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A pesar de que el gobierno costarricense aceptó recibir vuelos con migrantes deportados desde Estados Unidos, el país no contaba con las condiciones mínimas para garantizar su atención, según reveló la Defensoría de los Habitantes en un reciente informe.
El organismo señaló que desde el 20 de febrero, cuando aterrizó el primer vuelo procedente de EE. UU., las autoridades fueron advertidas sobre deficiencias en el proceso de recepción y asistencia a las personas retornadas, pero las mejoras fueron implementadas de manera tardía y parcial.
Angie Cruickshank Lambert, defensora de los Habitantes, criticó que la atención a los más de 200 migrantes —incluyendo mujeres, niñas, niños y adolescentes— no cumplió con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
“Estas personas nunca tuvieron la intención de ingresar al país, fueron trasladadas por la fuerza y bajo detención, producto de un acuerdo migratorio entre dos países. Espero que esta desafortunada historia no se repita”, advirtió.
Entre las principales observaciones del informe, la Defensoría alertó que los migrantes fueron tratados “como un paquete”, sin considerar sus condiciones personales y familiares ni la complejidad de sus nacionalidades y contextos políticos.
Además, denunció que menores en edad escolar no lograron acceder a su derecho a la educación mientras permanecieron en el Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM-Sur).
El documento incluye nuevas recomendaciones para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro, subrayando que cualquier acuerdo migratorio debe garantizar la protección integral de los derechos humanos desde el primer momento.
