Comercio ilícito no se combate con más impuestos

El comercio ilícito se ha consolidado en América Latina como un fenómeno transnacional que impacta gravemente en las finanzas públicas, la salud ciudadana y la seguridad regional. Sin embargo, las políticas públicas suelen reducir el problema al ámbito fiscal, bajo la premisa de que aumentar impuestos desincentiva el consumo ilegal. La evidencia demuestra lo contrario: los incrementos impositivos solo amplían la brecha entre el producto legal y el ilegal, estimulando el contrabando y fortaleciendo las redes criminales.

Revisemos un poco los datos:

Para el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Costa Rica deja de percibir más de $180 millones de dólares anuales por contrabando de cigarrillos y licores. El comercio ilícito no se limita a estas mercaderías: incluye productos adulterados que ponen en riesgo la vida, ropa, calzado, bolsos, relojes y hasta medicamentos que se venden en la vía pública en pleno San José.

En el caso específico del cigarrillo de contrabando, este se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado transnacional. Cifras de la Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del Comercio Ilegal (CIMA) muestran que Panamá pasó de un 60 % de consumo ilegal en 2014 a más del 90 % en 2024; Ecuador, de un 5 % al 84 %. En Colombia, el mercado ilícito siguió creciendo incluso después de la captura de decenas de estructuras criminales.

El Ministerio de Hacienda reconoce en voz de su director general Juan Carlos Brenes que

 “El informe está explicado por impuesto y por actividad económica, no así por el tipo de actividad que hacen los contribuyentes en función de incumplir, entonces no se puede dar un dato exacto de cuánto sería el contrabando, cuánto es la evasión o la elusión, pero sí el incumplimiento general por impuesto, que es como lo trabajamos” (Teletica.com).

En 2023, como lo menciona Juan Carlos Brenes al medio digital, el Ministerio de Hacienda estimó en 30 mil millones de colones anuales las pérdidas por contrabando de cigarros. A esto se suma la expansión vertiginosa de outlets y las compras por internet, que han extendido el problema a prácticamente todos los sectores. Pese a ello, la política fiscal continúa defendiendo la idea de que el aumento en los decomisos y la caída en algunos indicadores de incumplimiento son evidencia de que el trabajo se hace bien. Pero la realidad muestra que los impuestos desproporcionados terminan alimentando el mercado ilegal.

Colombia y Ecuador ofrecen ejemplos contundentes. Un estudio de Tovar (2021) para la Universidad de los Andes reveló que por cada 10 % de aumento en el impuesto al cigarrillo, el contrabando crece un 7 %. La reforma colombiana de 2016 lo evidenció con claridad: al triplicarse la tarifa, el mercado ilegal pasó del 13 % al 25 % en apenas dos años. En Ecuador, las reformas de 2015 y 2016 duplicaron el impuesto al tabaco y dispararon el contrabando del 5 % en 2014 a un alarmante 53 % en 2017, según Fedesarrollo (2024).

El problema de fondo no es tributario, sino estructural. Donde hay crimen organizado, hay corrupción y fragilidad institucional. Las fronteras son porosas, los organismos de inteligencia no saben cómo investigar el contrabando y las fiscalías carecen de recursos suficientes. A ello se suma la sobreproducción de cigarrillos ilegales y falsificados desde países como Corea del Sur, India, Camboya, Turquía y China, que luego llegan a Paraguay para inundar los mercados de América y el Caribe.

Las consecuencias son múltiples y profundas: déficit fiscal, intoxicaciones y muertes por productos adulterados, fortalecimiento del crimen organizado y diversificación de economías ilegales. Cada producto de contrabando que se compra en la calle no solo evade impuestos, también financia el narcotráfico, blanquea capitales y contribuye a consolidar estructuras criminales que controlan territorios y generan violencias.

El contrabando que financia al narcotráfico no puede resolverse desde la perspectiva fiscal. No es colocando más impuestos como se corrige un problema que afecta la salud pública, debilita la economía formal y erosiona la institucionalidad democrática.

Costa Rica necesita una política integral, de supervisión y anticorrupción. Esta política debe involucrar al Estado, al sector privado, a la academia y también a los organismos multilaterales y los sistemas de gestión como el Operador Económico Autorizado (OEA) de Aduanas, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y la fiscalía que investiga legitimación de capitales. Ello implica fortalecer aduanas y fiscalías con más recurso humano, incorporar a la academia en procesos de investigación aplicada y coordinar con instituciones internacionales para contener la sobreproducción global de productos ilícitos. La Cátedra sobre combate al comercio ilícito de la Universidad para la Paz es un excelente ejemplo.

El comercio ilícito no es un asunto de cifras fiscales: es un problema de salud pública, de justicia social y de seguridad ciudadana. Hasta que no se diseñe e implemente una política integral contra el contrabando y la corrupción, el consumo seguirá desplazándose hacia el mercado ilegal y el narcotráfico continuará acumulando poder económico y territorial. La urgencia es impostergable: o actuamos como país de manera unida y decidida, o las muertes y violencias seguirán siendo la factura con la que se pague la inacción en nuestra sociedad.

Tania Molina

Escritora , criminóloga