Alvaro Madrigal

Alvaro Madrigal

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Jueves 4 Octubre, 2007

De cal y de arena
Alvaro Madrigal

Mi voto será por el NO en el referéndum. Este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, más que por sus regulaciones en punto al intercambio de mercancías —donde poco agrega a los contenidos de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe— es pernicioso para mi país porque, por obra del equipo negociador, desguaza el modelo de sociedad de inestimable y valiosa cuantía forjado con tanto esmero y que es razón y causa de progreso con justicia social. Con el referéndum el soberano puede enmendar la usurpación de sus irrenunciables competencias y rescatar para sí las decisiones que arbitraria e inconsultamente (en cuarto cerrado) se arrogaron aquellos negociadores desatados por gracia del nihilismo presidencial de entonces. Votaré NO convencido de que este Tratado está plagado de penumbras, confusiones y contradicciones, grave síntoma de anorexia jurídica. Casi a todo le falta claridad. Así se ha evidenciado en los debates habidos estas semanas, lo que prenuncia querellas de todo tipo, frecuencia y talante ante órganos de solución de controversias internos y externos al convenio en los que el juego de influencias y de fuerzas hace pensar que los intereses nacionales no están debidamente amparados. Tengo por demostrado que el Cafta nos arrebata potestades vitales para decidir en política pública y limita y condiciona los contenidos del rumbo económico con efectos dañosos para la sociedad (los ganadores acrecerán su poder y los perdedores rondarán el vecindario de la exclusión). Sus mismos promotores han admitido que con el TLC viene una nueva concepción del modelo de sociedad y de país, no precisamente —así lo veo— compatible con el orden establecido por la Constitución Política en el Capítulo de Derechos y Garantías Sociales. Concuerdo con el Leonardo Garnier que en mayo de 2005 advertía sobre la trascendencia de grandes problemas y fallas presentes en el tejido social costarricense y sobre la urgencia de resolverlos. Con el Leonardo que decía que aprobar el TLC sin corregir esos vacíos, haría mayor la concentración en un lado de los frutos de la apertura y que repudiaba “el atolillo de una escuálida agenda complementaria”.
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Voy a la urna sorprendido porque una aberración legislativa que el Tribunal Electoral no supo (o no quiso) desautorizar, nos impone pronunciarnos sobre el dictamen rendido por unos diputados gobiernistas que avalan el TLC y no sobre el Tratado firmado en Washington y depositado en la OEA. Hubiera querido, también, llegar a la urna libre de los resquemores que me provoca el poco celo habido para salvaguardar la integridad de las reglas de equidad, imparcialidad política y justa disposición de espacios en los medios de comunicación, causa eventual —por la polarización existente— de un “duro desenlace”. Esta desaprensión puede ser el talón de Aquiles de esta coyuntura histórica. Con la potestad constitucional que tienen para crear Derecho y que ejercieron cuando crearon el amparo electoral, los magistrados pudieron seguir a la Corte Europea de Derechos Humanos y a otros tribunales europeos que han puesto en claro que el Derecho Electoral supone restricciones de índole pública aplicables incluso a los sujetos de derecho privado que participan en los procesos (por ejemplo los medios de comunicación colectiva) en aras del principio de equidad.