Gobierno espera “bajonazo” en costo de anualidades en diez años

En unos diez años el costo de las anualidades podría reducirse drásticamente, ya que casi un tercio de los empleados públicos del Gobierno central y otras instituciones estatales, se pensionaría.

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La anualidad es un incentivo que se otorga a los burócratas por el buen desempeño durante el último año laboral y en principio, solo se debe otorgar a quienes tienen una labor sobresaliente; sin embargo, con el paso del tiempo este plus salarial se volvió automático en las remuneraciones y por ello los sindicatos lo reclaman como un derecho adquirido.

Para los empleados del Gobierno central el aumento anual es del 1,9%, mientras que para otros empleados de la UCR, Universidad Nacional, municipalidades y otros, el incentivo ronda ente el 5% y el 7%, de acuerdo con el Ministerio de Planificación.

Como el incentivo es acumulativo, con el paso de los años se convierte en una gran carga para el Gobierno y los usuarios de servicios públicos, ya que hay burócratas que acumulan más de 30 años de incentivos.

Actualmente, no hay límite en la cantidad de anualidades.

Las anualidades que se pagan a los empleados del Gobierno central están fuera de control, ya que en los últimos 11 años han aumentado un 58% más que los salarios.

Para 2017, cada burócrata recibirá en promedio unos ¢2 millones anuales por este plus, de acuerdo con el presupuesto.

En comparación, el valor de la anualidad para 2006 era en promedio de ¢950 mil, una vez descontada la inflación.

“En el Gobierno central cerca de un 27% de los trabajadores tiene 50 o más años, por lo que en una década, en un plazo razonable, esperamos una rebaja considerable en el pago de este plus”, aseveró José Francisco Pacheco, viceministro de Egresos.

En estos momentos, es difícil conocer el promedio de años laborados para los trabajadores del sector público; sin embargo, no es de extrañar que un porcentaje alto de trabajadores acumule más de tres décadas, agregó Pacheco.

La bola de nieve que implican los pluses salariales ha hecho que los diputados de la oposición propongan una normativa para limitar el gasto en remuneraciones.

Uno de los componentes del proyecto en cuestión busca limitar el pago en anualidades, con el objetivo de establecer una nueva metodología de evaluación, que incluya metas de cumplimiento y restrinja el pago del incentivo.

Legisladores como Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y Ottón Solís, del PAC, proponen que se dé el plus a uno de cada dos empleados públicos, mientras que Sandra Piszk de Liberación Nacional propone un equilibrio.

“La propuesta ya se encuentra en la comisión de sociales y esperamos que pronto tengamos un texto común para empezar a trabajarlo. La idea es que el salario en la función pública no sobrepase los ¢5 millones al mes y para ello, hay que revisar pluses salariales”, dijo Piszk.

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Por otra parte, la propuesta de los legisladores ya es cuestionada ampliamente por el sector sindical, que teme una ofensiva en contra de los empleados públicos, para desviar la atención “del verdadero problema que es la evasión de impuestos”.

“Se le ha ocultado a la sociedad que una enorme cantidad de segmentos laborales del empleo público tienen salarios bajos y condiciones ocupacionales precarias”, dijo Albino Vargas, secretario de ANEP.