Oposición lleva secreto de Estado de Laura Fernández a la Sala IV

Bajo el argumento de que “la plata de todos no puede gastarse a escondidas”, los cuatro partidos de oposición en el Congreso decidieron llevar a la Sala IV la declaratoria de secreto de Estado que hizo la presidenta Laura Fernández sobre asuntos de seguridad nacional.

El grupo, conformado por el Partido Liberación Nacional, el Frente Amplio, el PUSCy Agenda Ciudadana, presentó una acción de inconstitucionalidad, al considerar que se trata de “un atropello a la transparencia, al acceso a la información pública y al control fiscal”.

El Bloque Democrático, como se autodenominan los opositores, se opone a que las políticas de Seguridad se administren en la sombra bajo el pretexto de un "secreto de Estado" fabricado a la medida.

“Ocultar presupuestos, compras públicas y contrataciones tras el concepto amplio de "seguridad nacional" deja a la ciudadanía en una grave situación de indefensión frente a decisiones unilaterales, arbitrarias e inconsultas del Gobierno de turno. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se utilizan los recursos que todos aportamos y las instituciones responsables de fiscalizarlos deben poder cumplir con su función”, dijo el grupo.

Los opositores temen, además, la eventual compra de un software israelí que sirva para espiar a los ciudadanos, incluyendo periodistas, diputados de oposición, magistrados, académicos y otros opositores al Gobierno.

Esto, porque anteriormente Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, señaló que se estaba valorando la compra de un software que usa el Mossad, que es la agencia de inteligencia israelí.

“Este decreto anula la facultad de la ciudadanía y de la representación legislativa de exigir cuentas claras y recibir explicaciones oportunas sobre el destino de los fondos públicos. El acceso a la información pública es la regla general y el secreto de Estado debe ser una excepción estricta y restringida”, indicó el grupo.

En medio de la lucha contra las bandas narcotraficantes, la presidenta declaró como secreto de Estado la información referente a la DIS, la Fuerza Élite y los contratos de seguridad.

La mandataria había manifestado anteriormente su preocupación por mantener en secreto algunas de las discusiones e inteligencia emanada de Fuerza Élite y, por ello, ordenó incluso la realización de pruebas de polígrafo para los asistentes.

El grupo Fuerza Élite es un equipo de trabajo conformado por diversas policías, autoridades del Poder Judicial y los altos jerarcas del Gobierno para enfrentarse al narco y crimen organizado.

En ese sentido, el Gobierno justificó su decisión argumentando que la divulgación de ciertos datos podría comprometer operaciones policiales, revelar vulnerabilidades institucionales, afectar compromisos internacionales y poner en riesgo la vida de funcionarios y terceros ante la amenaza del crimen organizado.

El secreto de Estado impone un deber de silencio absoluto a todos los participantes en estas instancias, incluyendo jerarcas, miembros de fuerzas policiales, personal de apoyo y asesores. El decreto advierte que quienes incumplan con esta disposición se exponen a procedimientos administrativos, sanciones legales por quebrantamiento del secreto y la resolución contractual sin responsabilidad para la administración.

“Ese decreto lo que hace es blindar las acciones de defensa nacional, para que precisamente el Gobierno esté bien protegido y lo que vamos a hacer y estamos haciendo no caiga en manos de los delincuentes. Así que reitero, la información pública de relevancia nacional sobre la seguridad lo seguirá siendo, pero será secreto de Estado todo aquello que pueda ser peligroso que los delincuentes conozcan”, agregó Fernández.