Costa Rica entre la ciberseguridad y la ingenuidad estratégica: análisis ala Estrategia Nacional de ciberseguridad de Costa Rica 2023-2027 

Hace apenas una semana que por medio de una conferencia de prensa que se le notifico al país que una vez más el país había sido victima de los hackers, esto es tema de la nueva era digital que nos encontramos, claro está, pero Costa Rica enfrenta hoy una contradicción que ya no puede disimularse. Ante las declaraciones del ministerio correspondiente la embajadora de China la honorable diplomática Wang Xiayao, se manifesto solicitando pruebas costarricenses sobre los supuestos ciberataques atribuidos a autores chinos, mientras el gobierno le niega transparencia a su propio pueblo, a sus aliados internacionales, fallandole tanto a la diplomacia, la seguridad y a la democracia.

Por un lado el Gobierno de CR acude a Estados Unidos en busca de respaldo, cooperación y fortalecimiento en materia de ciberseguridad; por otro lado, se mueve en una arquitectura regional donde Nicaragua a través de TELCOR y de Nahima Díaz, en la presidencia pro témpore del Grupo Ad Hoc de la Estrategia Regional Digital del SICA (2023-2027) ha tenido conducción funcional en espacios donde también se impulsaron componentes regionales de ciberseguridad. Al mismo tiempo, Costa Rica asumió liderazgo en la estrategia regional de ciberseguridad dentro de ese mismo marco. la actual ministra de micitt Paula Bogantes denuncia un ciberataque de espionaje, en el ICE (posiblemente desde China). Esto nos revela que la política exterior y de seguridad del país se vuelve cada vez más ambigua.

La pregunta en este caso sería: ¿qué significa exactamente que el Ministerio MICITT pida apoyo a Washington para blindar la ciberseguridad costarricense, mientras se participa en esquemas regionales donde el aparato estatal de un régimen autoritario tiene presencia operativa? Dicho con más claridad: esto se parece demasiado a pedir auxilio para proteger la red mientras, al mismo tiempo, se entrega la clave del wifi a quienes forman parte del entorno regional de mayor riesgo político e institucional Nicaragua. No se trata de negar la necesidad de mecanismos regionales, se trata de advertir que no toda cooperación equivale a confianza estratégica y que en seguridad digital la ingenuidad institucional puede costar muy caro. Tomando en cuenta el contexto político centroamericano, donde el régimen Ortega-Murillo ha sido descrito por expertos de las Naciones Unidas (UN,2024) como una estructura autoritaria que ha profundizado la represión y la vigilancia transnacional contra opositores y exiliados, incluso dentro de CR. No se trata ya de una crisis exclusivamente interna de Nicaragua, sino de una amenaza regiona. Frente a ese cuadro, insistir en relaciones excesivamente complacientes o “neutrales” con Managua no es realismo diplomático: es una peligrosa confusión entre vecindad geográfica y confiabilidad estratégica.

Cuando un gobierno no separa con nitidez la ciberseguridad, la diplomacia, la seguridad fronteriza y las alianzas estratégicas, termina mezclando categorías que deberían permanecer cuidadosamente delimitadas.

Costa Rica corre así el riesgo de proyectar hacia el exterior una imagen de solidez occidental y alineamiento hemisférico, mientras hacia adentro tolera ambigüedades que debilitan su credibilidad, siendo esto la verdadera incongruencia. No basta con denunciar amenazas externas ni con hablar de cooperación tecnológica con Estados Unidos si, paralelamente, se sostiene una política regional que transmite permisividad, ambivalencia o cálculo político frente al eje autoritario centroamericano de Nicaragua. En términos simples: no se puede pedir blindaje estratégico al norte mientras se minimizan, relativizan o adornan los riesgos que provienen del vecindario inmediato.

Esa contradicción no es solo diplomática también es institucional, en Costa Rica, Laura Fernández fue ratificada como candidata presidencial del oficialismo y al mismo tiempo aparece en el centro de la estructura gubernamental como actual ministra de la Presidencia, reforzando ante la opinión pública la idea de continuidad entre gobierno y proyecto electoral. Ese dato, combinado con la narrativa oficial de crisis, seguridad y defensa del Estado, produce una imagen cada vez más inquietante: la de una co-gobernanza política que desdibuja las fronteras entre administración pública, campaña, continuidad y concentración de poder. La comparación con ciertos estilos de mando de la región puede resultar incómoda, pero el problema no desaparece por evitar nombrarlo.

Por eso, cuando muchos ciudadanos perciben que Costa Rica empieza a parecerse demasiado a una “Costa Nica” no necesariamente están haciendo una comparación superficial o folclórica, están señalando el temor de que el país abandone su tradición institucional de claridad democrática para entrar en una zona gris donde la seguridad se vuelve discurso, la diplomacia se vuelve coartada y la continuidad política se vuelve método. En ese escenario, la ciberseguridad deja de ser un asunto técnico y se convierte en una ventana para observar una transformación más profunda del Estado, en esta era digital esto es crucial.

Lo más delicado, sin embargo, no es la economía ni siquiera el incidente cibernético en sí mismo lo más delicado es la falta de transparencia estratégica. Costa Rica parece intentar convencer a sus aliados de una narrativa internacional de responsabilidad, cooperación y seguridad, mientras en la política interna se profundiza la percepción de opacidad, continuidad concentrada y manejo ambiguo de los riesgos regionales. Esa duplicidad erosiona la confianza, y la confianza es el activo central de cualquier democracia pequeña que depende de su prestigio institucional.

La lección debería ser evidente: La ciberseguridad no puede administrarse con improvisación política, ni la relación con regímenes autoritarios no puede presentarse como un ejercicio inocuo de cortesía regional cuando hay de por medio vigilancia, y estructuras estatales cuestionadas por la comunidad internacional.

En conclusión, lo verdaderamente alarmante no es solo la vulnerabilidad digital de Costa Rica, sino la lógica política que comienza a rodearla: un país que acude a Estados Unidos en busca de apoyo, financiamiento y legitimidad en ciberseguridad, mientras simultáneamente se inserta en una arquitectura de ciberseguridad regional donde Nicaragua (a través de TELCOR y de Nahima Díaz en la presidencia pro témpore del grupo ERDI del SICA) ha tenido influencia en proyectos que incluyen componentes de ciberseguridad, y además firma acuerdos bilaterales.

Esa contradicción alimenta una imagen cada vez más inquietante: la de una Costa Rica que corre el riesgo de convertirse en una “Costa Nica” no porque haya dejado de ser formalmente una democracia, sino porque empieza a normalizar una peligrosa cercanía política, simbólica y estratégica con el estilo de co-gobernanza del régimen Ortega-Murillo ante la opinión pública de la sensación de continuidad concentrada en una versión tica del dúo Ortega-Murillo con Chávez-Fernández. Si esa ambigüedad no se corrige con transparencia, delimitación institucional y verdadera claridad estratégica, el problema dejará de ser solo de ciberseguridad y pasará a ser una crisis de credibilidad democrática con consecuencias para toda la región.

Licda. Michelle Ellis consultora en diplomacia, protocolo y derechos humanos por el USIDHR y especialista en derecho informático por la UH, orgullosamente costarricense.