Contraloría pide inhabilitar por seis años a Miguel Carabaguíaz

Trenes nacionales se podrían quedar sin reinventor

Proceso inició en 2004 por actos en el Instituto de Desarrollo Agrario

La persona que puso a funcionar casi de la nada nuevamente los trenes en 2005 para el transporte de personas, puede que quede sin posibilidad de ejercer cargos públicos por seis años.

Miguel Carabaguíaz, presidente del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, junto a tres personas más entre las que se encuentra el actual diputado por la Unidad Social Cristiana, Wálter Céspedes, perdieron una apelación ante la Contraloría General de la República sobre un proceso relacionado con acciones que realizaron cuando eran parte de la junta directiva del Instituto de Desarrollo Agrario en 2004.
En ese entonces, Carabaguíaz era directivo de la junta directiva del IDA, mientras Céspedes era el presidente, de acuerdo con antecedentes que dicta la Contraloría en la resolución del rechazo de la apelación, este proceso ha sido largo, incluso dictaminado en sedes judiciales administrativas y penales.
El juzgado administrativo declaró nulos varios traspasos de fincas que realizó el IDA hace un par de años, e incluso ordenó que se iniciaren los procesos para determinar responsabilidades, tanto administrativas como penales.
De esos procesos en lo penal, se dictó hace un año un sobreseimiento por la inexistencia de dolo en las acciones de los directivos en el traspaso de varias fincas, pero la Contraloría continuó el procedimiento administrativo el cual terminó en noviembre pasado indicando la prohibición de ingreso y reingreso a cargos de la hacienda pública a los directivos del IDA, de los años 2004, 2005, que con su voto favorable permitieron que las titulaciones se dieran.
Por esto Carabaguíaz y los otros tres imputados, presentaron la apelación que fue rechazada ayer por el órgano contralor, y por eso en este momento tendrían que pasar seis años para que puedan ejercer cargos públicos.
Ahora la única forma que tienen Miguel Carabaguíaz, Wálter Céspedes, Danilo Elizondo y Rodolfo Coto de no quedar inhabilitados de cargos públicos por seis años es llevar el caso a los tribunales para que sea un tribunal contencioso administrativo quien dé la razón a la Contraloría o permita que estos señores puedan ejercer cargos para el gobierno o sus instituciones.
Se intentó contactar a Carabaguíaz a su número celular en varias ocasiones, pero el funcionario no contestó las llamadas de este medio.
Carabaguíaz incluso es el candidato para muchos políticos de darle continuidad en Incofer.

Fabio Parreaguirre
fparreaguirre@larepublica.net
@fabiopLR