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El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) avanza en un conjunto de iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de miles de familias y reforzar la gestión territorial del país.
Bajo el nuevo liderazgo de Gabriela Madrigal Garro, máster en Gestión de Hábitat Sostenible y en Derecho de Ordenación del Territorio y Urbanismo, la institución prioriza cuatro proyectos de alto impacto social y comunitario.
El primero de ellos es el Proyecto PROERI, desarrollado en la comunidad de Barras de Limón. Se trata de una iniciativa interinstitucional con el Ministerio de Vivienda, el Banhvi y JAPDEVA, que entrega viviendas a familias en condición vulnerable.
“Este proyecto pretende brindar viviendas acordes al contexto caribeño, con tipologías bioclimáticas y accesibilidad según la Ley 7600”, explicó Madrigal.
Hace pocas semanas, se otorgó el derecho a 56 familias para que puedan optar por el bono de vivienda, proceso que está en trámite, esto con diseños adaptados al clima local y a las necesidades de adultos mayores o personas con discapacidad.
Uno de los casos más conmovedores fue el de una mujer de 78 años que perdió su vivienda en un incendio.
“Saber que en diciembre esta señora tendrá un hogar digno es lo que nos motiva a seguir”, señaló la jerarca, al destacar la importancia del trabajo articulado para mejorar la calidad de vida en comunidades vulnerables.
El segundo proyecto corresponde a un proceso de titulación de terrenos, que beneficiará a unas 7.700 familias en distintas provincias.
Estas familias recibieron casas entre los años 70 y 90 mediante programas de vivienda, pero nunca lograron formalizar sus títulos de propiedad. La falta de seguridad jurídica afectó por décadas sus derechos.
“No se trata solo de darles papeles. Queremos un proceso integral que, además de seguridad jurídica, permita acceder a bonos de mejoramiento o vivienda completa cuando las condiciones lo requieran”, afirmó Madrigal.
El proceso ya inició con diagnósticos y levantamientos en varias zonas del país, realizado de manera articulada entre Banhvi, INVU y MIVAH, lo que permite una coordinación efectiva y la participación de otras instituciones en los procesos de titulación.
Un tercer eje de trabajo se centra en la planificación territorial. En convenio con el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el INVU recibió ₡704 millones destinados a capacitar a 23 municipios de la zona norte en la elaboración de planes reguladores.
Muchas municipalidades rurales carecen de personal y recursos para desarrollar estos instrumentos, lo que ha dejado sin planes actualizados a 43 cantones.
“Nuestro objetivo es acercar a los gobiernos locales a un modelo de ordenamiento territorial acorde a la realidad del país. No se trata de imponer, sino de acompañar con recursos y asistencia técnica”, explicó Madrigal.
En este ámbito, la institución actualizó el manual de reglamentos de planes reguladores y participa en la revisión de normativas relacionadas con urbanizaciones, construcciones y, eventualmente, la Ley de Planificación Urbana. El fin es simplificar procesos y dotar de mayores herramientas a los municipios.
El cuarto proyecto se dirige a la promoción de vivienda urbana de interés social en coordinación con gobiernos locales. La ley obliga a las municipalidades a destinar recursos para este fin, pero la planificación ha sido limitada. El INVU pretende impulsar modelos de pequeña escala, como edificios de tres niveles para ocho o diez familias, ubicados en sitios con acceso a servicios, transporte y centros de trabajo.
“Queremos que los municipios incluyan la vivienda de interés social en su planificación anual. No hablamos de grandes torres, sino de proyectos pequeños y bien ubicados”, comentó Madrigal.
La meta es presentar los primeros planes en el segundo semestre de 2026, coincidiendo con la programación de presupuestos municipales.
Los cuatro proyectos muestran la importancia de trabajar de manera conjunta entre instituciones, gobiernos locales y comunidades.
“No podemos pensar que el ordenamiento territorial lo lidera una sola institución. Debe ser un proceso articulado con comunidades, gobiernos locales y también con alianzas público-privadas”, subrayó la presidenta ejecutiva.
