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Por Alberto Cabezas
Periodista y Secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Unitaria de trabajadores
En el contexto actual de la globalización, los flujos de capital internacional se han convertido en un componente estructural del desarrollo económico de América Latina. La llegada de inversión extranjera, tanto pública como privada, ha permitido financiar infraestructura, ampliar la conectividad regional y apoyar la transición energética. Sin embargo, este mismo proceso también plantea interrogantes legítimos sobre la calidad institucional, la gobernanza y la transparencia en los países receptores.
Un concepto que ha surgido en los últimos años para describir ciertos tipos de inversión es el de “capitales corrosivos”.
Esta categoría no se refiere necesariamente a un país en específico, sino a una forma de financiamiento caracterizada por la falta de transparencia, la escasa rendición de cuentas y una débil sujeción a marcos regulatorios o principios de competencia de mercado.
En otras palabras, son flujos de capital que, en lugar de fortalecer las instituciones democráticas, promover buenas prácticas empresariales, tienden a operar en la opacidad y a veces en colusión con actores locales para maximizar beneficios particulares.
Este tipo de capitales, al no estar plenamente fiscalizados ni en su origen ni en su destino, pueden generar efectos nocivos sobre la gobernanza, sobre todo en contextos donde los mecanismos de control y regulación institucional todavía están en desarrollo o enfrentan fragilidades estructurales.
Las inversiones vinculadas a megaproyectos de infraestructura, compras públicas o concesiones estratégicas sin procesos claros de licitación pueden convertirse en vectores de concentración de poder, dependencia económica o, en el peor de los casos, corrupción.
El caso de Panamá resulta ilustrativo para analizar estas dinámicas.
Empresas extranjeras han estado involucradas en proyectos claves como puertos, centros de convenciones, infraestructuras energéticas y operaciones mineras.
En algunos casos, se han reportado demoras, sobrecostos o cuestionamientos sobre los procedimientos de adjudicación.
Si bien estos hechos no implican necesariamente irregularidades, sí revelan la importancia de garantizar procesos abiertos, auditables y que promuevan la libre competencia.
Por otra parte, los países receptores de capitales internacionales no están exentos de responsabilidad.
La construcción de marcos legales sólidos, la profesionalización de la gestión pública, la independencia de los entes reguladores, la participación activa de la sociedad civil y el periodismo son elementos clave para evitar que cualquier inversión —venga de donde venga— termine debilitando la institucionalidad.
En este sentido, es importante que los gobiernos latinoamericanos refuercen sus capacidades de evaluación de riesgo en inversiones estratégicas, promuevan una cultura de transparencia, trabajen en alianzas con organizaciones sociales y medios independientes.
La supervisión de contratos, la trazabilidad de fondos y el escrutinio público son condiciones mínimas para que los capitales, en lugar de corroer, contribuyan al desarrollo sostenible y al fortalecimiento de la democracia.
Finalmente, no se trata de rechazar la inversión extranjera ni de estigmatizar a ciertos actores internacionales.
Más bien, el reto consiste en asegurar que todos los capitales —independientemente de su origen— se sometan a las mismas reglas de transparencia y control democrático, contribuyendo así a una institucionalidad más sólida, eficiente e inclusiva.
La clave está en la gobernanza, no en la procedencia.
