Los Veintiocho logran acuerdo sobre reforma de biocombustibles

Los ministros europeos de Energía de la Unión Europea (UE) lograron un acuerdo sobre la reforma de la política comunitaria sobre biocombustibles, pese a las reticencias iniciales de países como España.
Los biocombustibles tradicionales, hechos a partir de cultivos, son mirados con recelo por algunos Estados miembros porque consideran que compiten con la producción de alimentos y que fomentan la deforestación y, por tanto, acaban con el servicio natural que prestan los bosques como sumideros de dióxido de carbono (CO2). Las normas que respaldaron los Veintiocho en su reunión de Luxemburgo, y que aún deben ser adoptadas de manera formal por el Consejo, apoyan el uso de biocombustibles alternativos, fabricados a partir de paja o desechos, aunque no tienen carácter obligatorio. España, inicialmente mostró sus reticencias a la propuesta por considerar que podría perjudicar a los países que invirtieron en biocombustibles tradicionales, pero finalmente se mostró dispuesta a apoyar la reforma. La presidencia griega de turno de la UE modificó la propuesta inicial de la Comisión Europea (CE) sobre estas normas, que no logró el apoyo de los Veintiocho, para integrar la visión de los países que defienden los biocombustibles alternativos, pero también dar flexibilidad a los que optaron por los tradicionales. La Comisión Europea planteó originariamente que los biocombustibles provenientes de cultivos como el maíz, el trigo, la remolacha o la colza, que pueden interferir en la producción de alimentos, supusieran como máximo un 5% de la energía renovable usada en el transporte en 2020. El 5% restante debería ser cubierto con biocarburantes de última generación, fabricados a partir de residuos y otras fuentes alternativas como la paja, que emiten menos gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles, u otras fuentes limpias como el hidrógeno o la electricidad. Según el acuerdo, se eleva ese umbral para biocombustibles tradicionales al 7%, pero se incluye también un objetivo voluntario del 0,5% para los de nueva generación que antes no existía.
Los países tendrán, por otro lado, que medir el impacto indirecto sobre el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero que genera la producción de biocombustibles.

Bruselas/EFE