Los cambios en las políticas económicas anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos, en particular las relacionadas con los aranceles, y las posibles represalias de otros países, así como nuevas realidades del mercado en tiempos de inestabilidad financiera, están teniendo un impacto en la confianza empresarial, las inversiones y los flujos de capital, lo que puede resultar en riesgos para la operación de muchas empresas.
Según el informe “Perspectivas Económicas Mundiales” del Banco Mundial (Junio 2025), se espera que el aumento de las tensiones comerciales y la incertidumbre política impulsen el crecimiento mundial este año a su ritmo más lento desde 2008. México, Centroamérica y el Caribe están altamente integrados en la economía estadounidense a través del comercio, la inversión, las remesas y los vínculos financieros.
Si bien la demanda interna se mantiene resiliente, se espera que las exportaciones de toda la región se debiliten este año en medio del creciente proteccionismo comercial y la incertidumbre política. Se prevé que la disminución prevista de los precios de las materias primas incida moderadamente en el crecimiento regional, ya que muchos países son exportadores de materias primas. Los riesgos para las perspectivas siguen siendo a la baja.
Las entidades deben analizar las consideraciones contables asociadas con el impacto potencial del entorno económico incierto. Se prevé que el proceso de elaboración de estimaciones, proyecciones e hipótesis será más complejo en el entorno económico actual.
Factores como el aumento de la inflación, los problemas de la cadena de suministro, la reducción significativa o exclusiva de clientes o las compras discontinuadas de la entidad, entre otros, deben reflejarse en las estimaciones y proyecciones futuras de una entidad.
Dado que estas estimaciones y proyecciones pueden incluir variables muy impredecibles, es posible que las entidades deban aplicar un juicio significativo sobre una gama más amplia de resultados y volver a examinar los hechos y circunstancias con mayor frecuencia.
Del mismo modo, las entidades deberán estar atentas a eventos y condiciones que puedan ser más prevalentes en las condiciones económicas actuales y deberán tenerse en cuenta, como los siguientes:
- Indicadores de deterioro, ya sea dentro de la propia entidad o dentro de su entorno operativo, contrapartes o clientes que requieren una revisión del deterioro o una prueba de deterioro.
- Posible violación o dificultades para cumplir con los convenios de deuda en los acuerdos de deuda, u obtener modificaciones de la deuda o refinanciamiento en respuesta a las presiones de los flujos de efectivo.
- Es posible que sea necesario revisar los patrones de reconocimiento de ingresos si se cuestiona la cobrabilidad, se activan componentes variables de los contratos de venta, los contratos existentes se vuelven deficitarios debido al aumento de los costos, cualquier modificación del contrato que pueda haber tenido lugar o los costos y esfuerzos estimados de una entidad han cambiado.
- El inventario estacional y los productos perecederos pueden estar expuestos al riesgo de pérdida debido a cambios en su demanda.
- Las indemnizaciones por despido pueden proporcionarse como parte de los planes de reestructuración (debido a la reducción de la plantilla de la entidad).
Las entidades que esperan verse significativamente afectadas por posibles cambios en las políticas económicas y fiscales pueden necesitar considerar si dichos cambios resultan en violaciones de las cláusulas de deuda (covenants).
Las entidades necesitan evaluar si alguna violación pudiese haber ocurrido a partir de la fecha de presentación de información financiera y si cualquier incumplimiento de cláusulas identificada afecta la clasificación de la deuda como un pasivo corriente o no corriente en el estado de situación financiera. Además, ese análisis informará la consideración de la entidad sobre su capacidad para continuar como un negocio en marcha.
Las entidades deben monitorear la evolución de las prioridades de política económica y fiscal de cualquier anuncio gubernamental, incluido el estado de los diversos desafíos legales, para garantizar que sus pronósticos sean razonables y respaldables a la luz de la información actualmente conocida y conocible.
Sylvia Loría Directora de Auditoría de Grant Thornton





































