Actuamos y seguiremos actuando por la salud de las personas

Mary Munive Angermüller

Vicepresidenta de la República

Ministra de Salud 

 El efecto de ciertas sustancias tóxicas ha sido reconocido por el ser humano desde tiempos remotos: ya sean los antiguos en Grecia y Roma, ya sean las culturas precolombinas, ya sean los científicos y exploradores de la edad moderna. No importa el momento histórico, la gestión de este tipo de sustancias ha sido un asunto deindiscutible interés público. En un principio, antes de la ciencia moderna, su regulación era más bien de orden ritual y, a menudo, religioso. Pero desde la aparición de la toxicología en el siglo XIX, contamos con criterios certeros y veraces que nos permiten determinar cuándo una sustancia es nociva para la salud. 

La consolidación de la institucionalidad democrática implicó el establecimiento de entidades técnicas que velaban por el bienestar de los habitantes a partir de criterios científicos. Constitucionalmente, estas entidades, en nuestro caso, el Ministerio de Salud, están llamadas a emitir las disposiciones y regulaciones necesarias para proteger la salud de las personas. 

Es decir, ante la evidencia de que determinado factor puede poner en riesgo la salud de las personas, nuestro ministerio está obligado a impulsar las acciones necesarias para salvaguardar la vida de los habitantes. Se trata, por supuesto, de un proceso permanente de vigilancia e investigación. Lo que hoy puede parecernos inofensivo, quizás, mañana podría constituir una amenaza. 

Pensemos en un caso muy sencillo. 

A lo mejor alguien recordará cuando la publicidad tabaquera de los años 20 y 30 del siglo pasado apelaba a las supuestas propiedades saludables del fumado. Los médicos, según aquellos anuncios, recomendaban fumar en vez de comer confites e, incluso, había anuncios dirigidos a la población infantil. 

Hoy, afortunadamente, eso nos resulta impensable y todos sabemos que el fumado está asociado con numerosos tipos de cáncer y patologías cardiovasculares. 

Curiosamente, hasta no hace mucho, en pleno 2024, en nuestro país se vendían productos con nicotina sintética sin la menor regulación. Estos productos, incluso, se comercializaban en los mismos espacios donde se comercializaban productos dirigidos a niños. Y lo peor: se ignoraba el hecho, de suyo comprobado, de que contienen muchísimas sustancias tóxicas. 

Me refiero, pues, a los dispositivos electrónicos o sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) y sistemas similares sin nicotina (SSSN), así como dispositivos electrónicos que utilizan tabaco calentado y tecnologías similares, conocidos popularmente como vapeadores. 

Recientemente el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) determinó que en los líquidos que contienen los vapeadores existen por lo menos 42 compuestos catalogados como tóxicos, peligrosos e irritantes. Y la Caja de Seguro Social manifestó que más de 1200 personas (muchos de ellos, menores de edad) se han visto en la necesidad de recibir atención médica por problemas relacionados con el vapeo. 

Como ministra de Salud, como ciudadana costarricense, como madre, estaba llamada a tomar una decisión para enfrentar esta amenaza a la salud pública. Nos habían metido un gol, sí. Pero la ciencia, la investigación rigurosa, los datos duros fueron nuestro VAR. Y logramos revertir ese gol. 

Emitimos una directriz para prohibir la venta de los productos que contengan nicotina sintética, así como aquellos líquidos que contengan cannabinoides. Asimismo, desde hace unas semanas, establecimos mesas de trabajo para la conformación de un instrumento legal que posibilite la regulación eficaz de tales dispositivos y sustancias. 

Es cierto que uno mira los anuncios de cigarrillos de los años 20 y 30 y se pregunta cómo fue posible que profesionales de la salud se prestaran a participar en una publicidad de ese tipo. Alguien podría decir que, tal vez, no contaban con la información suficiente. Nosotros, dichosamente, sí tenemos acceso a información científica confiable. Y me complace pensar que en un futuro nadie dirá que las autoridades de Salud de Costa Rica no hicieron nada por evitar la incidencia de enfermedades relacionadas con una peligrosa práctica como lo es el vapeo.