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Costa Rica ha construido durante años un marco jurídico amplio para proteger los derechos de las mujeres, sin embargo, cuando se observan las cifras de violencia y las denuncias que llegan a las instituciones, el panorama revela una realidad muy distinta.
Así lo advirtió la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, quien describió la situación como “contradictoria”.
Y es que, mientras la normativa reconoce cada vez más derechos y establece mecanismos de protección, en la práctica las mujeres continúan enfrentando vulneraciones que reflejan que aún queda mucho por hacer.
En 2020 el país registró 30 femicidios y en 2025, la cifra aumentó a 36 mujeres asesinadas, según datos del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial.
Solo en lo que va del 2026 ya se contabilizan nueve muertes violentas de mujeres en el país.
Detrás de esos números hay también historias familiares marcadas por la violencia.
De las víctimas registradas el año pasado, 26 eran madres. Como consecuencia, 57 personas quedaron huérfanas y 39 de ellas eran menores de edad.
Por otro lado, las tentativas de femicidio, que se refiere a las situaciones en las que la agresión no llega a concretarse como asesinato, también muestran una tendencia al alza.
En 2020 se registraron 114 casos, mientras que en 2022 la cifra subió a 137.
A esto se suma el alto volumen de medidas de protección que tramitan los tribunales.
Entre 2018 y 2023 se solicitaron en promedio 142 medidas por día; para finales de 2025 había más de 42.000 activas.
Para la Defensora, estas cifras reflejan no solo la magnitud del problema, sino también la presión que enfrenta el sistema institucional encargado de responder a las denuncias.
“Estos números reflejan un sistema sobrecargado, con brechas estructurales importantes; pero, sobre todo, reflejan que las acciones que el Estado ha tomado en estos años resultan insuficientes”, señaló Cruickshank.
El reto de prevenir, no solo reaccionar
Uno de los principales desafíos es que gran parte del sistema está diseñado para actuar cuando la violencia ya ocurrió.
Es decir, responde a la denuncia, a la agresión o al daño consumado, pero todavía tiene dificultades para anticiparse a las situaciones de riesgo, de acuerdo con la Defensora.
Por ello, la institución insiste en que el país debe avanzar hacia un enfoque más preventivo.
Esto implica fortalecer la capacitación y sensibilización, mejorar la intervención temprana y lograr una coordinación real entre las diferentes entidades que trabajan en la protección de las víctimas.
Asimismo, la garantía de los derechos depende de instituciones sólidas y con recursos suficientes para implementar políticas públicas sostenidas en el tiempo.
Escuelas que aún no son espacios seguros
Otra de las alarmas son los registros de hostigamiento sexual, que muestran a niñas y jóvenes entre las principales víctimas.
En 2023, el 91,84% de las personas denunciantes en casos de hostigamiento sexual fueron mujeres y más de la mitad (57,85%) correspondía a menores de edad.
Las cifras del Ministerio de Educación Pública también reflejan un aumento en las denuncias presentadas por estudiantes.
En 2024 se reportaron 181 casos y en 2025, la cifra subió a 326.
En lo que va de 2026 ya se registran 35 denuncias.
Para la Defensoría, estos datos obligan a reconocer una realidad incómoda: los centros educativos todavía enfrentan desafíos importantes para garantizar entornos seguros e igualitarios, especialmente para niñas y adolescentes.
Este panorama fue parte del análisis que la Defensora presentó recientemente en México, durante actividades organizadas por las Comisiones de Derechos Humanos de los estados de Tlaxcala y Guerrero.
En esos espacios compartió la situación de Costa Rica en materia de derechos humanos de las mujeres y los desafíos que enfrentan los sistemas educativos para garantizar espacios libres de violencia.
De acuerdo con la Defensoría, estos encuentros permitieron intercambiar experiencias, identificar buenas prácticas y fortalecer alianzas entre instituciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos.
Además, contribuyen a mantener abierto el diálogo regional sobre los desafíos que aún persisten en materia de igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres.
