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La reciente alza de tarifas eléctricas que el ICE está solicitando a la ARESEP no es para inversión en el proceso de generación de la energía eléctrica, sino que 10% es para el proceso de transmisión y 34% para el de distribución. La solicitud de incremento de tarifas para el proceso de generación es minúscula y de solo un 2,6%.
La razón para ello no la ha justificado todavía el ICE, pero serán fondos provenientes de los abonados, vía alza tarifaria, para invertirse en subestaciones, líneas de transmisión y redes de distribución con el fin de expandir la potencia actual y adecuarla a las exigencias energéticas de los próximos 30 años.
Ya el ICE anticipó algo de ese requerimiento al publicar, esta misma semana, que está por adjudicar y ya adjudicó a consorcios privados la contratación de energía con recursos renovables, con 200 a 300 MW de potencia aproximadamente.
El ICE y las empresas distribuidoras de electricidad saben perfectamente que no pueden oponerse a la aprobación del proyecto de ley de armonización del sistema eléctrico nacional, por cuanto no cuentan con los fondos ni financiamiento suficientes para invertirlos en los parques de generación eléctrica que serán necesarios a futuro, y que tendrán que compartir esa responsabilidad con el sector privado.
Es por lo anterior que esas empresas ya comenzaron a apretar el acelerador para el control de su dominio monopólico, que seguirá siendo por muchas décadas más en las áreas de las subestaciones de voltaje, líneas de transmisión a alto voltaje y redes de distribución a medio y bajo voltaje.
Es allí, y no en generación, adonde las distribuidoras ejercen su verdadero monopolio, el cual a la fecha no tiene oposición alguna a pesar de la vigencia de la ley 10.086, que tuvo como propósito incentivar la generación distribuida con fondos privados.
La vigencia de un reglamento complejo, burocrático y caro sobre generación distribuida y de sus tarifas asociadas desestimula la inversión privada en esa tecnología, privilegiando de manera absoluta esos monopolios en distribución.
Existe un trámite de solicitud de aprobación de uso de DERs privados, es decir, de plantas de generación distribuidas privadas, de cuatro pasos pagados que, para muchos abonados interesados, se vuelve un verdadero viacrucis de varios meses y hasta años de trámite.
Existe una tarifa leonina de acceso a la red para la generación distribuida, que no tiene relación con la energía aportada a las redes comerciales en kilovatios-hora, sino con la potencia en kilovatios de la planta, que siempre será mayor y no proporcional a la primera.
Esa tarifa de acceso es una duplicación de la tarifa que se paga por el servicio de distribución, pues se trata del uso de la misma red de cables de baja tensión, conocida con el pentagrama que vemos en todas las calles del país.
Los años de oposición férrea a la aprobación de la ley 10.086 en el seno legislativo y de aprobación por la ARESEP en dos ocasiones de los reglamentos y tarifas asociadas a la generación distribuida fueron años en los que el aporte energético nacional de ese tipo de generación pudo haber contribuido, en especial al mediodía y en la época veraniega y soleada, a la reducción de corrientes desde las grandes centrales de generación del ICE hasta las redes de distribución locales. Al disminuir estas corrientes, los conductores reducen también su temperatura de operación, de 70 a 45 grados centígrados, y los transformadores son menos propensos a fallas por sobrecarga. Lo mismo ocurre con las líneas de alta tensión, que son extremadamente caras de expandir y construir.
Se dice que los monopolios son dañinos para todos los mercados y sus poblaciones, en especial cuando existen tecnologías sustitutas. Lo hemos vivido con la transición de las carretas al tren y después a los camiones, y hoy en día a los grandes barcos y aviones de carga.
La generación solar distribuida es la tecnología de más bajo costo para generar electricidad hoy en día en todo el planeta, precisamente porque no implica gasto en subestaciones, transmisión y generación.
La oposición de varios años que las empresas distribuidoras mantuvieron contra el desarrollo de esa tecnología y en beneficio de sus intereses monopólicos hoy le pasa la factura al abonado, en especial a los de menos recursos, gracias al modelo solidario que también los obliga a gastar en expansión de las redes de transmisión y distribución.
Con esta nueva alza en tarifas eléctricas, miles de abonados de bajo consumo preferirán desconectarse totalmente de la red nacional y, para los de mayor consumo, operar en isla desconectados de la red durante las horas del día, recargando baterías por la noche a tarifa horaria sumamente baja.
A esta realidad que están por vivir las empresas distribuidoras de electricidad se le llama “pegarse un tiro por la culata”, “echarse la soga al cuello”, “ser su propio verdugo”, “caer en su propia trampa”, o ejercer el famoso acto japonés del harakiri.
Ricardo Trujillo Molina MScEE
gerencia@fibrotel.cr
