Suspensión de Araya en manos de regidores
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Jueves 15 diciembre, 2011
Separar 15 días al alcalde josefino pide Contraloría a Concejo
Suspensión de Araya en manos de regidores
Gobernador capitalino acudiría a Tribunal Contencioso para evitar sanción
Los miembros del Concejo de San José deberán definir si suspenden de su cargo por un periodo de 15 días sin goce de salario al alcalde capitalino Johnny Araya.
Ello luego de que la Contraloría General de la República les sugiriera a ellos darle curso a un informe que recomienda la separación del funcionario.
La sanción sería porque supuestamente Araya habría superado el límite autorizado para actualizar un proyecto de catastro municipal.
La sugerencia realizada por el órgano contralor deberá ser analizada y votada por los regidores capitalinos en las próximas sesiones.
Aunque la recomendación de separar al alcalde la tomó la Contraloría desde principios de año, hasta ahora le ha sido imposible aplicarla.
Lo anterior porque en un principio recurrió al Tribunal Supremo de Elecciones para que procediera con la sanción, pero los magistrados resolvieron que no tenían competencia para hacerlo aduciendo que el código electoral solo les define como sanción la cancelación de las credenciales.
Tras un proceso administrativo resuelto en enero, la Contraloría encontró que Araya habría sido el supuesto responsable de autorizar la ejecución de varios pagos parciales para financiar el proyecto de renovación de catastro municipal que inició en 2002 y por el que se pagaron unos de ¢800 millones en total.
Al parecer el alcalde no siguió los procedimientos adecuados en algunos pagos respectivos a la ampliación del proyecto, ya que en un inicio pactó el análisis de 72 mil predios en San José, y este número se aumentó a cerca de 106 mil.
Asimismo, se le cuestiona a Araya el no haber dado el seguimiento adecuado a los informes de la auditoría interna.
En el proceso administrativo que realizó la Contraloría en enero, liberó de culpas a otras personas investigadas como Walter Cortés, Alvaro Burgos, Juan Chaves, Rodolfo Sancho, Mario Vargas y Maureen Clarke.
El proyecto de catastro municipal tenía como objetivo actualizar los tributos que los vecinos de San José deben pagar.
Esa tarea se cumplió pues ha mejorado la recaudación sustancialmente, afirmó el alcalde municipal, quien resaltó que la propia Contraloría ha reconocido este punto.
Tras conocer la nueva sugerencia de suspensión que hace la Contraloría, esta vez al Concejo Municipal, Araya dijo que “es inexplicable” que se le quiera achacar la responsabilidad del supuesto error, ya que las decisiones en torno a la actualización del catastro municipal, fueron tomadas por el propio Concejo.
En ese sentido, en caso de que los regidores avalen la recomendación de la Contraloría, el gobernador capitalino adelantó que acudirá ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
“El Concejo Municipal no puede avalar la recomendación porque ellos no son mi superior jerárquico, sino que estamos a un mismo nivel, asimismo, no hay ninguna ley que contemple una sanción de este tipo contra un alcalde, a lo sumo, la realización un plebiscito contemplado en el Código Municipal o la cancelación total de la credencial, por parte del TSE”, explica Araya.
Sobre este tema, se trató de conocer la versión del órgano contralor, pero al cierre de edición, no devolvió los mensajes dejados a través de la oficina de prensa.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Suspensión de Araya en manos de regidores
Gobernador capitalino acudiría a Tribunal Contencioso para evitar sanción
Los miembros del Concejo de San José deberán definir si suspenden de su cargo por un periodo de 15 días sin goce de salario al alcalde capitalino Johnny Araya.
Ello luego de que la Contraloría General de la República les sugiriera a ellos darle curso a un informe que recomienda la separación del funcionario.
La sanción sería porque supuestamente Araya habría superado el límite autorizado para actualizar un proyecto de catastro municipal.
La sugerencia realizada por el órgano contralor deberá ser analizada y votada por los regidores capitalinos en las próximas sesiones.
Aunque la recomendación de separar al alcalde la tomó la Contraloría desde principios de año, hasta ahora le ha sido imposible aplicarla.
Lo anterior porque en un principio recurrió al Tribunal Supremo de Elecciones para que procediera con la sanción, pero los magistrados resolvieron que no tenían competencia para hacerlo aduciendo que el código electoral solo les define como sanción la cancelación de las credenciales.
Tras un proceso administrativo resuelto en enero, la Contraloría encontró que Araya habría sido el supuesto responsable de autorizar la ejecución de varios pagos parciales para financiar el proyecto de renovación de catastro municipal que inició en 2002 y por el que se pagaron unos de ¢800 millones en total.
Al parecer el alcalde no siguió los procedimientos adecuados en algunos pagos respectivos a la ampliación del proyecto, ya que en un inicio pactó el análisis de 72 mil predios en San José, y este número se aumentó a cerca de 106 mil.
Asimismo, se le cuestiona a Araya el no haber dado el seguimiento adecuado a los informes de la auditoría interna.
En el proceso administrativo que realizó la Contraloría en enero, liberó de culpas a otras personas investigadas como Walter Cortés, Alvaro Burgos, Juan Chaves, Rodolfo Sancho, Mario Vargas y Maureen Clarke.
El proyecto de catastro municipal tenía como objetivo actualizar los tributos que los vecinos de San José deben pagar.
Esa tarea se cumplió pues ha mejorado la recaudación sustancialmente, afirmó el alcalde municipal, quien resaltó que la propia Contraloría ha reconocido este punto.
Tras conocer la nueva sugerencia de suspensión que hace la Contraloría, esta vez al Concejo Municipal, Araya dijo que “es inexplicable” que se le quiera achacar la responsabilidad del supuesto error, ya que las decisiones en torno a la actualización del catastro municipal, fueron tomadas por el propio Concejo.
En ese sentido, en caso de que los regidores avalen la recomendación de la Contraloría, el gobernador capitalino adelantó que acudirá ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
“El Concejo Municipal no puede avalar la recomendación porque ellos no son mi superior jerárquico, sino que estamos a un mismo nivel, asimismo, no hay ninguna ley que contemple una sanción de este tipo contra un alcalde, a lo sumo, la realización un plebiscito contemplado en el Código Municipal o la cancelación total de la credencial, por parte del TSE”, explica Araya.
Sobre este tema, se trató de conocer la versión del órgano contralor, pero al cierre de edición, no devolvió los mensajes dejados a través de la oficina de prensa.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net