Riesgos de una Matriz Eléctrica Insuficiente: Tarifas Altas y Dependencia de la Combustión Fósil

Por Redaccion La Republica Oct 31, 2024

Carlos Montenegro

Director ejecutivo

Cámara de Industrias de Costa Rica

Nuestra alta dependencia de la hidroelectricidad nos dejó este año a una milimétrica distancia del racionamiento eléctrico. Esta misma dependencia, ha hecho que el gasto en generación térmica a partir de combustibles fósiles, así como la importación de electricidad ya estén ejerciendo presión hacia el aumento de las tarifas de electricidad. Aunque dicho aumento no se refleje de manera inmediata, todos los consumidores lo pagaremos en un futuro cercano.

Casi el 68% de la capacidad instalada en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es hidroeléctrica, y ya quedó comprobado que esto nos vuelve vulnerables a las variaciones climáticas actuales. A agosto de 2024, el SEN acumulaba una deuda de ₵111.180 millones en concepto de generación térmica e importación de electricidad, mientras que el ICE y la ARESEP han estimado que esta cifra por concepto de Costo Variable de Generación (CVG) ascenderá a ₵147.000para el 2025. Si sumamos, se trata de ₵258.180 que estarían presionando al alza un aumento de tarifas, sin considerar que aún falta cuantificar los resultados de setiembre y octubre a la deuda que se acumula en este año.

A este hecho hay que añadirle el comportamiento positivo de nuestra economía, que agudiza esta encrucijada. El crecimiento de la demanda eléctrica ha estado rondando entre un 4% y un 5%. Según el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), si este ritmo continúa, para el año 2040 la demanda eléctrica alcanzará los 18.029 Gigavatios hora (GWh), lo que representa un incremento del 47% respecto a los 12.291 GWh demandados en 2023. Este aumento de la demanda exige una inversión significativa: se estima que será necesario destinar $4.000 millones en infraestructura para garantizar la producción, transmisión y distribución de energía que satisfaga la demanda eléctrica para 2030.

Si a este contexto de crecimiento de la demanda y variabilidad climática le sumamos la necesidad de descarbonizar nuestra economía, la apertura del mercado de generación se hace imprescindible, pues requerimos que más inversiones, tanto públicas como privadas, puedan participar y generar energía de fuentes renovables en la calidad y cantidad suficiente. Pero este no es el único requisito para lograr la transición energética, pues para que se produzca, el precio del producto final, la electricidad, debe ser competitivo; es decir, su precio debe ser mejor que el de los competidores no renovables existentes en el mercado. Solo así será adoptada desde el cambio de una cocina a gas por una eléctrica en los hogares, hasta la transición de los procesos industriales que hoy queman combustibles fósiles a electricidad generada a partir de fuentes renovables.

De hecho, aún sin considerar la electrificación de los procesos industriales, solo para atender la proyección de la demanda de vehículos eléctricos, necesitaríamos duplicar la capacidad instalada del parque de generación actual antes del año 2050, según un estudio de La Transición hacia una Economía Verde Urbana (TEVU).

La Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional plantea cómo debe ser esta apertura, que fundamentalmente se sustenta en el principio de la competencia, donde los proyectos más eficientes serán los que se concreten, para generar energía limpia en cantidad, calidad y a un precio que estimule a los consumidores, tanto residenciales como industriales, a sumarse a la transición energética. Todo ello sin excluir a ningún agente generador existente y sin modificar en nada, el modelo de distribución de electricidad actual. Es decir, se trata de una apertura únicamente para el sistema de generación para que sin quitar quienes actualmente participan de este sistema, puedan incorporarse más inversiones; manteniendo el rol, las competencias y el funcionamiento actual de las empresas distribuidoras.

Como hemos manifestado en múltiples ocasiones desde la CICR , la modernización del marco normativo que rige el funcionamiento de nuestro Sistema Eléctrico es una prioridad nacional. Debemos avanzar en esta dirección para enfrentar los desafíos presentes y futuros de nuestra economía, como es la llegada de manufactura altamente tecnificada en la industria de los semiconductores. Además, es fundamental garantizar la seguridad del suministro energético, algo que solo podemos asegurar mediante la ampliación de las inversiones en generación eléctrica, tanto del sector pública como del privada.

La mayor inversión, tanto pública como privada, es clave para diversificar nuestras fuentes de energía renovables, esto nos permitirá enfrentar la variabilidad climática y disminuir el riesgo de racionamientos o gastos excesivos derivados de la importación y la generación con combustibles fósiles que ya están afectando las tarifas de todos los consumidores. El proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional no es solo una cuestión técnica, sino una estrategia integral que debemos adoptar para garantizar un futuro energético sostenible, competitivo y resiliente para Costa Rica.

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