Sector productivo pide acelerar modernización de Puerto Caldera con $600 millones tras visto bueno de la Contraloría
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico ya puede proceder con la firma del contrato
La decisión de la Contraloría General de la República de rechazar las apelaciones contra la adjudicación para la modernización de Puerto Caldera fue recibida con optimismo por las principales cámaras empresariales del país, quienes hacen un llamado para que el proyecto avance lo más rápido posible.
Con la resolución, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) podrá continuar con el proceso de licitación pública y proceder con la firma del contrato con el Consorcio Sunset, adjudicatario del proyecto.
El proyecto de nueva concesión contempla una inversión cercana a los $600 millones.
Para Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), la resolución representa un punto de inflexión para una de las principales obras de infraestructura del país.
“Esta decisión abre el camino para que, por fin, avance una de las obras de infraestructura más urgentes y estratégicas para el desarrollo de Costa Rica. Ahora corresponde aprovechar ese trabajo y avanzar sin más dilaciones hacia la modernización que el puerto y el país necesitan con urgencia. Este precedente que deja este proceso fortalece la confianza de los actores productivos y de la ciudadanía en la contratación pública”, afirmó el empresario.
Y es que la falta de modernización del principal puerto del Pacífico genera sobrecostos diarios para las empresas, lo que termina impactando el precio que pagan los consumidores.
De acuerdo con la Encuesta de Perspectivas Empresariales 2025 de la Cámara de Industrias, el factor “logística en puertos” pasó de afectar al 42,7% de las empresas en 2024 al 49,5% en 2025, escalando del noveno al sexto lugar entre los principales factores que afectan la competitividad.
Además, casi la mitad de las empresas manufactureras que utilizan Puerto Caldera ya recurren a rutas alternativas para evitar la congestión, lo que incrementa sus costos operativos.
En la misma línea, Rodney Salazar, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (CRECEX), señaló que el país no puede continuar aplazando una obra clave para la logística nacional.
“Costa Rica no puede seguir postergando decisiones fundamentales en materia de infraestructura logística. Puerto Caldera es la principal puerta de entrada y salida del comercio por el Pacífico, por lo que su modernización es indispensable para ampliar su capacidad operativa, mejorar la eficiencia, reducir los cuellos de botella y responder a las necesidades actuales y futuras del comercio internacional”, manifestó.
Por su parte, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) calificó la resolución como un paso trascendental para el país.
La organización indicó que Puerto Caldera constituye una infraestructura estratégica para el sector productivo y que su modernización ha sido una prioridad desde hace varios años, debido a que de ella dependen la eficiencia logística en el Pacífico, la competitividad de las empresas, la atracción de inversión, el fortalecimiento del comercio exterior y la generación de empleo.
Asimismo, destacó que la resolución de la Contraloría brinda la certeza jurídica necesaria para avanzar en un proyecto que no admite más retrasos.
“Esta decisión brinda la certeza jurídica necesaria para avanzar en un proyecto que no admite más retrasos. Costa Ricanecesita puertos modernos que respondan a las exigencias del comercio internacional, reduzcan costos logísticos y fortalezcan las cadenas de abastecimiento”, indicó la organización.
La resolución de la Contraloría pone fin a las apelaciones presentadas por la empresa International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI), que alegó una supuesta descalificación improcedente de su oferta y cuestionó la idoneidad técnica de la propuesta del Consorcio Sunset.
Sin embargo, el órgano contralor concluyó que la Administración actuó correctamente al excluir la oferta de ICTSI, ya que el nivel de endeudamiento financiero de la empresa superaba el límite permitido por las reglas del concurso.
Al quedar imposibilitada para resultar adjudicataria, la Contraloría determinó que no existía mérito para analizar el resto de los argumentos planteados en el recurso.