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Lunes, 19 de noviembre de 2018



NACIONALES


Gobierno ha pedido ilegalidad de protesta en 27 instituciones

Carlos Alvarado podría despedir a huelguistas

Sectores solicitan al mandatario no dejarse “chantajear por sindicatos”

Esteban Arrieta [email protected] | Miércoles 12 septiembre, 2018

Carlos Alvarado
Elaboración propia/ La República


Si la huelga del sector público es declarada ilegal por los juzgados de trabajo, Carlos Alvarado, presidente de la República, podría despedir sin responsabilidad patronal a los trabajadores que se nieguen a regresar a sus puestos.

Esa es la mayor sanción que establece la Reforma Procesal Laboral, aunque está por verse si el mandatario cruzará una línea que ningún otro de sus predecesores se ha atrevido a pasar.

Por el momento, el gobierno sí ha dejado claro que rebajaría el salario a los empleados públicos que no vuelvan a sus lugares de trabajo.

Asimismo, ha procedido a denunciar a 27 instituciones de realizar una huelga ilegal, incluidos el MEP, el ICE y la Caja Costarricense de Seguro Social.

Históricamente, los gobiernos han logrado conseguir la ilegalidad de las protestas y aunque amenazan con el rebajo de los salarios, al final terminan concediendo una salida negociada que incluye la no aplicación de sanciones.

Lea más: Con huelga o sin huelga, nuevos impuestos siguen adelante

El proceso para declarar una huelga ilegal duraría unos 15 días hábiles, siempre y cuando, los sindicatos apelen la sentencia en primera instancia, de acuerdo con Erick Briones, jefe del Departamento Legal del Ministerio de Trabajo.

El proceso ya inició en la mayoría de los casos, otorgándoles a los trabajadores la posibilidad de ofrecer una respuesta por escrito ante los juzgados. Posteriormente, se realizaría una audiencia oral, para después proceder al fallo.

En ese sentido, diputados de oposición como Pedro Muñoz, le han pedido al mandatario que “se amarre los pantalones” y no se deje presionar por los sindicatos.

“El gobierno no puede ceder ante presiones y nosotros tampoco”, dijo Muñoz.

Lea más: Carlos Alvarado enfrentaría una de las mayores protestas de últimos 20 años

Mientras tanto, el sector productivo ha señalado que los burócratas lo único que buscan es defender sus pluses salariales, los cuales están en peligro con el plan fiscal que se discute en el Congreso, ya que se aprobarían varios cambios a la baja, como la reducción de las anualidades a un monto fijo, en vez de un porcentaje, de acuerdo con Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias.

El mandatario estaría ante una encrucijada para iniciar “la reforma del Estado que Costa Rica requiere desde hace años”, dijo Kevin Casas, exvicepresidente de la República.

Los sindicatos iniciaron una huelga indefinida este lunes para oponerse a la reforma fiscal que tramitan los legisladores en la Asamblea Legislativa.


Reglas claras


La eventual ilegalidad de una huelga acarrea el rebajo de los días no laborados para los trabajadores e incluso el despido sin responsabilidad patronal.

Erick Briones

Jefe del Departamento Legal
Ministerio de Trabajo

El procedimiento de legalidad o no de una huelga está estipulado en la Reforma Procesal Laboral, el cual es muy rápido, y, en principio, no debería durar teóricamente, más allá de 15 días hábiles, en caso de ir a la segunda instancia con la apelación. Después de esta etapa, no hay otro recurso.
Una vez que se dé la declaratoria de ilegalidad, se debe comunicar a los trabajadores que deben volver al trabajo, de lo contrario, se aplicarían las sanciones correspondientes.

Kevin Casas

Exvicepresidente
Costa Rica

El hartazgo social con los sindicatos del sector público es intenso y generalizado. Si el presidente Carlos Alvarado cede al chantaje, será el fin de su gobierno y de la esperanza que despertó.
Si se mantiene firme, quizá sea el inicio de la reforma del Estado que Costa Rica requiere desde hace años.

Laura Chinchilla

Expresidenta
Costa Rica

Hay que hacer un sacrificio sin duda alguna. Si no solucionamos el problema fiscal, los intereses van a incrementarse, en cuyo caso, aquello que pagamos por el préstamo del carro, de la casa o préstamo personal, nos va a salir más caro. Si no solucionamos el problema fiscal, las empresas no van a tener acceso al crédito y se va a generar más desempleo.

Jaime Garro

Abogado
Lexincorp

Si la huelga es declarada ilegal por un juzgado, los trabajadores que se mantengan en paro tendrán 24 horas para volver a su puesto de trabajo, de lo contrario, el patrono podría bajarles el día no laborado y, eventualmente, despedirlos.
Ahora bien, no creo que estas declaratorias se den esta misma semana, ya que aunque el proceso es expedito, porque se trata de servicios públicos, hay también la posibilidad de apelar.

Enrique Egloff

Presidente
Cámara de Industrias

En la Cámara de Industrias de Costa Rica rechazamos categóricamente la huelga. Los líderes sindicales son irresponsables e irrespetuosos y tratan de engañar a los costarricenses diciendo que la huelga es contra los impuestos.
La huelga afecta la economía, el empleo, los servicios de salud, los esfuerzos contra el desempleo y la pobreza. Esto no es más ni menos que una acción antipatriótica de líderes sindicales precisamente en el Mes de la Patria.

Natiuska Traña

Gerente
EY Law

Para ir a una huelga, los trabajadores tienen que cumplir con un procedimiento establecido, que incluya una suspensión concertada y pacífica e informarle al patrono y también al Ministerio de Trabajo sobre el movimiento; además, que se hayan acabado todas la medidas de conciliación y arbitraje indicadas. A la falta de acuerdo, se considera concluido el procedimiento y se tienen 20 días para ir a huelga.
La rebaja salarial y despido sin responsabilidad patronal son las sanciones establecidas.


En la mira


Los trabajadores de 27 instituciones públicas fueron denunciados por hacer una huelga ilegal.

Fuente: Presidencia de la República


¿La manzana de la discordia?


Los sindicatos iniciaron una huelga indefinida en contra de los nuevos impuestos que pretende el gobierno; sin embargo, el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas incluye una serie de cambios en el empleo del sector público que estarían motivando las protestas.

Fuente: Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas


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