Transparencia presupuestaria se destaca
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Jueves 22 noviembre, 2007
Ranking incluye a nueve naciones de Latinoamérica y se realiza cada dos años
Transparencia presupuestaria se destaca
• Investigación mide 14 variables, en seis de las cuales Costa Rica aparece calificado positivamente
Israel Aragón
iaragon@larepublica.net
Costa Rica destaca en la primera posición del Indice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 2007, que mide cuán fácil es para los ciudadanos acceder por su cuenta a la información relacionada con los fondos y presupuestos públicos.
La investigación evalúa la accesibilidad a los presupuestos públicos en las etapas de formulación, aprobación, ejecución y evaluación.
“La transparencia se refiere a las decisiones y acciones que ayudan a hacer accesible y clara la información relacionada con dineros públicos y los presupuestos”, dijo Ronald Alfaro, quien participó en la elaboración del informe en Costa Rica.
Para ello considera 14 variables, entre las que se encuentran el control sobre los funcionarios públicos, la información sobre deuda pública, la información macroeconómica, las atribuciones y participación del Poder Legislativo, y la calidad de la información y las estadísticas.
El país sobresalió en aspectos como fiscalización del presupuesto, las capacidades del órgano de control externo (la Contraloría) y la información sobre criterios macroeconómicos.
Las variables en las que obtuvo las peores calificaciones fueron las de transparencia en la asignación del presupuesto, rendición de cuentas y, especialmente, participación ciudadana, las mismas que fueron mal evaluadas en informes anteriores.
El índice se elabora con información recopilada en cada uno de los países a partir de encuestas a expertos, evaluación de la legislación vigente, las leyes de presupuesto ordinario y extraordinario aprobadas en los últimos cinco años, y datos de la Contraloría General de la República.
El Posgrado en Economía de la Universidad de Costa Rica, la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano y el programa Estado de la Nación, en colaboración con 70 especialistas, fueron los encargados de recopilar la información en el país.
El puntaje general de Costa Rica es de 67 en una escala de uno a 100, siete puntos por encima de la calificación obtenida en el informe anterior, de 2005. El incremento, igual al experimentado por Guatemala, es el mayor registrado en el último periodo.
En seis de las 14 variables estudiadas el país obtuvo una calificación superior a 50, considerada positiva; sin embargo, se mantiene una importante brecha entre el puntaje obtenido en estas variables y las tres peor calificadas.
En el estudio participan solo nueve países de la región, entre los que no se encuentran El Salvador, Honduras, Brasil, Argentina ni Chile.
Rocío Aguilar, contralora general, consideró que a pesar de ser bien calificados en la labor fiscalizadora, no se obtuvo una buena evaluación en el aspecto de rendición de cuentas, lo que reflejaría una necesidad de mejorar la eficacia de esa fiscalización.
También resaltó la necesidad de aumentar la participación ciudadana en las diferentes etapas de un presupuesto, sobre todo “la fase de evaluación es la que requiere más de la participación ciudadana”, afirmó.
Transparencia presupuestaria se destaca
• Investigación mide 14 variables, en seis de las cuales Costa Rica aparece calificado positivamente
Israel Aragón
iaragon@larepublica.net
Costa Rica destaca en la primera posición del Indice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 2007, que mide cuán fácil es para los ciudadanos acceder por su cuenta a la información relacionada con los fondos y presupuestos públicos.
La investigación evalúa la accesibilidad a los presupuestos públicos en las etapas de formulación, aprobación, ejecución y evaluación.
“La transparencia se refiere a las decisiones y acciones que ayudan a hacer accesible y clara la información relacionada con dineros públicos y los presupuestos”, dijo Ronald Alfaro, quien participó en la elaboración del informe en Costa Rica.
Para ello considera 14 variables, entre las que se encuentran el control sobre los funcionarios públicos, la información sobre deuda pública, la información macroeconómica, las atribuciones y participación del Poder Legislativo, y la calidad de la información y las estadísticas.
El país sobresalió en aspectos como fiscalización del presupuesto, las capacidades del órgano de control externo (la Contraloría) y la información sobre criterios macroeconómicos.
Las variables en las que obtuvo las peores calificaciones fueron las de transparencia en la asignación del presupuesto, rendición de cuentas y, especialmente, participación ciudadana, las mismas que fueron mal evaluadas en informes anteriores.
El índice se elabora con información recopilada en cada uno de los países a partir de encuestas a expertos, evaluación de la legislación vigente, las leyes de presupuesto ordinario y extraordinario aprobadas en los últimos cinco años, y datos de la Contraloría General de la República.
El Posgrado en Economía de la Universidad de Costa Rica, la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano y el programa Estado de la Nación, en colaboración con 70 especialistas, fueron los encargados de recopilar la información en el país.
El puntaje general de Costa Rica es de 67 en una escala de uno a 100, siete puntos por encima de la calificación obtenida en el informe anterior, de 2005. El incremento, igual al experimentado por Guatemala, es el mayor registrado en el último periodo.
En seis de las 14 variables estudiadas el país obtuvo una calificación superior a 50, considerada positiva; sin embargo, se mantiene una importante brecha entre el puntaje obtenido en estas variables y las tres peor calificadas.
En el estudio participan solo nueve países de la región, entre los que no se encuentran El Salvador, Honduras, Brasil, Argentina ni Chile.
Rocío Aguilar, contralora general, consideró que a pesar de ser bien calificados en la labor fiscalizadora, no se obtuvo una buena evaluación en el aspecto de rendición de cuentas, lo que reflejaría una necesidad de mejorar la eficacia de esa fiscalización.
También resaltó la necesidad de aumentar la participación ciudadana en las diferentes etapas de un presupuesto, sobre todo “la fase de evaluación es la que requiere más de la participación ciudadana”, afirmó.