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La presentación del proyecto de ley de la presidenta Laura Fernández el pasado 15 de junio de 2026 para endurecer las penas contra la reincidencia marca un punto de inflexión en la política de seguridad nacional. Con la contundencia que la caracteriza, la mandataria ha puesto sobre la mesa una propuesta que busca desmantelar lo que ella denomina la "alcahuetería del sistema penal", un concepto que, en su visión, ha permitido que el crimen se institucionalice en el país. Como exploramos en mi análisis previo sobre el "Blindaje Tecnológico y la Nueva Era de la Seguridad Transnacional", el país ha transitado de ser un territorio de tránsito poroso a consolidarse como un nodo de vigilancia estratégica, pero la tecnología requiere de un andamiaje legal que respalde la acción policial.
La propuesta actual de Fernández es la continuación lógica de una agenda que prioriza la seguridad como el eje central de su administración. La pieza angular de este proyecto es la implementación de una "dosimetría penal diferenciada", mediante la cual el delincuente reincidente deja de recibir el mismo trato que un primario. Al presentar la iniciativa ante el Congreso, la presidenta fue enfática al declarar que: "Tiene que acabarse la alcahuetería contra los criminales reincidentes. Quien haga del crimen su forma de vida tiene que recibir penas más severas, nosotros estamos del lado de la víctima".
Este giro busca limitar drásticamente los beneficios penitenciarios para delitos de alto impacto, garantizando que las sentencias se cumplan en su totalidad. Sin embargo, la propuesta ha abierto una grieta profunda en el debate público nacional. En las calles, el respaldo ciudadano es palpable entre quienes han sufrido la inseguridad. Un ciudadano, reflejando el hartazgo social ante un sistema que consideran laxo, sentenció que: "El pueblo de Costa Rica estaba muy cansado de mantener vagos en las cárceles, de pagarles la comida, el techo, la protección, y que no le devuelvan nada al país; esto es una alcahuetería que tiene que acabarse ya". Este sentimiento es compartido por los cuerpos policiales, quienes ven en la reforma un respaldo necesario para su labor diaria. Un oficial de la Fuerza Pública, frustrado por la recurrencia delictiva, señaló: "¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo cómo arrestamos a los mismos criminales una y otra vez para que un juez los libera por arraigo familiar o laboral? Es como echar agua en un canasto y tirar a la basura el esfuerzo y la vida de los policías".
No obstante, esta "mano dura" enfrenta una resistencia institucional y política significativa. Desde la Asamblea Legislativa, voces como la de Ariel Robles (Frente Amplio) han marcado una línea roja, cuestionando el avance sobre la institucionalidad del Estado. Robles argumenta que: "Hoy estamos perdiéndolo todo; nos quitaron lo social y ahora vienen también por la democracia. No podemos permitir que se metan con el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones. Esto no es seguridad, es el sueño de un autoritario". Esta postura resuena con las advertencias de diversos analistas internacionales, quienes observan con preocupación el posible desmantelamiento de los contrapesos democráticos en el país. Un observador regional, al evaluar la coyuntura, advirtió que: "La disyuntiva de Costa Rica es histórica: enfrenta la presión de adoptar respuestas maduras frente a la violencia, como el modelo de megacárceles, pero a costa de sacrificar la tradición de derechos humanos que ha sido su sello distintivo ante el mundo".
Desde la lente del Radical Realism y bajo mi formación académica en International Peace Studies, el debate debe trascender la dicotomía simplista entre "mano dura" y "garantismo". La paz, lejos de ser la mera ausencia de tensión, exige una estructura de orden funcional donde el contrato social no sea una abstracción, sino una realidad palpable para el ciudadano. La propuesta de la Presidenta Fernández, vista desde esta perspectiva, no es una renuncia a la justicia social, sino un reconocimiento de que el Estado, en su función más elemental, tiene la obligación ineludible de monopolizar el uso de la fuerza para contener a quienes, mediante la violencia sistemática, han roto unilateralmente el tejido de la paz pública.
Como argumenté en mi artículo anterior sobre la transición gubernamental, la presidenta Fernández no recibe un cheque en blanco, sino una estructura técnica compleja que demanda sostenibilidad. Este nuevo proyecto de ley enfrenta el mismo reto: más allá de las penas elevadas, el éxito dependerá de la capacidad del Estado para operar herramientas como el Registro Nacional de Reincidencia con eficiencia y transparencia. En la construcción de una paz sostenible, la firmeza institucional es el cimiento necesario para evitar la anomia social. La pregunta que queda para la Asamblea Legislativa y para la sociedad costarricense es si esta "mano dura" será la respuesta definitiva ante un crimen organizado que evoluciona más rápido que las leyes, o si el costo de esta transformación será una erosión permanente de los valores que definen nuestra madurez democrática. La respuesta de los diputados será, en última instancia, el termómetro que medirá el éxito de esta administración frente a la crisis de seguridad del siglo veintiuno.
Sobre el autor:
Jan Kozák
Nacido en la República Checa, Jan Kozák es licenciado en Ciencias Políticas por Macalester College y cuenta con una Maestría en Estudios de Paz Internacional de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Jan Kozák fue galardonado con el Premio Hubert H. Humphrey-Walter F. Mondale en Ciencias Políticas por Macalester College en 2003. Es comentarista y analista político, y actualmente escribe sobre la disolución del orden global y paralelos históricos en jankozak2026.substack.com.
