es imperativo avanzar hacia una suerte de "defensoría institucional" de la verdad jurídica. Esto no implica propaganda, sino asumir que la legitimidad es un activo intangible que debe gestionarse. La comunicación debe actuar como un escudo frente a las fake news y como un puente de traducción cultural.

Para que esta apropiación social sea efectiva, estos organismos deben trascender el modelo de comunicación unidireccional y adoptar estrategias de pedagogía jurídica proactiva.

Esto se traduce en la creación de "sentencias ciudadanas", versiones en lenguaje claro y formatos multimedia que desglosen el impacto del fallo, y el establecimiento de alianzas estratégicas con la academia, el periodismo independiente y la sociedad civil organizada. Recordemos que, no se trata solo de informar, sino de democratizar el acceso al razonamiento judicial para que el ciudadano reconozca en la justicia internacional no una injerencia externa, sino su último recurso de protección frente a la arbitrariedad.

Al transformar un expediente técnico en una narrativa de dignidad humana, la sentencia deja de pertenecer únicamente a los abogados para convertirse en un patrimonio ético de la sociedad, blindándola así contra cualquier intento de manipulación política.

La soberanía de los derechos humanos en el siglo XXI no se defiende únicamente con protocolos; se defiende en la arena del discurso público. Es tiempo de que los tribunales internacionales de derechos humanos salgan de sus torres de marfil y aprender a comunicar su propósito con la misma destreza con la que redactan sus fallos.

Al final del día, la justicia que no logra ser comprendida por el pueblo al que sirve, corre el riesgo de convertirse en un eco lejano que el ruido del poder podrá silenciar sin resistencia alguna.

José Angel Vega LiceaInvestigador- Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP). Contacto: jose.vega.licea_e@icap.ac.cr