Fiscalía investigará a la Caja
Gabriela Masis gmasis@larepublica.net | Sábado 23 julio, 2011
Toda denuncia por retención será recibida
Fiscalía investigará a la Caja
La retención de cuotas, abuso de incapacidades y uso de mecanismos para evadir los pagos a la Caja Costarricense de Seguro Social serán investigados por el Ministerio Público.
En ese sentido, toda denuncia hecha sobre la retención indebida de la cuota obrero patronal será acogida por la Fiscalía independientemente del monto y seguirá la causa penal correspondiente.
Anteriormente se aplicaban criterios de si el monto era significativo para proceder o desechar la denuncia.
La morosidad en el caso de los particulares, por no cancelar la cuota obrero patronal llega a ¢142.211 millones de acuerdo con un informe emitido el viernes por la Defensoría de los Habitantes.
Al respecto, el Departamento de Cobro de la Caja, tiene en proceso judicial un 83% de los casos de morosidad y algunos de ellos han pasado a la vía penal.
Por otra parte, el Ministerio Público tomará acciones sobre las irregularidades y abusos dados sobre el otorgamiento de las licencias de incapacidades.
En ese aspecto se tomarán en cuenta en forma especial las incapacidades otorgadas a los propios funcionarios de la Caja, para lo que se tendrán como base las auditorías internas y los informes de la Contraloría General de la República.
Además aquellos casos donde los patronos cambian el nombre de su empresa o la razón jurídica para evadir el pago de sus obligaciones con la seguridad social también serán sujetos de indagatoria.
Este caso en particular puede ser sometido a una causa penal por simulación de fraude o estafa simple.
La retención de la cuota puede constituirse en un tipo de estafa, si el patrono después de cinco días de haber sido notificado no deposita el dinero.
“Ante una política de persecución como son las denuncias dadas en torno a la Caja, y atento al interés colectivo de la sociedad, hace que se tomen medidas ante todo si peligra el futuro de la institución”, cometó Jorge Chavarría, fiscal general.
El jueves, la fracción de Acción Ciudadana instó a la Caja, al Ministerio de Salud y a la Contraloría a iniciar investigaciones para que se sienten responsabilidades por las omisiones o acciones tomadas y en caso de ser necesario elevarlas al Ministerio Público.
Además solicitó a las autoridades de la institución aplicar los mecanismos administrativos y legales para realizar los cobros a morosos y a quienes evaden el pago.
A fin de que se abran las investigaciones respectivas, Chavarría instruyó a la Fiscalía de Fraudes para que asuma los procesos penales.
Gabriela Masís
gmasis@larepublica.net
Fiscalía investigará a la Caja
En ese sentido, toda denuncia hecha sobre la retención indebida de la cuota obrero patronal será acogida por la Fiscalía independientemente del monto y seguirá la causa penal correspondiente.
Anteriormente se aplicaban criterios de si el monto era significativo para proceder o desechar la denuncia.
La morosidad en el caso de los particulares, por no cancelar la cuota obrero patronal llega a ¢142.211 millones de acuerdo con un informe emitido el viernes por la Defensoría de los Habitantes.
Al respecto, el Departamento de Cobro de la Caja, tiene en proceso judicial un 83% de los casos de morosidad y algunos de ellos han pasado a la vía penal.
Por otra parte, el Ministerio Público tomará acciones sobre las irregularidades y abusos dados sobre el otorgamiento de las licencias de incapacidades.
En ese aspecto se tomarán en cuenta en forma especial las incapacidades otorgadas a los propios funcionarios de la Caja, para lo que se tendrán como base las auditorías internas y los informes de la Contraloría General de la República.
Además aquellos casos donde los patronos cambian el nombre de su empresa o la razón jurídica para evadir el pago de sus obligaciones con la seguridad social también serán sujetos de indagatoria.
Este caso en particular puede ser sometido a una causa penal por simulación de fraude o estafa simple.
La retención de la cuota puede constituirse en un tipo de estafa, si el patrono después de cinco días de haber sido notificado no deposita el dinero.
“Ante una política de persecución como son las denuncias dadas en torno a la Caja, y atento al interés colectivo de la sociedad, hace que se tomen medidas ante todo si peligra el futuro de la institución”, cometó Jorge Chavarría, fiscal general.
El jueves, la fracción de Acción Ciudadana instó a la Caja, al Ministerio de Salud y a la Contraloría a iniciar investigaciones para que se sienten responsabilidades por las omisiones o acciones tomadas y en caso de ser necesario elevarlas al Ministerio Público.
Además solicitó a las autoridades de la institución aplicar los mecanismos administrativos y legales para realizar los cobros a morosos y a quienes evaden el pago.
A fin de que se abran las investigaciones respectivas, Chavarría instruyó a la Fiscalía de Fraudes para que asuma los procesos penales.
Gabriela Masís
gmasis@larepublica.net