Miguel Angel Rodríguez

Miguel Angel Rodríguez

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Lunes 5 Agosto, 2013

No volvamos atrás. Los candidatos presidenciales deberían estar promoviendo ante la Asamblea Legislativa medidas para aumentar la confianza y la seguridad financieras


Disyuntivas

¿Retroceso hacia la irracionalidad?

Pocos se acuerdan de la irracionalidad reglamentista de la actividad económica que vivíamos antes de la crisis de 1980 a 1984. Es más, pocos se acuerdan de la magnitud y dolor de esa crisis. Quienes hoy tienen menos de 50 años o no habían nacido o eran demasiado jóvenes entonces.
Las naciones enfrentan el riesgo de olvidar la historia e incurrir en los mismos errores. Por eso preocupan signos que —como la avalancha que se inicia con pequeños deslizamientos— podrían adquirir tal fuerza que solo se pueden detener después de haber causado graves daños.
¿Cuáles son? Los signos de mayor bulto amenazan con revivir la cría de elefantes blancos: el INS invirtiendo cientos de millones de dólares en Centroamérica y Recope construyendo una refinería.
Otro menos directo es la permanencia del sistema de bandas cambiarias a pesar de las intenciones desde 2006 del BCCR de migrar hacia un sistema de flotación administrada. Tal inacción solo puede ser el resultado de influencias político-electorales en el BCCR.
Los otros signos son menores pero más directos en señalar una vuelta hacia el poder regulador arbitrario de la Casa de los Sustos. Ese era el nombre que se le daba al BCCR cuando, hasta hace unos 20 años, tenía todo tipo de atribuciones para fijar tipos de cambio múltiples, imponer impuestos diferenciados a las importaciones y a las exportaciones, prohibir o fijar cuotas por sectores a las importaciones, señalar límites a cada banco en lo que podía prestar para cada actividad (topes de cartera), fijar los montos de crédito, las garantías y otras condiciones para distintas siembras (avíos).
Veamos algunos de esos otros signos. El BCCR fijó a principios de año un límite cuantitativo al crédito en dólares que podían prestar los bancos. Ciertamente ese límite se eliminó en la revisión al programa macroeconómico la semana pasada. Pero es clara señal de que el ente emisor vuelve a usar instrumentos de fijación directa, en vez de actuar mediante los agregados monetarios y las operaciones financieras.
Dio el Ejecutivo con bombos y platillos aprobación a una ley que establece para una finalidad específica, en este caso vivienda, encajes legales cero. Como señaló Conassif ante la consulta legislativa: “El encaje mínimo legal es una herramienta esencial para el manejo de la política monetaria, que tiene como fin primordial el control de la inflación… abrir excepciones, por loable que resulten en apariencia, podría generar intenciones generalizadas de eximir de esta herramienta a otros instrumentos financieros”.
Se promueve una ley para permitir al BCCR imponer impuestos de renta y establecer depósitos obligatorios no remunerados cuando su Junta Directiva considere que existe un desequilibrio en la economía nacional por la entrada de capitales.
Se pretende modificar la Ley Orgánica del BCCR para quitar la prioridad que tiene entre sus objetivos la defensa del poder de compra del colón, aumentando la discrecionalidad de esa institución.
Para cada caso hay seguramente buena intención y se puede construir un argumento que aparente justificarlo. Pero el conjunto da miedo.
No volvamos atrás. Los candidatos presidenciales deberían estar promoviendo ante la Asamblea Legislativa medidas para aumentar la confianza y la seguridad financieras. La mejor forma de demostrar la realidad de sus intenciones es que al Presidente Ejecutivo del BCCR se le nombre por ocho años y no sea de libre remoción por el Consejo de Gobierno.

Miguel Ángel Rodríguez