Captura del Estado y narcoestatización

Bajo una perspectiva amplia, la narcoestatización designa un proceso mediante el cual el crimen organizado transnacional (COT) no solo infiltra al Estado, sino que asimila funciones estatales, reconfigura su estructura y redefine sus vínculos con la ciudadanía. A diferencia de la mera corrupción o colusión, la narcoestatización implica una transformación funcional del aparato estatal, donde actores criminales participan activamente en la producción de normas, la asignación de recursos y la gestión territorial.

Este fenómeno se manifiesta en tres niveles:

i. Captura institucional. El COT penetra estructuras administrativas, judiciales, legislativas y policiales, condicionando decisiones públicas, licitaciones, nombramientos y marcos regulatorios.

ii. Gobernanza criminal. En territorios periféricos o abandonados, las organizaciones criminales ejercen funciones de seguridad, justicia informal, redistribución económica y control social, desplazando al Estado como proveedor de orden.

iii. Legitimación simbólica. A través de códigos estéticos, religiosos y culturales, el COT construye formas de lealtad y pertenencia que compiten con las narrativas estatales, especialmente en contextos de exclusión y violencia estructural.

La narcoestatización no es homogénea ni lineal. Adopta formas diversas según el contexto político, institucional y social: desde esquemas de captura total (como en Honduras o Nicaragua), pasando por modelos híbridos (Guatemala, El Salvador), hasta expresiones incipientes (Costa Rica, Belice). En el Caribe insular, el colapso haitiano y las vulnerabilidades dominicana y jamaicana refuerzan esta hipótesis.

Este concepto permite superar las explicaciones reduccionistas del crimen como fenómeno externo o desorganizado. En cambio, plantea que el COT opera como un sistema de poder paralelo, capaz de redefinir la democracia, la economía y la cultura política en América Latina y el Caribe.

La narcoestatización, entonces, no es solo una amenaza: es una forma emergente de gobernanza que exige respuestas integradas, transnacionales y de largo plazo. Por ende, la captura del Estado presenta formas y grados distintos, desde la cooptación total del aparato estatal hasta la infiltración subnacional y la corrupción selectiva.

Costa Rica enfrenta una transición crítica: de ser un país de tránsito, se ha convertido en un nodo logístico y de almacenamiento de drogas, particularmente en la provincia de Limón. El puerto de Moín ha sido escenario de decomisos históricos de cocaína oculta en contenedores de exportación, lo que refleja la sofisticación de las redes criminales que operan en la región.

La debilidad institucional se evidencia también en los casos de alto perfil. El exmagistrado Celso Gamboa, quien también ocupó cargos como ministro de Seguridad y director de la DIS, es hoy solicitado en extradición por Estados Unidosbajo cargos de narcotráfico regional, lo que revela la porosidad del sistema judicial y ejecutivo. A ello se suman expresidentes condenados por corrupción, exdiputados procesados y la caída de jueces que colaboraban con estructuras del narcotráfico. Estos episodios confirman que la penetración del crimen organizado no es marginal, sino sistémica.

El desmantelamiento progresivo del sistema de seguridad nacional en los últimos años, aunado a la reducción presupuestaria en seguridad y justicia, ha debilitado la capacidad del Estado para responder. Esto ha permitido el fortalecimiento de organizaciones criminales, que encuentran un terreno fértil para expandirse mediante la captura de gobiernos locales, la infiltración en partidos políticos y la corrupción en aduanas y puertos.

Investigaciones periodísticas de La Nación (2023–2025) y Tico Times (2025) documentan cómo el aumento de la violencia, la corrupción judicial y la debilidad institucional han favorecido el avance del crimen organizado en Costa Rica, elevando la percepción ciudadana de que el país atraviesa una crisis de gobernanza sin precedentes.

Costa Rica ejemplifica un modelo de narcoestatización incipiente, caracterizado por la penetración progresiva de las instituciones y la erosión del pacto social democrático. El desafío radica en que, sin ejército, el país debe fortalecer a sus cuerpos civiles de seguridad, al sistema judicial y a los mecanismos de control político para evitar una captura más profunda del Estado.

Nota:

Este artículo se extrae del libro Crimen Organizado Transnacional, una mirada hemisférica.

Directora: Tania Molina Rojas, con la participación de los expertos en crimen organizado Douglas Farah, Pablo Zeballos y Robert Bacon.