¿Cambio real o promesa vacía? Reflexiones sobre la COP30

La COP30, celebrada del 10 al 21 de noviembre de 2025 en Belém (Brasil), ha sido presentada como una cumbre de inflexión para la acción climática global. Y, en efecto, las expectativas eran altas, más de 80 países manifestaron su apoyo a una transición ordenada para abandonar los combustibles fósiles y avanzar hacia energías sostenibles.

Sin embargo, al examinar con detenimiento los resultados, emerge una tensión evidente entre las promesas formuladas y la realidad política, económica y geoestratégica que condiciona su cumplimiento.

Uno de los avances más relevantes, y simbólicos, fue la apertura de un debate más profundo sobre una hoja de ruta para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. La influencia de la Iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles y la presión política del Sur Global lograron situar este tema en el centro de la negociación.

Celebro que el debate deje de ser meramente declarativo, resulta ético y estratégicamente indispensable diseñar un marco de transición que no desestabilice a las economías dependientes del petróleo, pero que tampoco perpetúe las ineficiencias de un modelo energético que ya resulta insostenible.

El financiamiento climático fue otro eje crítico; la reafirmación del objetivo de movilizar 300.000 millones de dólares anuales hasta 2035, como plantea la hoja de ruta Bakú-Belém, es un paso necesario, pero claramente insuficiente si no viene acompañado de mecanismos que garanticen su cumplimiento.

En ese sentido, la CEPAL ha insistido en innovaciones económicas y en una cooperación multilateral más efectiva, especialmente para América Latina. Pero, a pesar de ello, la adaptación continúa siendo el gran punto ciego de la agenda financiera: países en desarrollo demandaron claridad, previsibilidad y recursos a largo plazo.

El llamado de Simon Stiell, secretario ejecutivo de la CMNUCC, a alcanzar “resultados sólidos y claros” no debe interpretarse como una formalidad diplomática; es, más bien, una forma de recordar que la arquitectura financiera internacional sigue quedándose atrás frente a la magnitud de la crisis climática.

Tampoco puede ignorarse la creciente influencia de los lobbies fósiles; la denuncia de la coalición Kick Big Polluters Out (KBPO), que reportó la presencia de más de 1.600 lobistas en la cumbre, uno por cada 25 participantes, confirma una tendencia inquietante: la captura corporativa del proceso climático. Que las empresas responsables de una parte significativa de las emisiones globales participen con semejante peso político plantea dudas sobre la ambición real de las decisiones adoptadas. Este no es un detalle técnico; es un problema estructural que condiciona la legitimidad misma de la negociación.

En contraste, algunas iniciativas impulsadas en Belém sí ofrecen señales de avance. La propuesta brasileña “Belém 4X”, que busca cuadruplicar el uso mundial de combustibles sostenibles para 2035, es un ejemplo de ello.

Puede discutirse su viabilidad, pero representa al menos un intento de articular medidas concretas para diversificar las matrices energéticas durante la transición. Del mismo modo, la declaración conjunta de América Latina y el Caribe en favor de una transición justa, ordenada y equitativa refleja una voluntad política regional que no había logrado expresarse con esta cohesión en años recientes.

Ahora bien, como región seguimos enfrentando una “deuda climática” que no puede ocultarse bajo discursos de buena voluntad.

Diez años después del Acuerdo de París, América Latina aún no ha logrado traducir sus compromisos en transformaciones estructurales, las emisiones no disminuyen al ritmo necesario, la adaptación avanza de manera fragmentada y los recursos disponibles, internos y externos, son notoriamente insuficientes.

Peor aún, la credibilidad de algunos gobiernos se erosiona por contradicciones profundas. Brasil, por ejemplo, ejemplifica esta tensión, por una parte impulsa la transición energética en el ámbito internacional, mientras mantiene políticas de expansión petrolera en la Amazonía. Este tipo de disonancia política indudablemente limita la fuerza moral y diplomática de la región.

Por todo ello, aunque la COP30 deja avances importantes, no podemos sobredimensionar su alcance.

Colocar la eliminación de combustibles fósiles en el centro de la agenda global es un logro; reactivar el debate financiero, también. Pero la persistencia de tensiones estructurales, encabezado por la insuficiencia de recursos, influencia corporativa y desigualdades históricas, nos obliga a mirar más allá de los titulares optimistas.

Insisto: si América Latina aspira a que esta cumbre sea más que otra declaración sobre el futuro, debe transformar los compromisos en políticas efectivas, fortalecer la transparencia y garantizar que la transición sea justa para los sectores más vulnerables.

Sin estas condiciones, la COP30 corre el riesgo de sumarse a la larga lista de encuentros internacionales que hablan del mañana sin construirlo.

José Ángel Vega Licea

Investigador – Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP)

Contacto: jose.vega.licea_e@icap.ac.cr