Con huelga o sin huelga, nuevos impuestos siguen adelante

Sin importar que los trabajadores del sector público iniciaron una huelga indefinida ayer, el gobierno de Carlos Alvarado y los diputados continuarán luchando por aprobar nuevos impuestos.

Y es que el inicio de la protesta no preocupó —de momento— a ninguno de los actores políticos, quienes sostienen que la reforma fiscal es el mejor camino para mitigar el déficit.

Mientras tanto, los diputados de la comisión especial finalizaron anoche su trabajo y trasladaron el proyecto fiscal al plenario para su trámite en primer debate.

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En ese sentido, algunos de los actores acusaron a los sindicatos de propiciar una protesta solo para defender sus pluses salariales, sin importar el grave problema fiscal del país.

“Hay que tener claridad de que esta huelga liderada por Albino Vargas y algunos sectores sindicales no es una huelga por la reforma fiscal, sino para defender y resguardar privilegios injustificados en el sector público”, dijo Enrique Sánchez, legislador del PAC.

La propuesta fiscal que discuten los diputados no solo elimina las diferencias entre los diversos regímenes salariales, para crear un solo sistema; sino que también baja de 20 años a 12 años el tope cesantía.

Por otra parte, establece una nueva regulación para otros pluses como la dedicación exclusiva y disponibilidad que se pagarían a un menor número de funcionarios, mientras que al mismo tiempo, elabora un nuevo mecanismo de evaluación para otorgar la anualidad, la cual solo se otorgaría a los burócratas que alcancen una calificación de “extraordinario o muy bueno”.

El gobierno no puede dejarse chantajear por los sindicatos y debe “amarrarse los pantalones”, de acuerdo con Pedro Muñoz, diputado del PUSC, en la comisión fiscal que estudia los nuevos tributos.

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“El gobierno no puede ceder ante presiones y nosotros tampoco. La semana pasada, con motivo de la eliminación del enganche salarial de los médicos y la instancia a Uber a dejar el país, el gobierno pecó de falta de pantalones en momentos cruciales, donde lo que se necesita es valentía y no aflojarles a los gremios. El problema fiscal se arregla con impuestos sí, pero también reactivando la economía y conteniendo el gasto”, agregó Muñoz.

El gobierno de Alvarado y las bancadas de Liberación Nacional, el PUSC y el PAC están conscientes del grave déficit fiscal, que se estima cerrará en un 7,2% del PIB al finalizar el año.

Si esto llegase a pasar, se prevé una mayor inflación y un aumento generalizado de los intereses de préstamos y tarjetas, lo cual encarecería el crédito y con ello, el sector privado —que es el principal empleador del país— sería mucho más receloso para invertir.

Mientras tanto, la bancada legislativa de Restauración Nacional, la segunda más numerosa del Congreso —con 14 legisladores—, hizo un llamado a los huelguistas para que depongan su movimiento de protesta y dialoguen con el gobierno.

“Comprendemos y compartimos aspectos que enarbolan estos grupos; sin embargo, creemos que debe ser por medio de los canales institucionales y de derecho que debemos luchar para alcanzar nuestros objetivos y luchas. Llamamos a la cordura y a preservar la paz social y el orden constitucional. Seguiremos luchando para que los impuestos no recaigan sobre las clases más pobres y la clase media”, dijo Carlos Avendaño, jefe de fracción de Restauración Nacional.

Por su parte, el mandatario aseveró ayer en conferencia de prensa que las puertas del diálogo están abiertas en Casa Presidencial.

Sin embargo, condicionó la negociación política hasta que los sindicatos frenen la afectación de los ciudadanos con sus protestas.

La propuesta

Los trabajadores del sector público consideran que la propuesta fiscal del gobierno recae sobre los hombros de los trabajadores, por lo que defienden una alternativa diferente, enfocada “en los grandes intereses económicos”, según ellos.

• Ejecución eficaz de la valoración aduanera
• Establecer los principios de Renta Global y Renta Mundial
• Impuesto a las utilidades financieras del cobro usurero de tarjetas de crédito y otros
• Impuesto sobre grandes contribuyentes (de un 30% a un 36% solamente para empresas que tributan ¢250 millones o más, o con renta bruta de ¢40 mil millones o más)
• Impuesto a las transacciones financieras internacionales (se propone el establecimiento de un recargo sobre los capitales provenientes del exterior cuya permanencia en el país sea menor a un año)
• Contribución solidaria del sistema de exenciones para zonas francas
• Revisión de privilegios y exoneraciones fiscales
• Ataque frontal a la evasión fiscal

Fuente: Propuesta sindical