El respeto también se lidera

La Presidencia de la República no pertenece a una persona. Pertenece a la nación. Quien ocupa ese cargo representa al Estado costarricense, a sus instituciones y a la voluntad democrática expresada en las urnas. Por esa razón, el respeto hacia la investidura presidencial debe estar por encima de las simpatías o diferencias políticas.

Podemos discrepar de las decisiones de una presidenta, cuestionar sus políticas, fiscalizar sus acciones e incluso aspirar a que no sea reelegida. Todo eso forma parte de una democracia sana. Lo que no deberíamos permitir es que el debate público se degrade hasta convertir el insulto, la burla y la humillación en instrumentos de la política.

La expresión de un diputado al afirmar que la presidenta "se hace la tontita" trasciende una frase desafortunada. Constituye una falta de respeto hacia la máxima autoridad elegida por el pueblo costarricense. Cuando una dignataria es ridiculizada desde un curul, no solo se ofende a la persona que ocupa el cargo; también se debilita el respeto por la institución que representa y se envía un mensaje peligroso a la sociedad: que la descalificación personal es una forma aceptable de ejercer el control político.

La violencia política nunca debe normalizarse. Organismos internacionales como ONU Mujeres y la Unión Interparlamentaria han advertido que la violencia verbal constituye una de las principales barreras para la participación femenina en la política. Cada insulto, cada menosprecio y cada expresión degradante desincentivan a otras mujeres a asumir posiciones de liderazgo y empobrecen nuestra democracia.

Sin embargo, el respeto no puede ser una exigencia de una sola vía. También debe ser una responsabilidad de quien ejerce el poder. Durante los últimos años, Costa Rica fue testigo de un estilo de comunicación política caracterizado por la confrontación y la descalificación de periodistas, jueces, diputados y opositores. Cuando desde la propia Presidencia se normaliza un lenguaje agresivo, resulta inevitable que ese clima termine reproduciéndose en el resto de la sociedad.

Precisamente por ello, la presidenta Laura Fernández tiene la oportunidad de enfrentar a quien la ha irrespetado ejerciendo su autoridad con educación, nobleza y rectitud, sin recurrir a la descalificación, respondiendo a las críticas con argumentos y conduciendo el debate nacional con la serenidad que exige la investidura presidencial. Puede evidenciar que es posible gobernar con firmeza sin recurrir a la descalificación personal; disentir sin humillar; defender ideas sin convertir al adversario en enemigo. Ese sería un cambio mucho más trascendental que cualquier reforma administrativa, porque contribuiría a reconstruir la confianza entre los costarricenses. Cuando el liderazgo promueve el respeto, la sociedad encuentra más espacios para el diálogo. Cuando privilegia la confrontación, la polarización se profundiza.

Costa Rica ha sido reconocida durante décadas por la solidez de su democracia. Hoy ese prestigio también depende de recuperar la calidad del debate público. El país necesita más argumentos y menos agravios; más diálogo y menos confrontación; más líderes capaces de convencer con ideas y no con insultos. Porque el respeto no solo se exige. El respeto también se lidera.