Alianza de Solís con Frente Amplio depende de verdiblancos

PLN guarda silencio por reforma procesal laboral

Liberación se inclinaría por dividir propuesta en agilización de juicios y en huelgas en servicios públicos esenciales

A una semana de que se archive la reforma procesal laboral en el Congreso, la bancada de Liberación Nacional no ha decidido si dará sus votos para ampliar el plazo de discusión de ese plan por cuatro años más.
Se necesitan 38 votos para no desechar un proyecto que ya cumplió su trámite en Cuesta de Moras, de acuerdo con el reglamento legislativo.

Esto coloca a los verdiblancos en una posición privilegiada para determinar la suerte de esa iniciativa, pues sin sus 18 votos, Zapote no lograría oxigenar el plan por más tiempo.
Durante meses, el PLN se ha opuesto al proyecto, porque este avalaría las huelgas en los servicios públicos esenciales como la policía y los bomberos.
Sin embargo, tampoco quisiera forzar el archivo del plan, porque la iniciativa incluye varias reformas a la ley de trabajo que sí les interesan, como es el caso de permitir la oralidad en los juicios laborales y, de esta forma, reducir de siete a un año los pleitos en esta materia.
“No tenemos claro el panorama de lo que va a suceder en este tema. El gobierno no lo ha convocado y nosotros no hemos analizado qué haremos. Es cierto que Zapote busca los 38 votos para ampliar el plazo de discusión, pero nosotros no hemos definido nada”, expresó Karla Prendas, subjefa de fracción del PLN.
Aunque Prendas no quiso adelantar nada, reconoció que la posición histórica del partido en este tema ha sido segregar los temas para no entorpecer la oralidad en los juicios.
La postura de los liberacionistas y lo que sucederá con la reforma procesal laboral, es el dolor de cabeza más reciente de Luis Guillermo Solís.
En caso de que los verdiblancos no apoyen el aumento del plazo cuatrienal, el mandatario deberá decidir si levanta el veto de la reforma procesal laboral.
En ese sentido, si permite la huelga en los servicios públicos esenciales, se garantiza el apoyo del Frente Amplio para otros proyectos, sin embargo, molestaría al sector empresarial, que ha señalado los problemas de inseguridad jurídica que se desprenderían de esa decisión.
Por el contrario, si no levanta el veto, los nueve votos de la agrupación izquierdista se esfumarían, según ha amenazado ese partido.
“Estamos conscientes de que hay que lograr un acuerdo legislativo antes del 13 de diciembre, de lo contrario, el Presidente tendrá que tomar una decisión”, explicó Emilia Molina, jefa de fracción del PAC.
En los últimos días, tanto sindicatos como empresarios se han manifestado sobre el tema.
Mientras los gremios señalan el compromiso del Presidente con el Frente Amplio, el sector productivo resalta la mala señal que se le enviaría a los inversores nacionales y extranjeros.

Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
@earrietaLR