Ottón: “Donación china debe pasar por todos los controles”

La inesperada donación de China por $24 millones, debe pasar por todos los controles existentes en San José.

De lo contrario, se podría correr el peligro de que esa cooperación no reembolsable esté condicionada a una nueva inversión china “poco dudosa”.

Así lo expresa Ottón Solís, diputado oficialista del PAC e integrante de la comisión de Ingreso y Gasto del Congreso, tras conocer la nueva donación hecha por el país asiático a Costa Rica.

“En el pasado sucedió que una ayuda de ese país vino amarrada a una refinería que resultó completamente inviable por diversas razones.

Tengo la fe de que en esta ocasión, gracias al presidente Luis Guillermo Solís, la donación no viene con ningún tipo de condicionamiento”, expresó Ottón.

El legislador espera que esta ayuda especial no condicione a Costa Rica a aceptar el proyecto de una refinería en el Caribe, que fue desechado por la Contraloría.

Precisamente, en este momento el mandatario se encuentra en China todavía renegociando las condiciones de dos préstamos por $2 mil millones, para ampliar y mejorar la ruta 32, así como para construir esa refinería.

Hasta el momento, la Presidencia no ha brindado detalles de las negociaciones y solo ha anunciado la posibilidad de crear una zona económica especial en las provincias para atraer inversionistas chinos.

Al margen de esta situación, el diputado oficialista indicó que en el momento que se destinen los recursos, la Contraloría deberá refrendar las inversiones.

En ese sentido, el propio mandatario anunció que ese dinero se utilizará para cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo, aunque no indicó específicamente en cuáles proyectos.

El martes durante la reunión bilateral que sostuvo Solís con su homólogo Xi Jinping, este ofreció de manera inesperada una donación por dicho monto, mientras que el Presidente le propuso una nueva dinámica en la relación entre los dos países, la cual estaría basada en el comercio.

Además de Ottón, otros legisladores como Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, y Otto Guevara, del Movimiento Libertario, anunciaron un control político sobre los recursos.