Hasta diez años cárcel por tener armas ilegales
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Miércoles 08 septiembre, 2010
Altas penas y acceso a armamento restringido es el propósito de una reforma de ley
Hasta diez años cárcel por tener armas ilegales
En la última década el número de artefactos registrados aumentó un 65%
Con la intención de reducir los índices de violencia, los accidentes y promover una cultura de paz en la sociedad se promueve restringir la compra de cualquier tipo de armas, con la imposición de penas más severas para quienes las tengan o las porten ilegalmente.
Los castigos irían desde dos hasta diez años de cárcel para quienes infrinjan la normativa, dependiendo del tipo de delito.
Por ejemplo, la tenencia en casas y establecimientos de armas permitidas por la ley que no se encuentran registradas se penará solo con un máximo de seis meses de prestación de trabajo comunal; sin embargo, su portación se sancionará con cinco años de cárcel, dos más que la ley actual.
Mientras que por tener o llevar consigo armas prohibidas, se dispone incrementar la pena carcelaria de cinco a ocho años como máximo; asimismo, se castigará con diez años a quienes posean más de un arma prohibida.
Por otra parte, la normativa propuesta establece aumentar los requisitos para acceder a un arma y prohibir a extranjeros su uso si no cuentan con al menos cinco años de residencia en el país; además de obligar al Estado a llevar un control trimestral del registro e importación de armamento, en vez de los seis meses actuales que otorga la ley.
Otro cambio en discusión es el impedimento de portar revólveres y pistolas semiautomáticos que hoy son permitidos; se le da la potestad al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para establecer otras restricciones de posesión e importación cuando lo considere necesario y limita la inscripción de un arma por persona para seguridad propia, de su familia y sus bienes.
Los cambios a las reglas que rigen el tema de armas en el país están en discusión en la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico.
“No hay duda de que la sociedad costarricense debe encaminarse hacia la restricción del uso de armas, para promover una cultura de paz, en vez de un país más violento como estamos haciendo. Por otra parte, para el mercado negro que existe, se proponen penas más severas”, dijo Oscar Alfaro, diputado oficialista integrante de la comisión donde se analiza el tema.
En el país hay más de 193 mil pistolas, escopetas, rifles y revólveres inscritos ante el MSP, de los cuales, 77 mil fueron registrados en la última década. Aunque el MSP no tiene una proyección de la cantidad de armas que se venden en el mercado negro, se calcula que representarían entre un 20% y un 60% de las ilegales existentes.
“Creo que son demasiadas armas para un país como Costa Rica. Es necesario establecer mayores controles, sobre todo en el tema de la capacitación para evitar que se den tantos accidentes, por ejemplo, en El Salvador tres de cada cuatro personas se accidentan con un arma que es de su propiedad”, manifestó Manrique Oviedo, legislador del Partido Acción Ciudadana.
También hay diputados que dudan de la conveniencia de la reforma, como el caso de Danilo Cubero, del Movimiento Libertario, quien considera que no se debe restringir más el acceso de las armas a los ciudadanos, ya que se les desprotegería ante la incapacidad del Estado para atender el problema de inseguridad.
La discusión de una reforma a la ley de armas y explosivos no es vista con buenos ojos por el sector comercial, pues se considera que las reformas planteadas solo servirán para promover el mercado negro.
Otra inquietud está relacionada con una eventual caída en las ventas, que se registra desde diciembre, por tantos controles.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Hasta diez años cárcel por tener armas ilegales
En la última década el número de artefactos registrados aumentó un 65%
Con la intención de reducir los índices de violencia, los accidentes y promover una cultura de paz en la sociedad se promueve restringir la compra de cualquier tipo de armas, con la imposición de penas más severas para quienes las tengan o las porten ilegalmente.Los castigos irían desde dos hasta diez años de cárcel para quienes infrinjan la normativa, dependiendo del tipo de delito.
Por ejemplo, la tenencia en casas y establecimientos de armas permitidas por la ley que no se encuentran registradas se penará solo con un máximo de seis meses de prestación de trabajo comunal; sin embargo, su portación se sancionará con cinco años de cárcel, dos más que la ley actual.
Mientras que por tener o llevar consigo armas prohibidas, se dispone incrementar la pena carcelaria de cinco a ocho años como máximo; asimismo, se castigará con diez años a quienes posean más de un arma prohibida.
Por otra parte, la normativa propuesta establece aumentar los requisitos para acceder a un arma y prohibir a extranjeros su uso si no cuentan con al menos cinco años de residencia en el país; además de obligar al Estado a llevar un control trimestral del registro e importación de armamento, en vez de los seis meses actuales que otorga la ley.
Otro cambio en discusión es el impedimento de portar revólveres y pistolas semiautomáticos que hoy son permitidos; se le da la potestad al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para establecer otras restricciones de posesión e importación cuando lo considere necesario y limita la inscripción de un arma por persona para seguridad propia, de su familia y sus bienes.
Los cambios a las reglas que rigen el tema de armas en el país están en discusión en la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico.“No hay duda de que la sociedad costarricense debe encaminarse hacia la restricción del uso de armas, para promover una cultura de paz, en vez de un país más violento como estamos haciendo. Por otra parte, para el mercado negro que existe, se proponen penas más severas”, dijo Oscar Alfaro, diputado oficialista integrante de la comisión donde se analiza el tema.
En el país hay más de 193 mil pistolas, escopetas, rifles y revólveres inscritos ante el MSP, de los cuales, 77 mil fueron registrados en la última década. Aunque el MSP no tiene una proyección de la cantidad de armas que se venden en el mercado negro, se calcula que representarían entre un 20% y un 60% de las ilegales existentes.
“Creo que son demasiadas armas para un país como Costa Rica. Es necesario establecer mayores controles, sobre todo en el tema de la capacitación para evitar que se den tantos accidentes, por ejemplo, en El Salvador tres de cada cuatro personas se accidentan con un arma que es de su propiedad”, manifestó Manrique Oviedo, legislador del Partido Acción Ciudadana.
También hay diputados que dudan de la conveniencia de la reforma, como el caso de Danilo Cubero, del Movimiento Libertario, quien considera que no se debe restringir más el acceso de las armas a los ciudadanos, ya que se les desprotegería ante la incapacidad del Estado para atender el problema de inseguridad.
La discusión de una reforma a la ley de armas y explosivos no es vista con buenos ojos por el sector comercial, pues se considera que las reformas planteadas solo servirán para promover el mercado negro.
Otra inquietud está relacionada con una eventual caída en las ventas, que se registra desde diciembre, por tantos controles.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net